En medio de la crisis, renace la discusión por el aumento del boleto

Las conversaciones respecto a un nuevo aumento en la tarifa del transporte público de la ciudad de Córdoba se meterá de lleno en las discusiones capitalinas, por estas horas concentradas en torno a las formas que tomará la transición entre la saliente gestión de Ramón Mestre y las autoridades que deben asumir el mando del Palacio 6 de Julio en el mes de diciembre.

Los reclamos empresarios están a la orden del día desde hace tiempo atrás y se incrementaron en las últimas semanas a partir de dos argumentos que se ponen a jugar desde el plano de político: el inminente cambio de mando y el reciente visto bueno que la provincia le dió al aumento de los interurbanos que sienta una referencia para discutir números cercanos al 30%.

Antes de tomarse una sorpresiva licencia, el Intendente Mestre habilitó la entrega de un “subsidio no reintegrable” a las tres empresas que se hacen cargo de la prestación del servicio de transporte urbano en la ciudad (ERSA, Autobuses Córdoba y Coniferal) para cubrir los mayores costos que se incrementaron a partir del acuerdo pre-paritario alcanzado a nivel nacional por los trabajadores de la UTA: un bono de $5.000 por chofer, a pagar por única vez con el fin de compensar la pérdida del salario ante la escalada inflacionaria.

Mestre firmó el decreto hace una semana y de esa manera logró calmar los ánimos de los empresarios que ya tienen lista una nueva minuta de costos para elevar a las autoridades municipales y avanzar con una nueva “actualización tarifaria”. El aumento que hasta finales del año pasado contemplaba una tarifa ubicada por arriba de los $26 se actualizó este jueves llegando a los $30,25. Teniendo en cuenta que la paritaria nacional con los choferes todavía no tiene un número contemplado y que el impacto de los costos de los combustibles en los gastos de funcionamiento intentarán ser paliados de alguna manera por los empresarios del sector, nadie se anima a asegurar que este sea el último aumento que discuta el Concejo Deliberante en la era Mestre. “Con los niveles de inflación que tenemos probablemente este año sean dos o tres los aumentos” advirtieron desde la Fetap al formalizar el pedido.

Un poco de historia

Cuando Ramón Javier Mestre asumió su cargo, allá por diciembre del año 2011, el boleto del transporte urbano de pasajeros costaba $2,50. A los tres meses de gestión, el precio ya se había elevado hasta los $3,20.

Si bien ese primer empuje es adjudicado al “retraso” que había “impuesto” la gestión de Daniel Giacomino, los aumentos se continuaron de modo constante año tras año. El boleto llegó a los $4,10 en 2013, a los $5,30 en 2014 y alcanzó los $7,15 promediando el 2015.

Apenas comenzó a avanzar en su gestión, el ítem en torno al funcionamiento del servicio en la capital provincial pasó a ser una de sus preocupaciones centrales. Su entonces Secretario de Transporte, Juan Pablo Díaz Cardeilhac, tuvo en sus manos la misión de “ordenar” el sistema en la clave que caracterizó a esta gestión. Avanzó en la privatización del servicio, se hizo cargo de negociar las condiciones para los pliegos y renegoció el acuerdo con Siemens, con quien el municipio integró una UTE (unión transitoria de empresas) que se había hecho cargo del sistema de pago del transporte urbano a través de la Red Bus. Salió eyectado de la función pública en 2014 cuando su nombre quedó vinculado a la causa CBI tras aparecer en la carta del fallecido Jorge Suau.

Al finalizar la primera gestión del actual Intendente, los cordobeses pagábamos una tarifa que ascendía a los $9,15; un 45% más que los rosarinos, que pagaban $6,30. En diciembre del 2016 el Concejo aprobó un nuevo aumento que llevó el precio a los $12,55.

Los cordobeses pagábamos una tarifa que ascendía a los $9,15; un 45% más que los rosarinos, que pagaban $6,30. En diciembre del 2016 el Concejo aprobó un nuevo aumento que llevó el precio a los $12,55.

