La jueza federal María Eugenia Capuchetti será quien se encargue de investigar las denuncias contra el ex ministro de Salud Ginés González García por el "vacunatorio VIP" que funcionaba en esa cartera, que hasta el momento suman trece.
Las presentaciones se hicieron entre el viernes y este lunes, y fueron a parar a distintos juzgados, pero cada una de ellas se remitirá a Capuchetti, por ser la primera que recibió una denuncia de este tipo.
Los escritos son por distintos delitos, pero apuntan todos al mismo hecho, por lo que la jueza primero le correrá vista al fiscal Eduardo Taiano, para que éste determine si imputa o no a algún funcionario o ex funcionario, y que diga qué medida de prueba sugiere, amén de considerar si existió delito o no.
La designación de Capuchetti fue tras el sorteo en la Cámara Federal, por las primeras denuncias hechas por Yamil Santoro, José Luis Patiño y Rodrigo Forlenza.
Por haber salido sorteada en primer lugar, la magistrada recibirá el resto de las denuncias que se repartieron este lunes, que fueron hechas el viernes por fuera del horario judicial.
En ese grupo está la que presentó el fiscal federal Guillermo Marijuan, que actuó de oficio, y que recayó en el juzgado federal 6 que quedó vacante con la renuncia del juez Rodolfo Canicoba Corral, el cual es subrogado por Capuchetti.
Todas las acusaciones apuntan contra el ex ministro González García y el periodista Horacio Verbitsky, quien dijo públicamente que el ahora ex funcionario lo llamó para que fuera a vacunarse contra el coronavirus en el Ministerio de Salud.
Una denuncia que fue más allá en cuanto a quienes abarca fue la del diputado nacional de Juntos por el Cambio Jorge Enríquez, que incluyó en su escrito al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a González García y a la flamante ministra, Carla Vizzotti.
"Se han usado recursos públicos para favorecer a los amigos, mientras cientos de miles de adultos mayores y otros grupos de riesgo siguen sin estar vacunados", afirmó Enríquez. El legislador denunció a los tres por los delitos de "incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de bienes".
"Es una vergüenza que merece una rápida investigación judicial y la imposición de las penas correspondientes, ya que de otro modo el mensaje es que quien gobierna está por encima de la ley. El Estado de Derecho significa lo contrario", argumentó el diputado por la ciudad de Buenos Aires.
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