El presidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro anunció que revisará las indemnizaciones que cobran las víctimas del terrorismo de Estado entre 1964 y 1985 en Brasil.
Según denuncia la oposición, el foco de la medida es desactivar un pedido pendiente de la ex presidenta Dilma Rousseff, quien había solicitado al Estado percibir ese pago por ya no contar con un cargo público. "Este gobierno trata a los adversarios como enemigos y desconoce la Comisión de Amnistía del Gobierno federal", denunció Rousseff en una carta.
Bolsonaro confirmó la decisión a través de su cuenta de Twitter, donde utilizó las comillas para poner en duda si las personas que reciben ese beneficio son realmente víctimas.
"Siguiendo la determinación de transparencia y responsabilidad con los recursos públicos, prioridad de nuestro gobierno (...) se realizará una auditoría de los beneficios sospechosos concedidos a 'víctimas de la dictadura' por la Comisión de Amnistía", escribió el presidente brasileño en la red social.
La comisión de Amnistía fue creada en 2001 en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso para cumplir el artículo de la Constitución de 1988 que obliga al Estado a reparar económicamente a las víctimas del régimen de facto brasileño, una dictadura que hoy es reivindicada por Bolsonaro y gran parte de su gobierno.
La ministra de Derechos Humanos, Mujer y Familia, Damaraes Alves, la pastora evangélica que atacó a la comunidad LGTBI a poco de asumir, será la encargada de revisar estas indemnizaciones y ya dejó en claro cuál será su posición respecto al pedido de Rousseff. "La tendencia es no reconocer eso", dijo la ministra el 31 de enero sobre el pedido pendiente de la ex presidenta, presa política y torturada en Río de Janeiro y Minas Gerais cuando militaba en el grupo de resistencia a la dictadura.
La ex presidenta recibió la indemnización correspondiente por parte de los estados de Rio y de Minas Gerais y los donó a la organización de derechos humanos “Tortura Nunca Más”. En una carta que escribió este fin de semana, Rousseff aseguró que nunca cobró esa indemnización porque desde 2003 ocupaba cargos públicos y entonces lo consideraba "indebido".
No obstante, aclaró que una vez que abandonó su puesto en el Palacio de Planalto volvió a hacer la solicitud para que el Estado cumpliera con el pago del beneficio. "Después de haber sido destituida en 2016 por un vergonzoso golpe de Estado apoyado en un fraudulento impeachment, decidí pedir, sin obstáculos de orden ético, a lo que tengo derecho. Reafirmo haber sido víctima de la tortura como centenares de otros jóvenes y viejos militantes de izquierda", aseguró la ex presidenta, quien impulsó durante su gobierno la Comisión de la Verdad para investigar los delitos de civiles y militares durante el régimen de facto brasileño.
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