El Gobierno provincial confirmó que desde 2015 aumentó exponencialmente la cantidad de internos en el sistema penitenciario. En cinco meses murieron al menos 10 detenidos.
Ed Impresa 17/05/2019 María del Mar Job
Especial para La Nueva Mañana - DERECHOS HUMANOS
Familiares de detenidos e integrantes de organizaciones de derechos humanos escuchan bajo la lluvia una voz que se escucha por el altoparlante: “No nos atienden y la gente se muere en el servicio médico porque es mentira de que la sacaron viva, de acá la sacaron muerta a la señora Carmen Oviedo”. Es la voz de una interna de la cárcel de Bouwer que habla por teléfono y se refiere a María del Carmen Oviedo, una interna de 60 años, que falleció el pasado 7 de mayo, luego de que se descompusiera en Bouwer y fuera trasladada al hospital Misericordia.
Los Autoconvocados Anticarcelarios de Córdoba denuncian que en lo que va del año, fallecieron unas 11 personas detenidas en el Sistema Penitenciario de Córdoba.
Por su parte, el Servicio Penitenciario de Córdoba informó oficialmente nueve muertes en los primeros cinco meses del año, cuatro de ellas fueron mujeres alojadas en el penal de Bouwer, un sector que no es señalado como problemático por la sobrepoblación carcelaria, como sí lo son los pabellones masculinos.
“Son muertes dudosas, la mayoría de las muertes fueron por falta de atención médica. Hay enfermedades crónicas que se vuelven enfermedades mortales por la falta de atención médica”, denuncia Adriana Revol, integrante de Autoconvocados Anticarcelarios de Córdoba y agrega que los médicos del servicio penitenciario están para aplicar métodos de tortura como camas de sujeción (que consiste en que el interno esté días y horas atado de pies y manos), chalecos químicos y celdas de aislamiento.
El caso de Luis Guevara, un joven de 27 años, que falleció el pasado 20 de febrero en el Hospital Córdoba llegó a la Justicia y su padre, Julio Guevara se constituyó como querellante.
“La muerte de Luis fue consecuencia de un abandono de persona, de una desatención tanto en los complejos carcelarios dónde estuvo, tanto en el EP9 o en la UCA y en Bouwer y luego en el Hospital Córdoba, según relato de los propios familiares tampoco recibió la atención que recibe cualquier persona que ingresa al hospital. Ya por el solo hecho de estar esposado a una cama, algunos médicos no se acercan, no lo revisan, no le hablan, controlan el suero y nada más”, indicó la abogada del querellante, Victoria Siloff en diálogo con La Nueva Mañana.
Luis sufría de toxoplasmosis y se encontraba en lista de espera para un transplante hepático.
Según la familia, pese a su estado de salud le negaron la prisión domiciliaria y desde que quedó detenido el 21 de diciembre hasta que falleció el 20 de febrero, durante todos esos días no tuvo la medicación que tomaba diariamente.
“En la fiscalía nunca le quisieron recibir la documentación de su estado de salud y en los establecimientos penitenciarios tampoco le quisieron recibir ni los medicamentos que tomaba ni la comida especial que tenía que comer por su hígado y la respuesta de los empleados tanto de la fiscalías como de los establecimientos carcelarios era que los médicos de esos establecimientos iban a saber qué hacer y lo iban a alimentar bien”, indicó Siloff.
En marzo de este año, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación declaró “la emergencia en materia penitenciaria” por el término de tres años y oficializó la creación en el ámbito de la Secretaría de Justicia de una “Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria” que deberá reunirse cada quince días. En dicha comisión se deberá resolver el déficit habitacional, mejorar las condiciones de privación de la libertad y promover e implementar medidas alternativas a la privación de la libertad, especialmente para grupos vulnerables.
A nivel provincial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba rechazó declarar la emergencia penitenciaria. No obstante, admitió un crecimiento exponencial desde 2015 en la población carcelaria.
“A partir de 2015 creció exponencialmente la población carcelaria, hasta llegar hoy a 9.500 presos en toda la provincia. El SPC tiene capacidad para 9.643”, indicaron a La Nueva Mañana desde la cartera provincial.
De los 9.500 internos, unas 384 son mujeres alojadas en el EP3 de Bouwer. Y otros 300 detenidos en Córdoba son por delitos federales, por lo que “hay gestiones con el Gobierno nacional para que haga la cárcel federal”. Ante la consulta sobre la denuncia sobre superpoblación realizada por organizaciones y familiares de detenidos, desde el Ministerio indicaron: “Desde hace dos años se viene realizando obras de intervención y ampliación de módulos. También hay expedientes para realizar nuevas construcciones. Para este año se proyectan 1.500 nuevas plazas en Villa María, en Bouwer y con la construcción de la UCA 2 dentro del complejo de Bouwer”.
Tanto las organizaciones de derechos humanos como fuentes oficiales admiten que la sobrepoblación se debe a un abuso en las prisiones preventivas. Según el informe anual del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena de la Dirección Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en 2017 sólo el 54% de los presos estaba condenado. Es decir, casi la mitad de los presos argentinos se encuentran imputados pero sin condena. En otras palabras, la Justicia considera que probablemente esa persona haya sido culpable de lo que se lo acusa pero aún no hay una condena firme que determine si efectivamente es culpable o no.
Un dato no menos alarmante, es que durante ese año, unas 105 personas procesadas murieron en cárceles del país esperando su condena. En Córdoba, Revol denunció que “en los pabellones de preingreso en Bouwer ya no hay lugar para toda la gente ni siquiera dentro”.
“Hace rato que no hay colchones y la comida no alcanza para todos, pero ahora el espacio físico tampoco alcanza para todos, entonces algunos se están yendo a dormir al patio, los días de lluvia no importa, y todo lo que les brinda el servicio penitenciario es un nailon para que se tapen. No hay frazadas, los colchones los comparten, esto es realmente como un campo de concentración”, declaró.
Cuando se habla de derechos humanos en las cárceles es algo difícil para el común de la sociedad que muchas veces entiende a las cárceles como lugares de castigo y no de reinserción y rehabilitación social.
“Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”, sostiene el artículo 18 de la Constitución Nacional Argentina. Las presas y presos tienen derecho a la educación, salud y trabajo. Y que su integridad sea resguardada. El Gobierno de la provincia de Córdoba impulsó la creación de una mesa intersectorial integrada por representantes de la justicia Federal y Provincial, Ministerios Públicos provincial y Federal, Observatorio de DDHH de la Universidad de Córdoba, Ministerios de Salud, Educación y Justicia y Derechos Humanos y la Secretaria de Equidad y promoción de empleo, más la iglesia Católica.
“De las reuniones de la mesa han surgido diversas acciones, muchas que están en proceso, entre ellas, un nuevo protocolo de visitas para mejorar el contacto de las internas con sus hijos (como respuesta a la demanda de familiares e internas). El protocolo busca resolver cuestiones referidas a la documentación, de habilitación y delegación de responsabilidad parental”, indicaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
No obstante, los familiares insistieron durante su reclamo frente a Tribunales II el pasado 7 de mayo que se restringió el régimen de visita, ya que quienes pueden visitar a las personas presas son los familiares directos con el mismo apellido y personas sin antecedentes, un problema cuando se sabe que en numerosos casos hay familias enteras que tienen antecedentes.
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