Los cuatro gremios docentes de la CGT realizaron un paro total este lunes
El paro de UDA, Sadop, AMET y CEA se sintió con más fuerza en Córdoba, Neuquén y San Juan, según los relevamientos.
La discusión de la iniciativa comenzará a las 10 en el plenario de comisión de Legislación Penal, Familia y Presupuesto y Hacienda.
País 28/03/2019 Redacción La NUEVA MañanaEl debate por el nuevo Régimen Penal Juvenil comenzará este jueves en tres comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación. La discusión del proyecto de ley presentado por el oficialismo comenzará a las 10 en el plenario de Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y Presupuesto y Hacienda.
La iniciativa tiene como eje central la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 15 años. Además, establece la intervención de una justicia especializada en la adolescencia y plantea que la prisión será el “último recurso” y “por el plazo más breve posible”.
Otro de los puntos centrales es que los adolescentes “no serán pasibles de sanciones privativas o restrictivas de la libertad en función de infracciones de naturaleza contravencional o de faltas”. Y el máximo de años de cárcel será de 15 y quedará prohibida “la imposición de reclusión y de prisión perpetua”.
Asimismo, uno de los artículos propone que en caso que las víctimas den su consentimiento, y sólo ante delitos menores, se incorporarán mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos, como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo.
A su vez, se prevén sanciones socio-educativas, tales como la asistencia a programas de formación ciudadana; la capacitación laboral, cultural y deportiva; o el tratamiento médico o psicológico.
La letra del proyecto postula que la prisión preventiva para los jóvenes de entre 15 y 18 años deberá ser por el plazo de un año. Además, se habla de distintos tipos de detenciones: domiciliarias, de “fines de semana”, en centros abiertos y en centros especializados, donde los menores “desarrollarán actividades formativas, educativas, laborales y de ocio”.
De aprobarse en el Congreso, los procesos judiciales contra adolescentes no serán públicos, excepto que el adolescente, con asistencia letrada, lo solicite. Se prohíbe asimismo la publicación de nombres, sobrenombres, filiación, parentesco o residencia del adolescente o su familia, como así también fotos o cualquier otro dato que posibilite su identificación.
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