Más de 40 organizaciones de DDHH lanzaron la campaña “Córdoba contra la tortura”, a fin de concientizar sobre la necesidad de constituir un comité local, según lo establecido por la Ley Nacional 26827. Este medio habló con Martín Fresneda y Jaschel Burijovich.
Córdoba25/07/2017 Consuelo Cabral
Las postales del terror tomadas cuatro años atrás por la legisladora Liliana Montero en el pabellón psiquiátrico del Hospital Domingo Ceballos, en Bell Ville, se confunden con las imágenes que hace apenas unos meses atrás mostraron el alarmante estado abandono del neuro de Oliva.
Por la misma época, el nuevo régimen de guardias en el Complejo Esperanza generó una crisis en el personal que llegó a poner en riesgo la seguridad de los adolescentes alojados allí. Familiares denunciaron la existencia de heridas cortantes en los jóvenes y que en muchos casos los médicos no pudieron ingresar porque el servicio penitenciario no se los permitió. Con el correr de los días y al agravarse el conflicto entre los guardias y las autoridades, se creó una comisión especial de seguimiento, integrada por fiscales, jueces de menores y representantes de distintos organismos de Derechos Humanos, para velar por la seguridad de los adolescentes.
Si bien es cierto que en Argentina no existe un plan represivo sistemático por parte del Estado, la tortura no ha sido erradicada ni como medio de obtener información en las comisarías, ni como castigo corporal o psicológico dentro de las cárceles. Tampoco han desaparecido los actos vejatorios en neuropsiquiátricos.
El derecho internacional define a la tortura como “todo acto realizado intencionalmente por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia, por el cual se infligen a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”.
“Córdoba Contra la Tortura” es una campaña impulsada por más de 40 organizaciones de la provincia que tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad frente a prácticas crueles, degradantes y contra la dignidad humana en lugares de encierro y promover la creación de un Mecanismo Local de Prevención de la Tortura en virtud de lo ratificado en el año 2004 por el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas. En cumplimiento de esta obligación internacional se sancionó en el país la Ley Nacional 26827 que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Sin embargo, en Córdoba aún no existe una ley que incluya a la provincia en el contexto federal.
El fin de la campaña es visibilizar las prácticas de tortura en lugares de encierro en la provincia, instalar el debate sobre la problemática en la agenda pública y promover la sanción de una ley que cree el mecanismo local de prevención, proyecto que ya fue presentado en julio del año pasado en la Unicameral por el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, y actual legislador y presidente del bloque Córdoba Podemos, Martín Fresneda.
En ese marco, Fresneda dialogó con La Nueva Mañana y se refirió al proyecto que en Córdoba cuenta con el apoyo de 40 entidades, entre organizaciones, sindicatos y referentes.
-¿Cómo funcionan estos mecanismos provinciales?
-Estos mecanismos, que ya existen en Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Río Negro, entre otras provincias, suelen ser integrados por seis miembros, uno del Ejecutivo, dos ONG, otro de la Procuración Penitenciaria y representantes de los distintos bloques, que deben ser expertos en la materia. Tienen como objetivo garantizar todos los derechos reconocidos tendientes a la prevención y prohibición de la tortura. Entre sus funciones, está la de realizar visitas periódicas y extraordinarias no anunciadas a los lugares de encierro públicos y privados con el objetivo de verificar condiciones o situaciones que permitan o faciliten los actos de torturas y malos tratos, realizar informes en los que se expondrán todas las observaciones, para desarrollar recomendaciones pertinentes para que cesen tales prácticas con un énfasis en la prevención, y establecer y sostener un vínculo cooperativo con el Estado y la sociedad civil para la efectiva implementación de dichas recomendaciones. El Comité contra la Tortura es el encargado de velar por la efectiva aplicación de la Convención de los Derechos humanos y expresa en sus informes la conducta de los Estados a los que monitorea y hace recomendaciones para optimizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas de la Convención. Si el Ejecutivo no cumple el propósito de erradicar los actos de tortura, se exige que se reexaminen o que se adopten medidas nuevas más eficaces y se crea una agenda común para revisar esas prácticas.
-¿Existen antecedentes de este tipo de proyectos en Córdoba?
-Cuando fui secretario de Derechos Humanos de la Nación, sacamos la ley nacional donde se creó el Mecanismo de Prevención de la Tortura que puso al país en sintonía con el protocolo internacional firmado en 2004. Allí empezamos a trabajar en la creación del Consejo Federal de Mecanismos a nivel nacional y Córdoba siempre tuvo algunas iniciativas pero nunca se logró crear un comité local de prevención de la tortura. En ese sentido en 2014, Juan Manuel Cid, legislador de Unión por Córdoba, trabajó con integrantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación y presentó un proyecto de ley que perdió estado parlamentario. Hubo después otras iniciativas que quiso llevar el gobierno provincial pero eran comisiones dependientes del Ejecutivo, y justamente lo que dicen los Principios de París, que son las bases en las cuales se crea el protocolo facultativo de la tortura, es que este tipo de mecanismos deben ser legislativos porque el Ejecutivo es quien implementa estas prácticas violatorias. En 2015, presenté un proyecto de ley, incluso lo hablé con Luis Angulo, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, pero tampoco prosperó. Sin embargo, en la sociedad civil es un reclamo vigente, por eso formamos este colectivo con más de 40 organizaciones referentes de los derechos humanos y sindicatos, que apoyan la campaña de “Córdoba Contra la Tortura”. Está la Convención Internacional contra la Tortura, hay una ley nacional de prevención contra la tortura, falta una ley provincial para que Córdoba se sume al contexto federal.
