Redacción La NUEVA Mañana
A través del decreto 907, que lleva las firmas de Gabriela Michetti y Marcos Peña, el Gobierno nacional cerró la posibilidad de investigar administrativamente la deuda del Correo Argentino, empresa de la familia Macri, con el Estado argentino.
El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez había pedido a la Procuración del Tesoro que investigara el rol de funcionarios de Ministerio de Comunicación, entonces a cargo de Oscar Aguad, quienes aceptaron la escandalosa propuesta de pago de deuda por parte del Correo (con una quita de casi el 100%).
“Recházase el recurso jerárquico interpuesto por el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas contra la Resolución 40 del 3 de mayo de 2018 de la Procuración del Tesoro de la Nación, por los motivos expuestos en los Considerandos de la presente medida”, señala el decreto. Y agrega: “Hágase saber al recurrente que con el dictado del presente acto queda agotada la vía administrativa”.
La maniobra del Gobierno nacional se comenzó a trazar hace casi un mes, cuando el presidente Mauricio Macri se excusó de intervenir en cuestiones relacionadas al Correo Argentino y delegó estas decisiones en la vicepresidenta Gabriela Michetti, destaca Tiempo Argentino este martes.
Así, con el argumento del “decoro, delicadeza y transparencia”, Macri se alejó de una decisión polémica que podría haberlo puesto nuevamente en el blanco de las críticas, como ocurrió cuando debió ordenar volver a “foja cero” con el acuerdo con el Correo.
Sin embargo, entre los argumentos, el texto señala que la investigación administrativa no debe continuar ya que, por pedido del Presidente, se había declarado la nulidad de ese acuerdo.
"El agravio relacionado con la declaración de nulidad de todo lo actuado en el sumario desde la clausura de la investigación efectuada, a fin de continuar con la pesquisa y las medidas probatorias, no puede prosperar", señaló el decreto.
Que se haya cerrado la instancia administrativa implica que solo quedará la causa judicial, impulsada en soledad por la fiscal Gabriela Boquín, quien en su momento se opuso a la condonación de 70 mil millones de pesos de la deuda.
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