Redacción La NUEVA Mañana
El diputado nacional por Córdoba, Diego Mestre, presentó en la Cámara baja una iniciativa de ley para endurecer las penas para actos de intimidación pública y amenazas anónimas, "un hecho que se repite de manera seguida y son dirigidas tanto a personas como instituciones y no son un chiste, sino un delito", sostuvo Mestre en un comunicado.
Para el legislador, "sus daños se potencian cuando son dirigidas contra lugares que son particularmente importantes y sus penas deberían ser proporcionalmente rigurosas”. Por esas consideraciones presentó la modificación del agravamiento de penas para delitos de intimidación pública.
El delito de la intimidación pública consiste en "conductas capaces de generar o infundir temor público, con el peligro de promover tumultos o desordenes sociales y por ende debe ser sancionado con mayor intensidad, para ello se eleva el mínimo y el máximo a quienes realicen actos intimidatorios y que tengan como finalidad afectar el funcionamiento de instituciones básicas que regulan la vida en sociedad", indicó.
"Este tipo de intimidaciones no pueden ser equiparadas a cualquier otra, menos aún a simples amenazas que nuestro código también prevé, puesto que por su gravedad e injusticia resultan excepcionalmente dañinas. Además, los procedimientos para desactivar o verificar las posibles consecuencias de los actos intimidatorios resultan complejos y extremadamente onerosos", sostuvo el diputado.
"Es tiempo de legislar pensando, no tan solo en las consecuencias psíquicas, sino también en el costo de estas situaciones. No hay razón de que el ciudadano pague con su angustia y sus impuestos estos delitos”, expresó el diputado Mestre.
Al respecto, pidió endurecer las penas estableciendo prisión de entre 2 a 6 años a quienes "para infundir temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales,diere voz de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleara otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos".
"Cuando para ello se emplearen explosivos, agresivos químicos o materiales afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de 3 a 10 años", señala su proyecto.
Por otro lado, Mestre instó este martes a sus pares de la Cámara Baja a eliminar las próximas primarias que tendrán lugar este año a nivel nacional y sostuvo acerca de las Paso: "Son un útil y democrático mecanismo para la elección de candidatos dentro los partidos. Sin embargo su existencia carece de sentido (por su fin y su costo) en supuestos casos donde existan acuerdos y más aún ante un contexto de dificultad económica como el que estamos atravesando".
