La iniciativa fue presentada por el oficialismo y el PJ. Inicialmente, fue iniciada por el presidente provisional del Senado del PRO, Federico Pinedo, junto a su compañero de bloque Ángel Rozas (UCR), y los legisladores del bloque PJ-FPV Miguel Ángel Pichetto y Rodolfo Urtubey.
El proyecto propone una reforma en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y en la ley del Ministerio Público de la Defensa. Sugieren nuevos criterios para la designación, la remoción y la duración del mandato del procurador y del defensor general de la Nación.
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó renunció a su puesto. La misma se hará efectiva el 31 de diciembre, momento en el cual se designará desde el Poder Ejecutivo en consenso con el Senado por mayoría absoluta un nuevo Procurador.
En este sentido, la iniciativa propone eliminar el requisito actual de reunir una mayoría de dos tercios del Senado para designar al procurador. Sugieren que con la mitad más uno de los senadores, es decir 37 votos, sea suficiente.
Además, elimina el carácter vitalicio del cargo y señala que el procurador "dura en su función cinco años y podrá ser reelegido por dos años por única vez".
Sobre el mecanismo de remoción, solicitan que el procurador pueda ser removido de su cargo cuando incurra en mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones "por decisión fundada del Poder Ejecutivo", la cual podrá ser revocada únicamente por el Senado "en el plazo máximo de 10 días hábiles". Y no por juicio político.
En cuanto a la Cámara Baja, "por iniciativa de la mayoría absoluta de los miembros presentes a solicitud de cualquiera de sus miembros" podrá desplazar al jefe de los fiscales. Pero, en ambos casos de decisión desde el Ejecutivo como por Diputados, deberá existir el acuerdo de la mayoría absoluta del Senado.
"El procurador general podrá disponer por resolución la creación (...) de procuradurías especializadas cuando la política de persecución penal pública o el interés general de la sociedad así lo requieran", con la reforma se disolverían las procuradurías especiales creadas por la ley original, como la de Violencia Institucional o la de Narcocriminalidad.
