La diputada nacional Brenda Austin presentó la iniciativa ante la Cámara Baja. Impulsa además una ley especial para delitos ambientales, complementaria al Código Penal.
País 19/10/2020
Fabiana Cuba
En medio del drama que atraviesa Córdoba por los incendios y la lucha incansable de los bomberos por contener el avance de las llamas, dos nuevos proyectos de ley fueron presentados ante la Cámara Baja en busca de avanzar con políticas públicas que permitan mejorar el abordaje de esta problemática en todo el país.
La diputada nacional Brenda Austin propuso establecer de manera urgente un “piso mínimo presupuestario” para el combate al fuego en zonas forestales y rurales en todo el territorio nacional. La propuesta modifica el Artículo N°30 de la Ley 26.815, para garantizar que las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas al Fondo Nacional de Manejo del Fuego no sean inferiores al 0,02 por ciento del Presupuesto Nacional.
“La situación que atraviesa es realmente preocupante. Sabemos que este es un año de los más secos a nivel histórico y esto plantea enormes desafíos en relación a la intervención oportuna. Hay que evitar que los incendios tomen las dimensiones que están teniendo, que ya afectaron a más de 300.000 hectáreas. En eso tiene que ver todo lo que se refiere al plan de manejo del fuego, y la colaboración de la Nación con las provincias”, destacó la diputada en declaraciones a La Nueva Mañana.
Austin indicó que el proyecto apunta a establecer una cláusula transitoria con un piso mínimo de 0,015 por ciento del total presupuestado de cara al año que viene, y adelantó que se pretende que esa cifra sea ampliada para 2022 a 0,020 por ciento. Vale recordar que el proyecto presentado por el Gobierno nacional establece una cifra del 0,003 por ciento para el Sistema Nacional del Manejo del Fuego.
La referente de Juntos por el Cambio advirtió que el porcentaje destinado cayó a la mitad y que este recorte se ve reflejado en la reducción de las horas de vuelo para el sistema aéreo de lucha contra el fuego, en la capacitación para bomberos y en los equipamientos para brigadas.
El objetivo es, entonces, un incremento muy significativo de cara al año que viene y una sostenibilidad de las partidas destinadas al combate del fuego.
A su vez, se elevó un pedido de informes para que la ministra de Seguridad, Sabina Frederic y el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, brinden explicaciones en relación a la iniciativa del oficialismo.
La diputada elevó asimismo una iniciativa para la creación de una ley penal especial de delitos contra el ambiente, complementaria al Código Penal vigente.
La iniciativa apunta a contar con una legislación penal “unificada, sistematizada y consistente” en materia de delitos contra el ambiente, teniendo en cuenta que el Código Penal de la Nación -vigente desde 1921- “no regula de manera clara y concreta los delitos contra el ambiente” y que existe en el país una “gran dispersión” en la legislación ambiental.
Este proyecto se plantea como una ley penal especial de delitos contra el ambiente, complementaria al Código Penal vigente y recoge el consenso arribado por la comisión de juristas en el proceso de actualización del Código Penal, cuyo resultado fue ingresado al Senado de la Nación en marzo de 2019. En este sentido, la iniciativa contempla la regulación de diferentes tipos de delitos ambientales: delitos por contaminación, delitos contra la biodiversidad, contra la fauna silvestre, contra los bosques nativos y protectores, y contra el patrimonio genético. Las penas van de uno a tres años de prisión y multas, con agravantes que las elevan de dos a seis años. En casos en que puedan generar afectaciones más graves al ambiente o a la salud de las personas, las escalas aumentan.
"El proyecto recoge todo lo que tiene que ver con delitos contra el ambiente. Necesitamos un abanico de políticas y que el Estado de respuestas", destacó Austin en diálogo con este medio.
Puntualmente respecto a los incendios, el proyecto incorpora un nuevo delito con penas de hasta seis años de prisión ante la “provocación, facilitación o instigación de incendios en bosques, arbustales y pastizales que cause un grave daño a elementos naturales, la flora, la fauna, los ecosistemas o el ambiente en general”.
