El Sipreba denunció que la empresa desvinculó a 45 trabajadores, pese a la vigencia del decreto presidencial que prohíbe despidos durante el aislamiento preventivo obligatorio.
País 23/04/2020
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) denunció este jueves que la firma Editorial Atlántida despidió a 45 empleados, pese a la vigencia del decreto presidencial que pone un impasse a las cesantías.
En un comunicado de prensa, la organización gremial indicó que “la semana pasada la empresa les comunicó a 45 trabajadores de distintas áreas (redactores, diseñadores y fotógrafos de las revistas Gente, Paparazzi y Para Ti, personal administrativo, de sistemas e intendencia) que los había "liberado de sus tareas" y que se comunicarían con ellos para tener una reunión” y a que a la postre, “en esas reuniones se les informó que se prescindiría de sus servicios”.
El Sipreba apuntó a los integrantes del directorio de Atlántida Juan Astibia, Gustavo Pesce, Irene Sabalain, Gustavo Gasparini y Federico Poletto, y denunció que a los trabajadores desvinculados “se los apuró a firmar a un acuerdo indemnizatorio antes del lunes 27 de abril, que viola tanto el DNU 329/2020 de prohibición de despidos como el Estatuto de Prensa”.
“Si bien la empresa pretende mostrar esto como un acuerdo entre partes, lo que están aplicando es un mecanismo extorsivo, ya que a la mayoría de los despedidos no se les pagó la segunda mitad del sueldo de marzo (que venimos cobrando en cuotas de manera ilegal desde hace más de un año) para presionarlos a firmar”, denunciaron, en lo que es una práctica repetida en distintas situaciones de vaciamiento de medios durante los últimos años.
“Desde la comisión interna y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) rechazamos estos despidos a los que consideramos ilegales, debido a la vigencia del DNU 329/2020, y un ataque a la salud de las compañeras y compañeros porque los deja en una situación de total desprotección frente a la pandemia por el COVID-19”.
El sindicato solicitó públicamente al Ministerio de Trabajo y al presidente Alberto Fernández “que hagan cumplir el DNU y le prohíban a la empresa a avanzar con los despidos”.
El presidente de la mayor entidad bancaria del país estuvo en Río Cuarto, donde hizo declaraciones al diario local Puntal. El cordobés, uno de los funcionarios que participó de la administración schiarettista y saltó al Gobierno de Javier Milei, reafirmó la intención de privatizar el Banco Nación.
Burford Capital solicitó a la jueza de Nueva York la transferencia a su favor del paquete accionario de la Argentina en la compañía, y que posee desde su reestatización en 2012. El pedido se sustenta en el incumplimiento del fallo que dispuso que el país debe pagar u$s16.100 millones.
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Báez tiene en la actualidad el beneficio de la prisión domiciliaria y su defensa había reclamado la libertad en base a que ya cumplió los dos tercios de una condena a diez años de cárcel que se le impuso por lavado de activos y que quedó firme.
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