Cuando en noviembre de 2017, el costo del boleto subió a $15,38, el Ejecutivo se guardó en la manga una herramienta que le brinda la posibilidad de aplicar aumentos de modo unilateral. La incorporación de la cláusula que otorgaba al Intendente el poder de subir el precio del boleto por decreto cada cuatro meses, siempre que haya variación de los costos salariales y del precio del combustible, relegó la participación del Concejo Deliberante salvo que tales variables tengan un alza superior la inflación.

Con la inflación desbocada que caracterizó a la gestión Cambiemos a nivel nacional, las autoridades del Palacio 6 de Julio hicieron uso de la herramienta que, ante la paulatina caída de subsidios, le sirvió al mestrismo para “calmar” los reclamos empresarios. A mediados de 2018, el intendente autorizó un aumento del 11,97% argumentando impacto inflacionario y cierre de paritarias (de UTA) en alza. Así, el boleto llegó a los $17,22.

Sin embargo, las presiones de las empresas obligaron a las autoridades a volver a poner el foco sobre el cuerpo de legisladores que, a finales del 2018, aprobó la suba que volvió a posicionar a Córdoba como la ciudad en la que se paga el boleto más caro de todo el país: en noviembre de 2018, el boleto escaló un 37,5% alcanzando los $23,70.

Los subsidios nacionales se habían congelado desde el mes de abril y eso servía para explicar, en una parte fundamental, el aumento del boleto que rozó un interanual 2017-2018 el 54% de aumento contra una inflación oficial que se ubicó en 47,6%.

Para evitar sobresaltos de cara al año electoral, en diciembre, Mestre acordó con Schiaretti la firma de acuerdo por el cual la Provincia se comprometió a subsidiar al transporte de la ciudad por $1100 millones con el único fin de mantener la tarifa de colectivos (lo mismo hizo con las principales administraciones municipales cordobesas). Junto a los 496 millones que aportaba por entonces la Nación, la ayuda total ascendía a los $1596 millones y la tarifa lograba un equilibrio entre lo imaginado por la gestión y lo solicitado por las empresas. El plazo de gracia de aquellos acuerdos se extendía apenas hasta marzo.

“Si la inflación no se detiene y cada vez va haber menos ayuda nacional y vamos a tener que atender más con la tarifa” había dicho el titular de la cartera de Servicios Públicos, Pablo Farías, allá por noviembre del 2018. A la luz de la realidad que desde entonces fue marcando el trajinar de la economía argentina, esa “atención” parece ser inminente.

Comparando los datos de finales de 2018, momento en que se aplicó el último aumento, el costo había aumentado un 848% durante la gestión del radical.

El más caro

Desde comienzos de la segunda gestión de Ramón Mestre, el boleto que pagan los cordobeses es el más caro del país. Por razones varias, esa realidad ha intentado ser justificada cada vez que el tratamiento en pos de un nuevo aumento se acerca al Concejo Deliberante. Pero los números hablan por sí solos. Comparando los datos de finales de 2018, momento en que se aplicó el último aumento, el costo había aumentado un 848% durante la gestión del radical (desde el sábado habrá alcanzado el 1020%). En el mismo período, el aumento del IPC (Índice de Precios al Consumidor) cordobés había sido de cercano al 480%, según números oficiales.

En la actualidad, sólo las proyecciones que llegan desde Bariloche, Río Gallegos y Salta podrían superar a la ciudad de Córdoba en el ranking de las tarifas más altas en materia de transporte urbano. Son sólo esas tres ciudades las que estipulan llegar a fin de año con un boleto más alto que el cordobés, que experimentó su último salto hace ya ocho meses y parece empecinarse en conservar el infausto liderazgo obtenido durante los últimos años.

Con este número ya editado, la Municipalidad de Córdoba, haciendo uso de la cláusula que le permite establecer un aumento de modo unilateral, anunció que desde este sábado 1° de junio el boleto urbano de pasajeros aumentará un 18% y tendrá un valor de $28.

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