También se criminalizan las alteraciones provocadas al agua, humedales, lagunas, esteros o pantanos, cursos o espejos hídricos, cuencas o microcuencas u otros humedales, con peligro para el ambiente. Y se establecen penas específicas para quienes “cambien de forma ilegal el uso del suelo forestal o del suelo destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas”.
Adicionalmente, la iniciativa modifica la Ley 27.041 de Responsabilidad Penal para las personas jurídicas privadas, a fin de “incluir expresamente su responsabilidad por delitos contra el ambiente” con los mismos alcances generales de la propuesta.
Ambas iniciativas ya fueron presentadas en la Cámara Baja y se esperan que sean tratadas la próxima semana.
Noticia relacionada:
El Gobierno tuvo que hacer concesiones a la oposición para no correr riesgos en el recinto, pero igualmente quedó un texto voluminoso de 140 artículos. Se tratará en el recinto a partir del próximo lunes próximo a las 11.
Un informe del Indec reveló que el 51% de los argentinos no tiene acceso a alguno de los servicios públicos. Además, el 4,1% de las personas viven en condiciones de hacinamiento crítico mientras un 5,6% está cercano a basurales y un 8,1% habita en zonas inundables.
La medida de fuerza se puso en marcha desde los primeros minutos del viernes, según anunció AOITA, el gremio que nuclea a choferes del transporte interurbano de la provincia y también de líneas urbanas de algunas localidades del interior.
El Banco Central redujo en 10 puntos el índice de referencia que los bancos siguen para el plazo fijo. Así, el rendimiento efectivo mensual (TEM) pasa a ser del 5% mensual y la tasa efectiva anual (TEA) se ubica en el 79,6%.
Dirigentes de distintas organizaciones sociales rechazaron la decisión del Gobierno de sustituir el programa y señalaron que, con el nuevo esquema, "se pretende dejar a 400 mil personas sin trabajo y sin ninguna tipo de ayuda" social.
Así lo estimó el economista Martín González Rozada, de la Universidad Torcuato Di Tella, quien agregó que la pobreza trepó al 52% de la población en lo que va del año.
El duro revés del Gobierno en Diputados al momento de debatirse en forma particular la "Ley Bases", desnudó la impericia oficial a la hora de tejer acuerdos. Los mandatarios de Juntos por el Cambio emitieron un documento pidiendo que no se les "falte el respeto".
"Consideramos que las perspectivas de género se utilizaron también como negocio de la política”, argumentó el vocero presidencial en conferencia de prensa, negando la aplicación del derecho en el ámbito de la administración pública.
Para el cuarto mes del año se anticipan nuevas subas que representan duro golpe a los bolsillos, en medio de la constante caída de los ingresos y la pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. Será el cuarto incremento de las prepagas por arriba de 15%.
El cosecretario de la central obrera sostuvo que "sólo es cuestión de hablar con la conducción" cegetista, porque "este recorte, donde la ligan siempre los trabajadores y jubilados, no lo vamos a permitir".
Alcanza tanto a los usuarios de EPEC y a los hogares que reciben el suministro a través de las 204 cooperativas que prestan el servicio en toda la provincia. El 40% de los usuarios está registrado en la categoría más alta y paga la tarifa plena.
La actualización tarifaria elevará el costo para los tramos ubicados en La Pampa, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Chaco, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.
La decisión del gremio que nuclea a los choferes de colectivos interurbanos, se adoptó tras recibir de parte de la Fetap una propuesta salarial que podría destrabar la negociación paritaria, que ya arrastra 90 días. La debatirá un Plenario General de Delegados.
Este jueves la Confederación convocó formalmente a la movilización el miércoles próximo por el Día del Trabajador y la Trabajadora. La marcha será en la previa del segundo Paro General previsto para el 9 de mayo en rechazo a las medidas económicas aplicadas por el Gobierno nacional.
Se realizaron numerosos allanamientos ordenados por el fiscal Guillermo González. Entre los últimos tres detenidos, hay un inspector municipal con cargo jerárquico y dos empleados de la Sección Espectáculos Públicos. Están acusados de integrar la banda liderada por el ex comisario Gustavo Folli.
