Redacción La NUEVA Mañana
El colectivo de organizaciones Migrar No es Delito-Córdoba convocó a una asamblea en el Día Internacional del Migrante el próximo viernes 18 de diciembre, a partir de las 10 en la plaza San Martín.
“Nos encontramos para denunciar la vigencia del DNU 70/2017 y exigir al Gobierno nacional la no aplicación y su derogación definitiva”, afirmaron en su convocatoria, de acuerdo a lo publicado por Prensa Obrera.
También reiteraron que dicho "decreto inconstitucional del macrismo ha violado los derechos humanos de las personas migrantes y ha reforzado el odio hacia nuestra comunidad”. Sin embargo, añadieron, "Alberto Fernández le dio continuidad a esta medida reaccionaria durante el primer año de su mandato".
Además, la comunidad migrante hace meses que viene denunciando que “miles de migrantes continúan en situación irregular, atrapados por la burocracia estatal y la poca adaptación de la DNM (Dirección Nacional de Migraciones) al contexto de pandemia”.
Cabe destacar que la derogación del DNU 70/2017 implica que los migrantes puedan obtener la regularización inmediata de su documentación y el cese definitivo del sistema de radicación Ra.D.Ex, que provocó la irregularidad masiva de migrantes.
En 2017 el presidente Mauricio Macri modificó a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) la Ley 25.871 de Migraciones y generó una política migratoria diferenciada y selectiva que clasifica a los migrantes en dos grupos: los “buenos”, que pueden regularizarse, y los “malos”, a quienes les corresponde la expulsión.
"Este enfoque coloca a todas las personas que provienen de otros países bajo una sospecha permanente y tiene consecuencias en los trámites de regularización de las personas migrantes, en particular de quienes tienen menos recursos, porque el abanico de conflictos que pueden terminar en la deportación en el nuevo contexto normativo es muy amplio", indica el Cels al respecto.
El DNU habilitó un procedimiento de detención y deportación exprés de los extranjeros sometidos a cualquier tipo de proceso judicial de carácter penal y también de quienes hayan cometido faltas administrativas en el trámite migratorio, como, por ejemplo, no haber acreditado el ingreso al país por un lugar habilitado. Ahora una persona migrante que subsista de la venta callejera, puede ser denunciada penalmente por su actividad económica o por resistir un desalojo en la vía pública y ello implicará su clasificación como “expulsable”.
Los jueces y fiscales tienen la obligación de notificar a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) la existencia de causas judiciales que involucran a migrantes. Este aviso desata el inicio del trámite de expulsión de manera inmediata, sin importar si tiene familia, lazos sociales, arraigo o un plan de vida en la Argentina.
