Ignacio Martín
Poco se supo y mucho se criticó al intendente Martín Llaryora sobre cómo y cuáles serían concretamente sus propuestas/proyectos antes y durante su gestión. Durante campaña, solo la promesa de un Ferrourbano se coló entre discursos plagados de abstractos con críticas a los ocho años de Ramón Mestre como jefe comunal. A menos de un mes de asumir y luego del fracaso en la transición esos discursos siguen vigentes, pero ya en el marco de iniciativas concretas: la incorporación al Ciudadano Digital, la disolución de Crese y el traspaso del agua desde la Provincia son algunas de ellas. Todas, claro está, con la previa aprobación del Panal.
Sin dudas, la más importante es la transferencia del servicio a la Municipalidad. El convenio ya tuvo su primera aprobación por parte de la mayoría de los ediles (solo el bloque de la UCR mestrista y Laura Vilches del FIT Unidad votaron en contra) y pasó por la audiencia pública realizada en el recinto de Pasaje Comercio ayer, previo a la segunda lectura y votación prevista para el 6 de enero. Y aunque en un principio la intención de Hacemos Por Córdoba era aprobarlo en una sola sesión con mayoría simple, el “rosqueo” dentro y fuera del Concejo derivó en este tratamiento especial amparado por la Carta Orgánica.
La principal crítica de toda la oposición en el Concejo se centra en la cuestión tarifaria y en el contrato de Aguas Cordobesas, vigente hasta 2027. Ocurre que en el artículo tercero del convenio, se establece que el Ersep continuará determinando y aprobando las modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios del servicio. Esto va en contra de lo que ocurre con los otros servicios que se prestan en la ciudad: que las modificaciones en las tarifas las debe aprobar el Concejo.
Quinteros y Negri fueron los que más énfasis pusieron en el tema tarifario, mientras que Rodrigo De Loredo, Vilches y Alfredo Sapp, por ejemplo, pusieron el foco en el tema contractual y en la relación que tiene Aguas Cordobesas con la Provincia. El ex juecista inclusive llevó al Concejo un cuadro con el detalle de cómo fue aumentando la tarifa de agua comparada con la inflación. Según detalló el concejal, desde enero de 2006 hasta julio de este año, el agua aumentó un 3431,51% frente al 1584,03% de inflación acumulada. En tanto, Quinteros puso énfasis en que el servicio no está medido, ya que para elaborar la boleta que le llega a cada usuario se tienen en cuenta factores como la superficie, antigüedad y sector del inmueble, pero no el consumo del agua. Los cordobeses consumen alrededor de 10.000 litros mensuales, cuando lo recomendado para darle sustentabilidad al servicio son entre 3.600 y 6.000 litros por persona. “¿Saben por qué Aguas Cordobesas no es noticia? Porque tiene a Epec al lado”, subrayó Quinteros.
Una vez operada la transferencia, la Municipalidad asumirá todos los derechos y obligaciones emergentes del contrato y la Provincia quedará desobligada y liberada de cualquier deuda, obligación o responsabilidad inherente a la prestación del servicio de agua.
“Lo que desde nuestro bloque vemos con preocupación es la urgencia con la que el Ejecutivo Municipal pretende para municipalizar el servicio del agua. ¿Qué pasará con las tarifas, donde el Concejo es quién tiene atribuciones en materia de servicios? ¿Qué participación tendrá el concejo y la oposición en el control que hará el Ersep, que es provincial?”, se preguntó Negri, también, previo a la sesión.
Con respecto al contrato, De Loredo remarcó el hecho de que no sea público y que solo pueda ser consultado, irónicamente, en la página de Instagram del concejal Quinteros: “Estamos aprobando un proyecto de mucha trascendencia sin siquiera tener el contrato (…) Los cordobeses tienen un mal contrato de suministro de agua. El precio promedio es muy alto y muchos municipios pagan menos”.
“Para discutir profundamente el tema del agua en Córdoba, debemos discutir de fondo el convenio en sí (…) nosotros presentamos en la Legislatura un proyecto para que sea efectivamente estatizado bajo gestión de los trabajadores y con control del Conicet, la UNC y los propios usuarios. Más allá del ámbito, municipal o provincial, tiene que ser bajo órbita estatal”, sostuvo Vilches previo a la sesión del viernes pasado.
En tanto, una vez operada la transferencia, la Municipalidad asumirá todos los derechos y obligaciones emergentes del contrato y la Provincia quedará desobligada y liberada de cualquier deuda, obligación o responsabilidad inherente a la prestación del servicio, (con excepción de la obligación vinculada a la provisión de agua cruda necesaria para la prestación del servicio). Esto se suma a que la Provincia ratifica en el convenio su obligación de financiación y ejecución de obras hídricas necesarias para garantizar la provisión de agua cruda al ámbito de la Concesión.
Asimismo, se llevará adelante un plan de obras a realizar a fin de garantizar la potabilización del agua y su posterior distribución, asumiendo la Provincia las obras de potabilización y el Municipio la responsabilidad de realizar las obras necesarias para la ampliación de redes y el mejoramiento de la infraestructura cloacal.
“Números más, números menos, la situación es un desastre. El mismo convenio habla de que los proyectos de mejora en la planta (de Bajo Grande) deben ser aprobados por la Municipalidad. La segunda ciudad del país vuelca crudo al río”, le dijo, días atrás, el ministro de Servicios Públicos Fabián López a LNM.
A su vez, López comentó que desde la gestión anterior de Ramón Mestre “nunca” se acercaron para entablar medidas entre la Bajo Grande y la nueva planta de tratamientos cloacales que construye la Provincia “al lado”. Obra que deberá ser interconectada con la actual planta para empezar a sanear el vertido de líquidos al Suquía.
En el escrito también se establece que la Municipalidad percibirá los montos correspondientes por el derecho de “Uso de la Concesión” y la Provincia continuará obteniendo los cánones correspondientes a “Uso del Recurso Hídrico” y “Transporte de Agua Cruda”. También, que la Provincia “se reserva el derecho de ejercer el Poder de Policía en cualquier momento, en uso de las atribuciones constitucionales que le incumben”.
Finalmente, se prevé la conformación de una “mesa coordinadora” que tendrá el objetivo de “abordar cuestiones vinculadas al presente Convenio, que estará integrada por un representante de cada uno de los firmantes y por quienes resulten convocados en razón de la naturaleza de las cuestiones a dirimir”.
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