Alta Gracia, Dique Chico, Anisacate, Santa Ana y San Clemente son las localidades de Paravachasca que sancionaron normas restrictivas a las fumigaciones con agrotóxicos.
Ed Impresa 17/05/2019 Adrián Camerano
Especial para La Nueva Mañana
Un día de 2008 Tomás visitó un comercio del centro de Alta Gracia, donde tenía que realizar un trabajo de vidriería. Charla va, charla viene con los encargados del lugar, les contó que horas antes se había mudado a Portales del Sol, un nuevo barrio. “Ah, nosotros tenemos un lote al lado, lo fumigamos ayer”, le dijeron. Así se enteró Tomás Mc Callan de que su flamante hogar, inserto en un coqueto loteo ubicado al norte de Alta Gracia, colindaba con campos sojeros fumigados durante años.
Los Mc Callan, que provenían de un barrio urbano, eran absolutamente ajenos al tema. “Ni sabíamos qué era una fumigación”, rememora “Tommy”. Pero desde aquel día de 2008 y tras una pelea de años que incluyó reclamos, movilizaciones y camionetas cruzadas delante de los “mosquitos” fumigadores, se convirtieron en expertos en el tema.
Tiempo después, en 2012, la larga lucha de un grupo de vecinos de Portales del Sol y de otros sectores de Alta Gracia devino en la sanción de la ordenanza 9375, que creó una Zona de Resguardo Ambiental en la que no se puede aplicar, y donde el municipio propone un modelo de agricultura ecológica que en la práctica nunca nació.
“Fue una pelea dura, necesaria y que estuvo buena, pero que a mí y a mi familia nos saturó. Porque tras la sanción de la ordenanza había que fiscalizar las aplicaciones permitidas, firmar convenios con comunas cercanas, en fin, toda una cuestión que nos cansó”, recuerda Mc Callan.
La ciudad de Alta Gracia se inscribe en el puñado de localidades del valle de Paravachasca que, amprándose en el derecho a la salud y el ambiente sano, sancionaron normas restrictivas de las fumigaciones con agrotóxicos. Ordenanzas o resoluciones que no en todos los casos se cumplen, por un lado, y que resultan limitadas cuando operan sobre ejidos urbanos colindantes a jurisdicciones que no han avanzado con normativas restrictivas de la misma especie. Y que en ocasiones fiscalizan policías ambientales flacas de recursos técnicos y humanos.
La ciudad de Alta Gracia se inscribe en el puñado de localidades del valle de Paravachasca que, amprándose en el derecho a la salud y el ambiente sano, sancionaron normas restrictivas de las fumigaciones con agrotóxicos.
De todos modos, y más allá de algún caso puntual, en la ciudad del Tajamar la ordenanza se cumple. “El tema se calmó, se durmió”, evalúa Mc Callan, pero señala que lo que floreció en los campos donde ya no fumigan es “un gran negocio inmobiliario”. A la vez, la Zona de Resguardo de 1500 se va corriendo conforme crece el casco urbano, y así “choca” -por ejemplo- con el territorio de Falda del Carmen, que no reguló el tema. La ordenanza, además, fue judicializada por productores locales que vieron afectados sus negocios, en una causa en la que la demandada es la propia Municipalidad –en definitiva, los vecinos- y donde la ONG Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) interviene como “tercero interesado”. Los demandantes, productores sojeros con intereses en minería, arguyen que la norma es inconstitucional, porque legisla en ampliación a lo que estipula la ley provincial, de mayor jerarquía normativa; el fallo está al salir.
Otras localidades cercanas, en tanto, presentan un panorama distinto. Como Dique Chico, que en 2017 reguló las aplicaciones mediante la resolución comunal 242, que no se aplica, gracias a una resolución judicial que la frenó. Aquel año la lucha vecinal forzó al jefe comunal Nilo Pérez a sancionar la normativa local, que establece una zona de resguardo para proteger a la población, en un pueblo donde las aplicaciones se realizan muy cerca de la escuela primaria del lugar. Pero productores locales judicializaron la normativa, lograron una suspensión temporaria y a la fecha fumigan –no sin conflicto- en las adyacencias de la localidad. “A principios de diciembre de ese año ingresaron un amparo y ordenaron la cautelar el 28 de ese mes, reafirmando la medida en abril del 2018, mediante la resolución 109 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 2 de Córdoba”, informó Diana Hernández, vecina de la zona. No conformes con ello, varios de los productores protagonizaron una movida inédita: integrar una lista para disputar la jefatura comunal, con el objetivo claro de derogar la norma comunal que hoy se dirime en el Poder Judicial. No pudieron: Pérez, que en 2015 había ganado por apenas 15 votos, fue reelecto y por amplio margen el pasado 12 de mayo, en lo que fue leída como una ratificación no sólo de la gestión comunal, sino del paradigma de un Dique Chico libre de agrotóxicos, o al menos con fumigaciones reguladas.
“Queda más que claro que la gente votó el modelo de no a los agroquímicos, es la línea que venimos trabajando desde hace dos años. Seguimos defendiendo la resolución 242”, señaló Pérez a La Nueva Mañana, y dijo que “la gente eligió la salud”. “El rumbo es ése, ganar el juicio y ampliar el radio comunal para erradicar las fumigaciones de los campos vecinos”, cerró.
Para Hernández, la elección “ha sido un mensaje contundente del pueblo para con estos sectores que pretendían bajar esa medida, que había sido progresiva”. Y celebró que “de dos años a esta parte el pueblo es ya un pueblo consciente”.
Muy cerca de Dique Chico, Anisacate se erigió en 2007 como la localidad pionera en la zona en lo referente a normativa local sobre fumigaciones. La resolución 124 que firmó el eterno intendente Ramón Zalazar –también ratificado el 12 de mayo, en el que será su último mandato- estableció un ejido urbano “libre de agroquímicos”. La medida fue ratificada en 2012, cuando la localidad fue municipio, a través de una de sus primeras ordenanzas, la Nº14; en ella se establece una zona de resguardo ambiental, compuesta por todo el ejido de la localidad.
La castigada Santa Ana, que padece la amenaza de Cormecor, también siguió un camino similar. Pero la normativa sancionada en 2012 tiene al parecer una aplicación irregular. “La ordenanza 30 del 24/5/2013 refiere a la prohibición del cultivo de soja desde la línea urbana y hasta un radio de 270 metros del mismo. Lo cual en primer lugar no se respeta, y en segundo lugar las recetas se aprueban por personal no idóneo en la práctica”, señaló la ex concejal Paola Rivero en una denuncia presentada a la Defensoría del Pueblo de Córdoba. La oficina estatal estaría investigando la aparición de enfermedades respiratorias en niños de la zona, “posiblemente ocasionadas por los agroquímicos”, indicó Rivero, y completó: “Aquí se fumiga aún cuando hay fuertes vientos”.
La nómina de localidades de la zona que han regulado las aplicaciones la completa la bucólica San Clemente, al pie de las Altas Cumbres, cuyo jefe comunal –que perdió el 12 de mayo pasado- firmó una resolución restrictiva en 2013.
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