El ex presidente del Colegio de Abogados, Héctor Echegaray, reflexionó sobre la situación de los letrados y magistrados durante el aislamiento obligatorio.
Ed Impresa 17/04/2020
Gabriela Yalangozian
Este sábado se cumple un mes del DNU que dictaminó el aislamiento social, preventivo y obligatorio que comenzó a regir el 20 de marzo y fue extendido ya en dos oportunidades. Sin embargo, el sector judicial se paralizó un par de días antes, el 16 de marzo, cuando se estableció una feria extraordinaria, similar a la que rige en los meses de enero y julio.
Más de treinta días pasaron desde esa instancia, en el transcurso de los cuales el Gobierno nacional fue especificando algunas excepciones que permitieron a ciertas personas en función de su labor salir de sus viviendas, trasladarse y circular con un permiso especial. Entre ellas, no se consideró a los abogados.
En diálogo con La Nueva Mañana, el ex presidente del Colegio de Abogados de Córdoba Héctor Echegaray afirmó: “El servicio de Justicia es esencial y necesario, lo cual surge de nuestro ordenamiento constitucional. Como tal, y así es requerido por los ciudadanos, el Poder Judicial debe autopercibirse de esa manera”.
En este contexto de crisis, las medidas de prevención y seguridad sanitarias deben cumplirse, pero según el abogado, también debe ser armonizadas con la efectiva actividad de la Justicia.
“A partir de la experiencia en este mes, entiendo que en adelante la modalidad de teletrabajo debe intensificarse, no durante el período de tribunales de feria o de turno, sino que todas las dependencias judiciales que deben cumplir su actividad, volcándose en el Sistema de Administración de Causas los decretos y resoluciones que se vayan dictando”, expresó.
La prohibición de circular que afecta al profesional de la abogacía y le impide cumplir acabadamente su ejercicio profesional “carece de fundamento legal y razonabilidad”.
“Una cosa es la feria judicial de enero donde hay una ´cultura´ –por así decirlo– de que la actividad tribunalicia se reserva para cuestiones de urgencia; y otra muy distinta es en este momento. De lo contrario, seguramente existirá una gran sobrecarga de trabajo de los juzgados de turno; que no podrá satisfacer al justiciable”, reflexionó.
En ese sentido Echegaray sugirió hablar de suspensión de plazos para el caso de aquellas actividades procesales que requieren la presencia de partes y operadores judiciales, dejando a salvo las características propias del fuero penal donde debe resguardarse el debido proceso legal y el derecho de defensa. “La declaración de días inhábiles, que acompañó hasta ahora la actividad judicial, debería dar paso a esta nueva modalidad”, enfatizó.
También consideró necesario poner particular énfasis en el funcionamiento del “expediente judicial electrónico”, receptando las condiciones de “seguridad y amigabilidad”.
“Es fundamental que puedan realizarse presentaciones y peticiones en todos los fueros, las que deben ser proveídas por el juzgado de asignación y visibilizadas en el SAC. Actualmente, se replican presentaciones al expediente paralizado por la declaración de días inhábiles y al juzgado de turno por el receso. Esto genera un desgaste lógico y una particular incertidumbre para abogados y justiciables”, manifestó Echegaray.
Al mismo tiempo, señaló que los expedientes que se encontraban a fallo en todos los fueros e instancias, requieren que se dicten las sentencias “porque implica un estadio más ya cumplido y permite también que las partes involucradas y terceros, tengan elementos ciertos para trabajar en la resolución del conflicto llevado a conocimiento de la justicia”. “Esperar la reanudación de la actividad, implica una dilación absolutamente innecesaria y sumar incertidumbre, lo cual es poco aconsejable en una crisis de esta naturaleza”, aseguró el abogado.
Tratándose la Justicia de un servicio esencial y necesario, Echegaray señala que igual adjetivación debería predicarse a la actividad del abogado, “el que debe realizar todas y cada una de las presentaciones necesarias para el ejercicio de los derechos confiados a su representación”.
Para el ex presidente del Colegio de Abogados, la prohibición de circular que afecta al profesional de la abogacía y le impide cumplir acabadamente su ejercicio profesional “carece de fundamento legal y razonabilidad”.
“Debe necesariamente poder trasladarse a su estudio jurídico donde cuenta con la documentación proporcionada por sus clientes, y con las herramientas de trabajo para abordar cualquier presentación, incluso las electrónicas. También debe recordarse que cualquier presentación electrónica que realice requiere un soporte papel rubricado por el cliente, para garantizar que el abogado actuó en defensa de un derecho ajeno”, recordó.
“Considerar que todos los abogados tienen la posibilidad de contar en su caso con los mismos elementos que en su estudio jurídico es tan absurdo como irreal”, dijo y propuso que el desplazamiento también debe permitirse a otros lugares donde deba realizar su tarea.
“Esperar la reanudación de la actividad implica una dilación absolutamente innecesaria y sumar incertidumbre, lo cual es poco aconsejable en una crisis de esta naturaleza”.
“Los abogados, al igual que otros trabajadores autónomos, nos vemos particularmente afectados en nuestra situación económica, ya que los honorarios -de carácter alimentario- requieren la posibilidad efectiva de trabajar, y también quedan supeditados justamente a las resoluciones regulatorias que hoy no se dictan”, enfatizó.
En este aspecto, consideró que los abogados son “el sector más vulnerable de los operadores judiciales, ya que jueces, funcionarios y empleados tienen garantizadas sus remuneraciones cualquiera sea la actividad que desarrolla la Justicia”.
“Por supuesto que el foco no debe ponerse en ello, sino en la necesidad de adoptar todas las medidas de mayor actividad del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba y de la Nación, recuperando en la medida de lo posible la celeridad e invirtiéndose la infraestructura necesaria para ello. Ese es el desafío que hoy nos toca afrontar”, concluyó.
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