La Cámara de Diputados postergó para la próxima semana la reunión de la Comisión de Recursos Naturales, prevista originalmente para la tarde de este martes, en la que se iba a iniciar el debate sobre el proyecto que prohíbe por entre 30 y 60 años la venta de terrenos afectados por incendios forestales, con el propósito de evitar emprendimientos inmobiliarios especulativos en esos predios.
El motivo fue la ausencia en el país del presidente de la comisión, Leonardo Grosso (Frente de Todos), quien tuvo dificultades para poder retornar desde Bolivia, donde participó como veedor de las elecciones presidenciales, como consecuencia de un paro de aeronavegantes.
La reunión estaba prevista para las 18 y se iba a trabajar sobre el proyecto impulsado por el jefe de la bancada del oficialismo, Máximo Kirchner, respaldado por legisladores de los interbloques Federal, Unidad y Equidad Federal.
La iniciativa reforma la Ley 26.815 del Manejo del Fuego al incorporar la prohibición de realizar modificaciones en el uso a las superficies que tenían previo a los incendios provocados o accidentales. La propuesta determina que, por el término de 60 años, no se podrá cambiar el uso de los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, e impone una limitación de 30 años en el caso de que la afectación se produzca en una zona agrícola.
En esos plazos "no se podrán realizar en los bosques naturales o implantados la división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares.
Tampoco se podrá "hacer cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio", se sostiene en los fundamentos de la iniciativa.
Además, se fija en el proyecto que el plazo de 60 años "se puede extender, si así lo indicase el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la jurisdicción correspondiente".
"En el caso de incendios de zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural, no se permitirán modificar esos suelos por el término de 30 años para lograr su restauración", destaca el texto del proyecto.
Al respecto, la iniciativa establece que "no se podrá cambiar el uso de esas zonas para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al empleo y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio".
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