La fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires, Karina Cichero, dictaminó este domingo a favor de la medida cautelar pedida por dos organizaciones civiles para mantener la presencialidad en las aulas este lunes.
Más allá de que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema para intentar garantizar las clases presenciales, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires recibió al menos 5 medidas cautelares pidiendo la nulidad del decreto nacional que estableció el cierre de escuelas desde el 19 al 30 de abril del 2021, como medida para contener la segunda ola de coronavirus.
Dos de ellos -presentados por un grupo de docentes de la ONG “Abramos las Escuelas” y la fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas (CEPP)- fueron rechazados en primer lugar por el juez Marcelo Segón. El titular del Juzgado N°17 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, consideró que no podía expedirse sobre los amparos.
De esta forma, el amparo quedó en manos de la titular del Juzgado N°1 en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Buenos Aires, Romina Tesone, que este sábado rechazó la medida. En su resolución, la jueza consideró que “el propio Poder Ejecutivo” porteño recurrió a la Corte Suprema porque entendió que la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad “no es competente” para resolver la cuestión de fondo.
Ante esa situación las partes interpusieron recursos de queja ante la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Tributario y de Relaciones del Consumo, que corrió vista al Ministerio Público Fiscal porteño para que se expida de manera urgente antes de las 11 de este domingo respecto a la medida cautelar.
Este domingo a la mañana, la fiscal Karina Cichero solicitó que se dé lugar al amparo y por tanto se mantenga este lunes la presencialidad en las escuelas.
En esta jornada, también deberá expedirse ante la Cámara la Asesoría Tutelar N° 2, que representa a los menores ante la Justicia, respecto a la medida. En las próximas horas, la Sala IV de la Cámara de Apelaciones deberá resolver.
La Defensoría Oficial y la Asesoría Tutelar, que actuaron en representación de las demandas, calificaron a la decisión del gobierno nacional como una “vulneración a la autonomía” de la Ciudad y acompañaron la solicitud de nulidad del DNU que suspendió por dos semanas las clases presenciales.
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