La vicepresidenta Cristina Fernández realizará una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para evitar que la causa por espionaje ilegal que la tiene como damnificada y como acusado al gobierno de Mauricio Macri pase a la Justicia Federal de la ciudad de Buenos Aires.
Así lo confirmaron a NA fuentes cercanas a la presidenta del Senado, luego de que este viernes la Cámara Federal de Casación resolviera que las causas por espionaje ilegal durante la gestión anterior deben pasar a "competencia" de Comodoro Py, como pedían varios de los imputados.
Para la vicepresidenta, la decisión de Casación es "manifiestamente arbitraria" y "genera una situación de gravedad institucional inédita en tiempos democráticos".
CFK anunció que recurrirá a la Corte para rechazar la decisión de la Cámara Federal a través de un escrito que su defensa presentó en el Juzgado de Lomas de Zamora, donde tramita uno de los expedientes por espionaje. La ex mandataria solicitó en su petición que el juez Juan Pablo Augé no entregue el expediente a Comodoro Py, ya que irá al máximo tribunal para reclamar por el fallo de la Casación. .
"En consecuencia, por no encontrarse firme la decisión que ordena la remisión de las actuaciones a la justicia federal porteña, no corresponde y así lo solicito, que se cumpla con dicha medida, la cual habrá de generar perjuicios de insusceptible reparación ulterior. Por ello, las actuaciones deberán continuar su trámite ante esta sede hasta tanto el más Alto Tribunal defina la cuestión de competencia", resaltó el abogado defensor Carlos Beraldi.
Con la decisión de la Cámara Federal, la causa en la que se investiga al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas y su entonces segunda, Silvia Majdalani, así como el ex secretario presidencial Darío Nieto, dejará de investigarse en Lomas de Zamora para pasar a Comodoro Py.
Son dos los procesos que ahora tramitarán en los juzgados porteños, con intervención de la jueza María Eugenia Capichetti y el fiscal Carlos Stornelli: una es por el espionaje ilegal sobre Cristina en su departamento de Recoleta y en el Instituto Patria; mientras que la otra es por actividades de inteligencia tanto a referentes kirchneristas como de Cambiemos, así como a dirigentes sociales y sindicales.
