Desde las 12 entidades que forman la Mesa de la Producción de Córdoba le pidieron al senador del Frente de Todos que se oponga al proyecto por considerarlo “inconstitucional”.
Economía 01/12/2020
Representantes de 12 entidades empresarias e industriales, que integran la Mesa de la Producción de Córdoba, pidieron al senador nacional peronista por Córdoba, Carlos Caserio, que se oponga al proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario de grandes fortunas, por considerarla “inconstitucional” y que afectará a las empresas de todos los sectores.
Las entidades, mediante una carta remitida al senador ex Unión por Córdoba, le solicitan “enfáticamente” que se “oponga” al proyecto oficial y que “actúe en resguardo de los intereses de los cordobeses”.
La misiva lleva la firma de las autoridades locales de la Bolsa de Cereales, Bolsa de Comercio, Cámara de Comercio, Cámara de Comercio Exterior, Cámara de la Construcción, Unión Industrial, Sociedad Rural, Federación Comercial, Federación Agraria, Confederaciones Rurales, Confederaciones de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona y Confederación Intercooperativa Agropecuaria.
El sector, entre los principales puntos que cuestionan del proyecto que cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, sostiene que si se aprueba “será indiscutiblemente inconstitucional, por su confiscatoriedad, discutida retroactividad y trato desigual infundado”.
Agrega que en términos económicos “generará exactamente el efecto contrario de lo que dice promover”, y que además “afectará a las empresas de todos los sectores. No sólo a los ricos ni a las grandes como se pretende hacer creer”, al sostener que se trata de un “impuesto a la producción”.
Asimismo, los empresarios e industriales afirman que esa iniciativa parlamentaria “para Córdoba representaría una injusta transferencia de recursos desde nuestro aparato productivo local hacia el ámbito federal, lo que hace totalmente incierto que los cordobeses pudieran obtener algún beneficio de un tributo de esta naturaleza”.
Para mantener encendido el motor de la economía, “nuestros representantes deben proteger la estructura productiva de nuestra provincia de este tributo, del cual ni siquiera hay certezas de cuánto afectará a nuestras pequeñas y medianas empresas del interior”, remarcan las entidades en el texto.
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