Tras el asesinato de Joaquin Paredes, el joven de 15 años asesinado este domingo de un disparo policial en Paso Viejo, el ministro de Seguridad de la Provincia, Alfonso Mosquera, aseguró: “Mi renuncia como la de todos los funcionarios del gobierno está a disposición del gobernador Juan Schiaretti”. Agregó que se pone a disposición de la Justicia "para esclarecer todo este episodio y quienes resulten responsables, asuman la responsabilidad penal que les corresponde".
Respecto a posibles cambios en la cúpula policial, el funcionario aclaró: "Que no quepa ninguna duda que si las circunstancias lo ameritan, nadie dudará de hacer los cambios necesarios".
En declaraciones a Radio Continental, el funcionario precisó: "Nosotros no creemos en los juicios sumarísimo sino en la necesidad de que, por sobre todo, esté encima la ley y pueda saciar el pedido de justicia de sus familiares y dar una respuesta a la sociedad", dijo el ministro y agregó: "desde ya que Córdoba se comprometió, compromete y lo seguirá haciendo para desterrar cualquier tipo de violencia institucional".
A dos meses del crimen de Blas Correas, que auguraba un antes y un después en la fuerza policial sobre los protocolos y métodos policiales, el funcionario provincial indicó que se empezó a elaborar un protocolo que "está concluido sobre la base de protocolo de uso racional de la fuerza que tiene Canadá, que es uno de los más modernos del mundo".
"No hay ningún policía que haya pasado por la escuela de Policía, que ignore que solo puede entrar el arma de fuego en juego, cuando está en riesgo la vida de un terceros", aclaró Mosquera y agregó: "Lamentablemente, se han cometido por ahí, circunstancias que tienen que ser debidamente explicadas de por qué han tomado esa decisión".
"Hay muchísimo por corregir", dijo el funcionario en relación a la formación de los uniformados. "Córdoba tiene mucho que trabajar al respecto, como todas las demás Policías, nunca tendremos la actitud sorberbia de creer que aquí se hizo lo suficiente. Se ha hecho mucho y se hará más para erradicar definitivamente los accionares policiales que estén en contra de las disposiciones del Código Penal y los manuales correspondientes a la actuación policial", precisó.
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