Redacción La NUEVA Mañana
“El gobierno de Cambiemos mató una persona desarmada cada 22 horas”, así lo revela el informe preliminar de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) dado a conocer este miércoles, y cuyos datos finales se presentarán el 15 de marzo a las 18 horas en Plaza de Mayo.
La organización encabezada por la abogada María del Carmen Verdú informó que “por primera vez en 27 años” no pudo cerrar y presentar antes de fines de 2018 “el Informe de la Situación Represiva” por “la enorme cantidad de datos a procesar y la necesidad de estar presentes en innumerables conflictos cotidianos”.
Sin embargo los resultados preliminares de Correpi arrojan un nuevo récord de muertes a manos de las instituciones represivas del Estado argentino.
Según la información hasta ahora sistematizada, cada 22 horas en Argentina es asesinada una persona a manos de las policías y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional.
“Entre el 10 y el 31 de diciembre de 2015, tenemos registrados 27 casos. Si los sumamos a los 441 de 2016, 441 de 2017 y 297 conocidos de 2018, tenemos que, en 1.110 días de gobierno de la Alianza Cambiemos, el aparato represivo estatal mató 1.206 personas. La aritmética es implacable: 27+441+441+297=1.206”, analiza la organización.
En su informe de 2017, Correpi informaba que en 722 días de gobierno de la Alianza Cambiemos, el aparato represivo estatal mataba 725 personas. Es decir, hasta el año pasado, las fuerzas de seguridad asesinaron a una persona por día, cifra que pasó de 24 horas a 22, en este nuevo informe del 2018.
Como conclusión de estas cifras, que no son definitivas, se da cuenta “del más fuerte incremento de la represión estatal desde 1983, con un promedio de más de 400 asesinatos estatales al año en el marco de sus diferentes modalidades (gatillo fácil, muertes en lugares de detención, desapariciones forzadas, represión a la protesta o el conflicto social, femicidios de uniforme, etc.)”.
Desde la organización aclararon que la información del informe “no incluye aún las muertes en unidades penitenciarias federales, que la PPN informará en mayo de 2019, ni la totalidad de las muertes en unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires”.
Según Correpi “es indudable la influencia de la ‘doctrina Bullrich’, expresada en la defensa y apoyo oficial al fusilador Chocobar, la resolución sobre uso de armas de fuego para las fuerzas federales y los fallos judiciales en similar tesitura, en el crecimiento exponencial de los fusilamientos de gatillo fácil".
También, la organización señala como causal del triste récord "al endurecimiento del sistema penal con afirmaciones del tipo de ‘los prefiero amontonados y no libres’ explican el incremento de las muertes bajo custodia, tanto en cárceles como en comisarías”.
Vale recordar que Correpi elabora el informe desde el año 1996, en pleno menemismo, y que a falta de observatorios estatales, su informe anual se ha convertido desde hace tiempo en un documento fundamental para dar cuenta de “los casos conocidos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal”.
