El ex presidente Macri y varios funcionarios de su gobierno son investigados por la injerencia en causas contra dirigentes y empresarios tildados de kirchneristas y por presiones a jueces. Cayó la primera causa contra Cristina Kirchner.
Ed Impresa 16/04/2021 Daniel Salazar
Especial para La Nueva Mañana
Con la demolición del absurdo juicio por el dólar futuro que instruyó el cuestionado ex juez Claudio Bonadio cayó esta semana la primera pieza del artificioso juego del efecto dominó que pergeñaron, al menos visiblemente, los dos grandes conglomerados periodísticos Clarín y La Nación, la Corte Suprema de Justicia y gran parte de los juzgados federales de Comodoro Py y los políticos nucleados en la Alianza Cambiemos: Mauricio Macri, Ernesto Sanz y Elisa Carrió, con la finalidad de perseguir a los integrantes del entonces Frente para la Victoria antes de las elecciones de 2015 y llevar al gobierno al empresario Macri, según las denuncias que se vienen investigando en la Justicia.
No por casualidad la denuncia que involucraba al gobierno de Cristina Kirchner fue impulsada en medio de la segunda vuelta electoral de las presidenciales de aquel año, por el diputado cordobés Mario Negri y por el ex diputado Federico Pinedo, ambos sin experiencia en la materia, pero armada por el ex ministro de Economía, en ese momento uno de los principales asesores de Macri, Alfonso Prat Gay.
La imputación del delito de “administración fraudulenta en perjuicio del Estado” fue desestimado por los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal que en un fallo unánime determinaron basados en una pericia producida por los especialistas de Corte Suprema, demorada casi cinco años, que no existió delito, que no hubo perjuicio al Estado y decretó el sobreseimiento de Cristina Kirchner, Axel Kicillof y de los otros imputados.
Conseguido el objetivo de la presidencia de Mauricio Macri se agudizó la persecución política a Cristina Kirchner con las causas de la Obra Pública en Santa Cruz, Hotesur y los Sauces, y la causa de las “fotocopias” de los cuadernos y sus derivados.
En este sentido, el kirchnerismo denunció la existencia de la mesa judicial integrada por el ex presidente Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno que organizó el espionaje ilegal, el armado de causas, las operaciones de Marcelo D ‘Alessio y el manejo de arrepentidos truchos para la persecución contra una larga lista de líderes o funcionarios opositores, a sindicalistas, dirigentes sociales y empresarios, fiscales o jueces que no respondían a sus mandatos.
La causa la lleva adelante la jueza María Servini de Cubría en la que se investiga una asociación ilícita de la mesa judicial M por el “desapoderamiento” de los dueños del Grupo Indalo Cristóbal López y Fabián de Souza y la denuncia de la AFIP por el caso Oil Combustibles, por el que ambos empresarios están atravesando un juicio oral y público.
Como medida de prueba se pidió que se analicen los ingresos y egresos a la Quinta de Olivos durante el macrismo, que fue revelado por El Destape y causó revuelo por las reuniones de Macri con los jueces de la Cámara de Casación Mariano Borinsky y el presidente de la Cámara de Casación, también asistente a la Casa Rosada, Gustavo Hornos y los fiscales Raúl Pleé y Carlos Stornelli, que coinciden con fallos clave contra Cristina Kirchner y ex funcionarios.
También la jueza tiene el informe final del entrecruzamiento de llamadas del ex presidente Macri y todos los integrantes de la mesa judicial, pero aún no pudo analizarlo por el recurso de los abogados del ex presidente que apeló a la Corte la decisión de Casación de avalar el entrecruzamiento.
En tanto, la jueza citó a declaración para el 26 de mayo a las 15.30 vía zoom a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, integrante de la Mesa Judicial M y el principal operador del gobierno de Macri en la Justicia.
La otra causa que se inició con una denuncia de diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) para que se investigara el papel que jugó la llamada “mesa judicial” que sugerían el direccionamiento de los fallos que deseaba la entonces administración nacional, y en caso de no obtener la respuesta esperada el inicio o avance de causas en contra de los funcionarios judiciales en el Consejo de la Magistratura, está radicada en el Juzgado Federal 5, a cargo de la magistrada María Eugenia Capuchetti. Nadie vislumbra que sea una causa que pueda cerrarse rápidamente sin arrastrar más revelaciones acerca del accionar de la “mesa judicial”.
El juez federal Juan Pablo Augé está al frente de la causa en la que se investigan maniobras de espionaje ilegal desplegadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Cambiemos. En este expediente están procesados los exjefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani; el extitular del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco; y más de treinta espías acusados de haber sido parte de las maniobras.
Arribas es un protagonista sustancial de la mesa judicial, desde la AFI se manejó a Marcelo D’Alessio, se combinaron con la División Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal para espiar a los funcionarios presos en Ezeiza; se puso en marcha al grupo conocido como Super Mario Bros, que espió a dirigentes políticos, gremiales y hasta periodistas y se concretó un grotesco espionaje al Instituto Patria y a la vivienda de Cristina Fernández.
Está en discusión si el expediente queda donde está o marcha a los tribunales federales de Comodoro Py, como lo ordenó la Cámara Federal de Casación Penal. Esa decisión quedó provisoriamente suspendida a raíz de un recurso presentado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que el tema pase a ser evaluado por la Corte Suprema de Justicia.
Ramos Padilla inició una investigación por una extorsión que, con el allanamiento a la casa de D’Alessio, viró a una causa más compleja cuando se encontraron armas, equipos de comunicaciones y una serie de carpetas y documentos que daban cuenta de una red de espionaje de alcance político, periodístico, empresarial y judicial.
En octubre, Ramos Padilla entendió que la investigación estaba cerrada y dispuso la elevación a juicio de los siguientes procesados: Marcelo D´Alessio, Rolando Hugo Barreiro, Carlos Stornelli, Juan Ignacio Bidone, Daniel Santoro, Pablo Gonzalo Pinamonti, Ricardo Oscar Bogoliuk, Norberto Aníbal Degastaldi, Carlos Alberto Liñani, Eduardo Ariel Menchi y Mariano Díaz Strunz. Pero la Cámara Federal de Mar del Plata revocó el procesamiento del periodista Santoro y confirmó el procesamiento parcial de Stornelli.
En agosto de 2020, la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público citó a la fiscal general Gabriela Boquin, a cargo de la causa Correo Argentino, uno de los principales frente judiciales de Macri y su familia, luego de que el procurador interino Eduardo Casal abriera un sumario administrativo contra la fiscal por supuestos maltrato y mobbing laboral a ex empleados de la fiscalía. Boquin expuso que las denuncias en su contra comenzaron tras su intervención en la causa Correo y los dictámenes que perjudicaron tanto al gobierno macrista como a la empresa de la familia Macri.
En 2011, Correo Argentino S.A. entró en concurso de acreedores y fue proponiendo distintos arreglos que fueron rechazados por insuficientes y “abusivos”, según los dictámenes de la fiscal Boquín. En la audiencia del último salvataje el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, rechazó la propuesta del Grupo Macri, mayor accionista de “Correo Argentino S.A.”, para evitar la quiebra de la empresa y solicitó a la jueza Marta Cirulli que decrete la quiebra de acuerdo a los términos del artículo 48 de la ley de quiebras.
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