-¿Qué prácticas de tortura y tratos crueles e inhumanos sufren las personas que viven en contextos de encierro en Córdoba?
-Hay prácticas que están muy asimiladas a torturas y naturalizadas, como ser las salas de contención que tienen muchos neuropsiquiátricos, cuando los sacan y les aplican medicamentos contra su voluntad. O lo que ocurre en las comisarías, que si bien no está denunciado formalmente existe, como cuando los detenidos son atados con los brazos abiertos para arriba y los dejan colgados.
Según Jaschele Burijovich, miembro del Observatorio de Salud Mental y de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba y de la junta directiva del Colegio de Psicólogos, el contexto de encierro es un contexto de especial vulneración para los sujetos ya que no se pueden ir por su propia voluntad. “Por eso incluimos en este mecanismo otros contextos, no sólo las cárceles, sino también los hospitales psiquiátricos. Nosotros como Observatorio de Salud Mental de Derechos Humanos y como Colegio de Psicólogos nos sumamos a esta campaña porque sostenemos que los hospitales psiquiátricos siguen siendo lugares donde se vulneran los derechos y donde hay tratos degradantes para la dignidad de las personas. El hecho de que todavía persistan grandes manicomios, donde hay personas internadas desde hace más de 30 años, forma parte de estos tratos inhumanos y degradantes”.
En ese sentido, Burijovich destaca como parte de estas prácticas “el hacinamiento, la sobremedicación, el que los neuropsquiátricos estén lejos de las ciudades, lo cual hace que sea muy difícil la movilidad de los usuarios y que puedan salir”.
Para la ex directora del Observatorio de Derechos Humanos de la UNC todavía no hay proyectos de internación de pacientes que permitan terminar con ese aislamiento y ese encierro. “De hecho hay factores que favorecen a violencia institucional como ser el paradigma obsoleto y jerárquico, la escasez de recursos, y que los usuarios de los servicios de salud mental son personas estigmatizadas y muy vulnerables. Por lo tanto, nos parece que la creación de un mecanismo de la prevención de la tortura podría lograr que un grupo de personas formadas y con criterio identifiquen cuáles son las situaciones de máxima vulneración y hacer recomendaciones, pedir a las autoridades que promuevan acciones para eliminar este tipo de prácticas”.
Para darle mayor visibilidad al proyecto, el próximo martes 25 de julio, a las 18 horas, en la Sala Agustín Tosco del Sindicato Luz y Fuerza, será la presentación oficial de la campaña “Córdoba Contra la Tortura”, con la presencia del periodista, escritor y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales “CELS”, Horacio Verbitsky.
Abuelas de Plaza de Mayo Filial Córdoba / Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba / HIJOS / Mesa de Trabajo por los DDHH / Asociación de Ex Presos Políticos de Córdoba / Agrupación de Ex Presos Políticos por la Patria Grande / Asamblea Permanente por los DDHH Córdoba / Asamblea Permanente por los DDHH Río Tercero / Colectivo Cordobés por los Derechos de Niños, Niñas y Jóvenes / Observatorio de Salud Mental y DDHH / Mesa de Discapacidad y DDHH / Comisión de la Memoria de la Provincia de Córdoba / Comisión Cárcel de la Defensoría General de la Nación / Colegio de Psicólogos / Colegio de Profesionales de Trabajo Social / Facultad de Filosofía y Humanidades / Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales / Federación Universitaria de Córdoba / Equipo de Investigación en Seguridad de la Facultad de Ciencias Sociales / Escuela de Formación Política Obregón Cano / La Bisagra / Centro de Estudiantes de Sociales - Juntos Por Sociales / Red de Centro de Estudiantes de la Sierras Chicas / Federación de Estudiantes Secundarios / Foro Sindical de Derechos Humanos / Sub Comisión de DDHH Luz y Fuerza / Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba / Comisión de DDHH CGT Córdoba / Secretaría de DDHH SUOEM / S.U.R.R.Ba.C / UEPC / UOGC / ADIUC / Juventud Sindical Peronista de Córdoba / SECASFPI / Asociación Pensamiento Penal / Justicia Legitima Córdoba / Campaña Contra la Violencia Institucional Córdoba / Red Buhito / Colectivo Más Democracia/ Movimiento Campesino de Córdoba / Comité por la Libertad de Milagro Sala.
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