Un año ha transcurrido desde que fueran procesados los primeros cuatro imputados por torturas en la guerra de Malvinas, y poco avance ha denotado la causa judicial federal que investiga esos hechos. Radicado en el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de Mariel Borruto, el expediente experimenta una serie de demoras que al decir del Cecim La Plata, querellante, están “a favor de la impunidad”.
Los procesados el 18 de febrero de 2020 son los ex oficiales del Ejército Argentino Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi, Gustavo Adolfo Calderini y Eduardo Luis Gassino, por la presunta comisión de los delitos de imposición de tormentos (torturas) en varios hechos ocurridos con los conscriptos pertenecientes al Regimiento de Infantería 5 en las posiciones ocupadas en Puerto Yapeyú, durante la guerra.
La causa en trámite 1.777/07 caratulada “IMPUTADO: PIERRE, PEDRO VALENTIN Y OTROS S/IMPOSICION DE TORTURA tiene a 95 ex militares denunciados por 105 casos cometidos contra más de 120 víctimas de distintas unidades militares que participaron en el conflicto. A pesar de la abundante prueba, y de la antigüedad del expediente iniciado en 2007, restan efectivizarse indagatorias. Así lo apuntó el Cecim, que señaló que “durante el año transcurrido la Jueza Borruto no pudo efectivizar las 14 indagatorias restantes de los oficiales citados en el año 2018 por el entonces Juez subrogante Federico Calvete de Ushuaia, evidenciando en sus resoluciones “el paseo del expediente”.
“Con esta ´celeridad´, la causa lleva 14 años y desde la citación a indagatoria de los 18 oficiales y suboficiales, postergada por la Jueza Borruto, solo 4 fueron indagados, lo que nos lleva a pensar, teniendo en cuenta la cantidad de años de la causa y de las personas que se encuentran denunciadas, que la Dra. Borruto estaría necesitando 311 años para llegar a un juicio, que con suerte podría llegar a celebrarse en el año 2300”, completaron.
“Este es el tiempo que nos impone la Dra. Borruto, el tiempo de la impunidad” reza el comunicado, aclarando que “el Poder Judicial de la Nación opera a favor de la impunidad, escuchando a sectores de las fuerzas armadas y sectores negacionistas que mantienen presiones en la Justicia acompañados por medios importantes de comunicación”.
“Con mucho pesar también observamos posiciones asumidas por algunos funcionarios públicos, con los cuales nos encontramos el 24 de Marzo en la Plaza de Mayo, pero el 2 de Abril repiten el libreto de la guerra que dejó el Terrorismo de Estado, siendo funcionales a la impunidad en cada decisión que no toman”, finalizaron.
Los hechos investigados son crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar, período en el que se encontraban suspendidas las garantías constitucionales.
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