El Gobierno prohibió por decreto despidos y suspensiones de trabajadores para evitar que el efecto disciplinador del desempleo atente contra el aislamiento obligatorio.
Ed Impresa 03/04/2020 Daniel Salazar
Especial para La Nueva Mañana
El debate mundial acerca del impacto económico de la cuarentena en prevención del coronavirus y de quienes al menos piden acotarla parece comenzar a zanjarse en favor de la defensa del vida humana.
Las tardías reacciones de los gobiernos de Italia y de España frente a la pandemia tienen todavía consecuencias desastrosas para la gente en contagios y muerte y un camino similar parece destinarle el coronavirus a la desidia de los presidentes Donald Trump en los Estados Unidos y a la Brasil de Jair Bolsonaro, que priorizaron la economía a la vida.
En el lado opuesto aparecen las posiciones del Papa Francisco y Alberto Fernández, elogiado en todo el mundo por las medidas que tomó para amortiguar la pandemia.
“No tenemos que caer en el falso dilema de la salud o la economía”, dijo el presidente Alberto Fernández en su última aparición pública para anunciar que el aislamiento social seguirá hasta después de Semana Santa. Antes, en la teleconferencia con los mandatarios del G20 había sido más explícito “una economía que cae siempre se levanta, pero una vida que termina no se levanta más” reafirmando su intención de cuidar la salud, según revelaron fuentes oficiales.
En ese sentido, coincidió con el Papa Francisco en que “nadie se salva solo” y además como sostuvo el Sumo Pontífice, Alberto Fernández pidió a los empresarios que no haya despidos durante la pandemia.
Pero el jefe de Estado argentino fue más allá y cuestionó en durísimos términos a los empresarios que, en medio de la crisis, despiden trabajadores, aludiendo aunque sin nombrarlo al grupo Techint de Paolo Rocca, el grupo privado más importante de Argentina, que el viernes pasado despidió a 1400 trabajadores. “Algunos miserables olvidan a quienes trabajan para ellos y en la crisis los despiden” y advirtió “Ahora les digo yo que no dejaré que lo hagan”.
Desde que se declaró la pandemia el Gobierno no sólo priorizó la “vida” sino que a la par anunció medidas para cuidar la economía y sostener a los grupos sociales más vulnerables, los monotributistas, trabajadores informales y de servicios, pero también para las empresas.
Sin embargo, según entienden en la Rosada, la gran puja del sector empresario para acortar la extensión de la cuarentena privilegiando sus empresas obligó al Gobierno cumplir con su advertencia y prohibió mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) los despidos y suspensiones de trabajadores “sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor” por 60 días. La medida, además, anticipa que no se reconocerá el fin de las relaciones laborales existentes.
También, por la misma vía, amplió el abanico de medidas que ya había dispuesto destinadas a las mipymes y ordenó la transferencia de 30.000 millones de pesos al Fondo de Garantías Argentino (Fogar) “con el objeto de otorgar garantías para facilitar el acceso a préstamos para capital de trabajo, por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas” inscriptas en el Registro Pyme del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Las empresas que adhieran al programa se comprometen a no echar a sus empleados y deberán reincorporar a los trabajadores que fueron despedidos después del 29 de febrero.
En tanto, a través de los Programas de Recuperación Productiva (Repro), el Ministerio de Trabajo se hará cargo del neto del salario con un máximo de un salario mínimo por cada trabajador ($16.875) de las empresas de hasta 25 trabajadores. De 26 a 60 trabajadores, cubrirá un máximo equivalente al 75% del salario por cada trabajador ($12.656) de 61 a 100 empleados, el Estado pagará el 50% del salario mínimo vital y móvil por cada trabajador; es decir, $8437,50, de aquellas empresas afectadas por la emergencia sanitaria.
“La instrucción que dio el Presidente fue muy clara vamos a atender con este programa exclusivamente a los sectores golpeados por esta crisis sanitaria que son los de la hotelería, los de gastronomía, el turismo, los espectáculos y las pymes para quienes se modificaron los requisitos para acceder. Esas empresas no tendrán que acreditar la crisis que atraviesa con los últimos tres balances negativos como es el método tradicional sino que frente a esta cuestión no miramos para atrás sino el presente y el futuro y estas industrias están golpeadas ahora y en los próximos meses podrán acceder al programa” señalaron a La Nueva Mañana fuentes de la cartera laboral.
Asimismo, ratificó y amplió la reducción del pago de las Contribuciones Patronales a la seguridad social para los sectores que han tenido una interrupción total o han sido afectados severamente por la emergencia sanitaria.
Antes, el Gobierno había lanzado una serie de líneas de créditos blandos por unos $350.000 millones para garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos e insumos básicos, impulsar la actividad y financiar el funcionamiento de la economía en esta coyuntura: una línea por $320.000 millones que permitirá proveer capital de trabajo a las empresas a tasas preferenciales por un plazo de 180 días con tasa de interés será 26% anual; $25.000 millones en créditos del Banco de la Nación Argentina a tasa diferencial para productores de alimentos, higiene personal y limpieza y productores de insumos médicos; $8.000 millones en financiamiento para la producción de equipamiento tecnológico para garantizar la modalidad de teletrabajo y $2.800 millones para el financiamiento de infraestructura en los parques industriales, con recursos del Ministerio de Desarrollo Productivo, entre otras medidas.
La Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) fueron los precursores desde hace varios días del planteo que “era imprescindible el dictado de una norma que prohíba los despidos y las suspensiones mientras dure la emergencia” advertidos de “empresarios que obligan a los trabajadores y a las trabajadoras a asistir a sus lugares de trabajo aunque no se trate de actividades exceptuadas, licencias que no se pagan violando la obligación de abonar los salarios, empresas que suspenden por “fuerza mayor” a los empleados eludiendo la normativa protectora que impide esas decisiones unilaterales, tareas fabriles que se realizan sin la adecuada protección, como ejemplos de vulneración de los derechos laborales”, dijo el presidente de la entidad, Matías Cremonte a La Nueva Mañana.
Después de que se conociera el caso Techint y sus implicancias el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer pidió medidas para frenar los despidos y pidió que se suspendan los artículos 221 y 247 de la normativa. El primer punto instaura el concepto de “fuerza mayor” como ordenador de las relaciones laborales y habilita suspensiones sin costo para el empleador hasta un plazo máximo de 75 días en un año y el otro habilita los empresarios a pagar la mitad de las indemnizaciones, aseguraron a La Nueva Mañana fuentes gubernamentales.
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