El fiscal Raúl Garzón imputó al titular de los anestesistas por desobediencia a la autoridad.
Esto a partir de la denuncia que presentaran Apross y el SEP contra los médicos que se supone cobraban por el servicio a los afiliados.
Las obras sociales, al parecer habían advertido a los profesionales sobre la incompatibilidad del cobro, medida que no habría sido atendida. De allí que el fiscal acuse al titular del gremio José María Catá por “desobediencia a la autoridad”.
Vale recordar que el pasado 3 de marzo los dirigentes gremiales Gustavo Jorge Luna, secretario Administrativo del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), y Hugo Daniel Zammataro, secretario de Acción Social de la Unión de Educadores de la Provincia (Uepc) presentaron una denuncia penal ante la Justicia contra la Asociación de Anestesistas de Córdoba (Adaarc).
Esta presentación se vincula con las supuestas irregularidades en las prestaciones del servicio para afiliados de Apross, en el marco del conflicto que mantienen los profesionales de la anestesia con la Administración Provincial de Seguro de Salud.
Dura respuesta de anestesistas
Por su parte, los anestesistas, tras conocerse la imputación, amenazan con duras medidas de fuerza.
Al respecto, Fabián Francioni, anestesista, advirtió que “hay idea de hacer un paro general en toda la provincia por esto, dónde se ha visto que trabajadores acusen a otros trabajadores, es una locura nunca visto esto”.
