Murió Roberto Alemann, el Ministro de Economía de Galtieri

El ex ministro de Economía de la dictadura, Roberto Alemann, murió este viernes a los 97 años. Había estado dos veces al frente del Palacio de Hacienda. La primera fue en 1961, durante la gestión de Arturo Frondizi, y la segunda en 1982, en el gobierno de facto de Leopoldo Fortunato Galtieri.

Su fallecimiento fue dado a conocer por el semanario argentino-alemán Argentinisches Tageblatt, del cual fue director.

Referencia ineludible para los sectores liberales de la economía argentina, en los años noventa, junto a su hermano Juan Alemann fue parte del grupo de economistas que más defendieron el plan de convertibilidad implementado por Domingo Cavallo y la política de privatizaciones y apertura económica del gobierno de Carlos Menem.

Nacido el 22 de diciembre de 1922, el economista hermano también de la actriz Katja Alemann, estudió derecho y economía en la Universidad de Buenos Aires y en Suiza.

Se recibió de abogado en la UBA y entró en la escena pública tras el golpe de estado contra el Gobierno de Juan Domingo Perón en 1955. Allí, formó parte del equipo de negociadores con el Club de París para conseguir créditos que luego fueron utilizados durante la gestión de facto de Pedro Eugenio Aramburu.

En abril de 1961, el presidente Arturo Frondizi lo designó ministro de Economía en lugar de Álvaro Alsogaray. Permaneció en el cargo hasta enero de 1962 y en junio de ese año, ya bajo el gobierno de José María Guido, se convirtió en embajador en los Estados Unidos, puesto que dejó en 1964.

Su retorno a la función pública ocurrió en diciembre de 1981, cuando Leopoldo Galtieri sucedió a Roberto Viola como presidente de facto. Así, dos décadas después de su paso por el Palacio de Hacienda, Alemann desembarcó de nuevo en el ministerio, al frente del cual estuvo a cargo durante la guerra de Malvinas.

Dejó el Palacio de Hacienda con la caída de Galtieri.

Por esa gestión, en 2009 el Congreso de la Nación Argentina anuló su jubilación de privilegio por la cobraba más de 1.400 dólares mensuales, como parte de la cancelación de beneficios obtenidos por altos funcionarios del llamado Proceso de Reorganización Nacional.