El ciclo de endeudamiento en que sumió al país el Gobierno de Macri en conjunto con la UCR condiciona la agenda económica de la gestión recién arribada a la Casa Rosada.
Ed Impresa 07/02/2020 Facundo Piai
Especial para La Nueva Mañana
Si bien el gobierno que conduce Alberto Fernández aclara que el cambio de gestión significó una redefinición de las prioridades y de las políticas a implementar, cierto es que deberá enfrentar y resolver el problema del endeudamiento que signó a los últimos años de la Argentina. Solo durante la administración de Cambiemos, la deuda bruta pasó de representar el 52% del PBI en el 2015 a poco más de 90% del producto al dejar el gobierno, aumentó la deuda contraída en moneda extranjera con vencimientos de capital e intereses en corto plazo, la economía no paró de contraerse y la recaudación del Estado se resintió.
Indudablemente, los más de 190 mil millones de dólares que se les debe a organismos multilaterales y bilaterales de crédito y al sector privado, principalmente, conforman la pesada herencia que recibe Alberto Fernández. En otras palabras, el nuevo gobierno debe renegociar los compromisos de deuda con el FMI, principal acreedor multilateral, y los tenedores de bonos y letras del Tesoro para no caer en default. Para ello, el Gobierno empeña una estrategia bifronte. Por un lado, lleva la agenda económica, con el problema de la deuda a la cabeza, a las giras internacionales que encabeza el Presidente en busca de adhesiones, partiendo de la base de que el Fondo aprobó una línea de créditos al gobierno anterior, avalando la orientación del modelo económico que generaba las condiciones propicias para la fuga de capitales. De modo tal que los préstamos terminaron financiando la fuga de pesos hacia el dólar, violando así el artículo VI del Fondo que dice ningún país “podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”.
Recientemente, en la gira europea que tiene a Alberto Fernández y al ministro de Economía como principales figuras, el Papa se expidió sobre la deuda de la Argentina. En una cumbre económica realizada en el Vaticano, el Sumo Pontífice respaldó la posición de la Argentina frente a funcionarios del FMI, al aclarar que “es necesario encontrar modalidades de reducción, dilación o extinción de la deuda, compatibles con el derecho fundamental de los pueblos a la subsistencia y el progreso“. Al tiempo que clamó por “solidaridad” para con los países deudores, sostuvo que es ilícito exigir el pago a países empobrecidos imponiendo políticas que llevarán al colapso a las mayorías, “no se puede pretender que las deudas sean pagadas con sacrificios insoportables”, concluyó la máxima autoridad de la Iglesia Católica.
Durante este año, los compromisos de deuda que deberá enfrentar el Gobierno nacional representan el 10% del PBI. Durante los primeros meses hay, principalmente, vencimientos de letras del Tesoro, pero en el segundo trimestre del año crece considerablemente el peso de la deuda con el FMI, respecto al primer trimestre. De modo tal que es de esperar que el Gobierno reestructure la deuda antes de enfrentar los vencimientos de importancia, es decir, antes de que concluya el primer semestre del año.
En paralelo, el Gobierno busca con la ley de Reestructuración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa disponer de una herramienta jurídica en la negociación de la deuda bajo legislación extranjera. La misma comprende los canjes de deuda emitidos en el 2005 y 2010, más los diferentes títulos públicos emitidos durante el gobierno de Macri; calculada en alrededor de u$s 120 mil millones. El recurso jurídico amplía las facultades de Martín Guzmán para refinanciar la deuda pública, puesto que la ley cataloga al Ministerio de Economía como autoridad de aplicación de la ley. La misma también establece la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, lo cual no implica que el Estado renuncie a reservas, cuentas o bienes de dominio público, localizados dentro o fuera del territorio nacional. La ley establece además que los bancos colocadores de deuda no podrán superar el 0,1% en concepto de comisiones.
Cuando en el 2016 se acordó el pago a los fondos buitre, el entonces ministro de Economía Alfonso Prat Gay había anunciado que “la deuda pública bajará tras el pago a los holdouts”. La evidencia empírica dicta que nada de eso ocurrió. Por el contrario, se habilitó un nuevo ciclo de endeudamiento del cual muchas provincias también formaron parte. Un informe del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (Ocipex) concluye que “desde la llegada al gobierno de Cambiemos, el endeudamiento de las provincias se espiralizó con similar impericia y negligencia, y la deuda externa provincial se convirtió en una pesada carga con la que deberá lidiar el país en el futuro inmediato”.
La Provincia de Buenos Aires, Capital Federal y Córdoba fueron las tres jurisdicciones que más deuda emitieron y las que más crédito tomaron de los organismos internacionales, también. La Provincia de Córdoba fue la que más aumev ntó su stock de deuda en todo el país durante el ciclo señalado, con el agravante de que gran parte de la misma corresponde a compromisos de deuda contraídos en dólares. Según información de la Provincia, los pasivos en moneda extranjera representan alrededor del 94% de la deuda total. Con el agravante de que un porcentaje importante de la deuda en dólares (el 23%) son títulos internacionales con vencimiento el año próximo.
Hasta el momento la Provincia está pagando los intereses de los bonos que vencen de acuerdo a lo previsto, pero en un contexto económico como el actual, con un pasivo de poco más de 161 mil millones de pesos (presto a engrosarse frente a eventuales devaluaciones), parecería ser una deuda poco sustentable sin una planificación consistente ni reestructuración frente a los acreedores. Por lo pronto, el 2020 no comenzó con buenos augurios para la provincia y sus alicaídas cuentas fiscales, puesto que la recaudación cayó nuevamente en enero en términos interanuales. El Ministerio de Finanzas de la Provincia informa que desde julio del 2018, mes en que comenzó la merma en la recaudación, por no haber crecido los ingresos provinciales a la par de los precios, el fisco de Córdoba perdió recursos por un total de $29.354 millones. Con estos números, la capacidad de repago de la Provincia está en dudas.
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