Mediante la ley, el Gobierno busca volver a gravar la actividad de mutuales y cooperativas. Desde el sector denuncian inconstitucionalidad.
Política 16/10/2018 César Pucheta
Por: César Pucheta - Especial La Nueva Mañana
Terminaba el 2017 cuando las luces de alerta de los diferentes sectores de la sociedad argentina empezaron a posarse sobre el Congreso de la Nación. La historia del país y de sus partes sabe que los diciembres son complicados y que las tensiones que gravitan a lo largo del año entre rumores, temores y amenazas pueden confluir en ese momento en que la ciudadanía empieza a bajar la guardia y esperar alivio en el cambio calendario.
El recuerdo colectivo mantendrá en su memoria emotiva las protestas por la reforma previsional, las calles colmadas de manifestantes, la policía avanzando sobre los propios congresistas y las cacerolas tímidas que se asomaron con el devenir de la noche.
Pero no todo quedó reducido a esa discusión, quizás una de las más sensibles a los humores nacionales. Cuando el año agonizaba, el Senado cerraba sus actividades dando luz verde a un paquetes de medidas económicas consideradas fundamentales para la administración Cambiemos. Junto al Presupuesto, se prorrogó el impuesto al cheque y se aprobó la Reforma Tributaria.
En aquel momento, luego de una prolongada y coordinada acción conjunta de todo el movimiento cooperativo y mutual del país, se logró dejar sin efecto el intento por gravar con el Impuesto a las Ganancias a esas entidades que, por su naturaleza, carecen de fines de lucro. Un año después, la historia vuelve a repetirse.
El artículo 85 de la Ley de Presupuesto que el oficialismo pretende aprobar para el ejercicio 2019 vuelve a quitar de la exención del Impuesto a las Ganancias a las cooperativas y mutuales que prestan servicios de ahorro, crédito y seguros.
“Parece una coincidencia, pero todo tiene que ver con decisiones políticas, cada vez que el Fondo Monetario Internacional condiciona la política económica del país, el Poder Ejecutivo intenta aplicar el impuesto a las ganancias a las organizaciones de la economía popular para acrecentar los ingresos y pagar los intereses de la deuda externa imponiendo su lógica recaudatoria, sobre todas las demás”, advierten desde el sector con intranquilidad; aunque conscientes de que si se la situación se pudo revertir en el 2017, se podrá volver a poner un freno en este 2018.
“La preocupación es grande y la situación muy delicada” dice a La Nueva Mañana Alejandro Russo, el Presidente de la Confederación Argentina de Mutuales, que a finales de la semana pasada estuvo encabezando un reclamo que unificó a todas las cooperativas de la Región Centro en la Ciudad de Córdoba.
“El problema no solo es de estas entidades sino de las sociedades en las que se encuentran insertas. El inconveniente central, en definitiva, será de los asociados que reciben algún tipo de beneficio por parte de las mutuales y las cooperativas distribuidas a lo largo del país”, advierte.
“Pensamos que el año pasado, cuando se pretendió gravar a estas instituciones a través de la reforma tributaria, ante la negativa de los diputados de la oposición se comprendió que ese tipo de acciones no se correspondían con la actividad y el espíritu del funcionamiento de estas entidades. Pero ahora nos encontramos con que intentan hacer lo mismo a través del Presupuesto”, señala Russo.
En la actualidad, el mutualismo abriga a seis millones y medio de habitantes en la Argentina y conjuntamente con el cooperativismo lleva servicios a una de cada dos personas en todo el país a través de 4.850 mutuales diseminadas en forma de red en cada una de las regiones que componen el territorio nacional.
Entre mutuales y cooperativas, además, se genera trabajo para más de 300 mil personas en forma directa, número al que es necesario agregar a todas las personas que tienen trabajo de forma indirecta. “Somos una usina de trabajo que abre las posibilidades de cientos de miles de familias en todo el país”, dice Russo.
El titular de la filial Córdoba del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Pablo Tissera, señala que “existe una cuestión de orden ideológico que motiva acciones como la expresada en el artículo 85. Para los ideólogos del liberalismo, las cooperativas y mutuales son entendidas como empresas equiparables a cualquier sociedad comercial. Para ellos no tiene ningún sentido la apuesta al apoyo de los desarrollos locales de las comunidades. Ellos entienden que somos empresas que estamos en ventaja a partir de una competencia desleal con el resto en el sistema financiero, particularmente con la banda privada que principalmente es extranjera. Ahí el lobby es muy fuerte, por eso nos quieren gravar para ponernos en igualdad de condiciones con cualquier empresa multinacional y eso es filosóficamente erróneo”, explica a La Nueva Mañana.
“Cualquier beneficio de carácter impositivo para el sector de la economía social para ellos representa una situación que habilita la competencia desleal, pero cuando el Gobierno hace exenciones, otorga subsidios y decide algún beneficio para que vengan inversiones extranjeras nadie advierte ningún problema. Eso, a la larga, son los capitales golondrina que se después se llevan todo”, dice Tissera.
“Parece una coincidencia, pero todo tiene que ver con decisiones políticas, cada vez que el Fondo Monetario Internacional condiciona la política económica del país, el Poder Ejecutivo intenta aplicar el impuesto a las ganancias a las organizaciones de la economía popular”.
Siguiendo los datos que actualmente se manejan desde los sectores de la economía popular, el aporte de estas organizaciones a los clubes, a la salud, a la capacitación o a la cultura es ampliamente superador a la pretensión tributaria que persigue el Gobierno (cerca del 2% del patrimonio neto que es coparticipable, casi en un 50%, entre las provincias).
Para los representantes del sector, lo más llamativo es que atentos a la situación que atraviesa el país y a la pretensión del Estado de que cada sector aporte algo para avanzar en las soluciones, se ataque a aquellas organizaciones que colaboran socialmente para garantizar las necesidades básicas de la población.
La etapa de recesión en la que entró la economía nacional en los últimos meses, afectaron sensiblemente al bolsillo del ciudadano argentino promedio. “Cuando un empleado no llega a fin de mes recurre a las mutuales para que le pueda dar sustento a través de algún tipo de préstamo o ayuda económica pero también a través de la salud, de la capacitación, del turismo y de otras tantas herramientas que nuestras entidades tienen para brindar el apoyo a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad empujados por el contexto desfavorable que vive el país. Tanto el cooperativismo como el mutualismo son la ambulancia que viene a ayudar al país cuando se viven momentos de crisis” destaca Russo.
Expectativas, reclamos y trabajo colectivo
A partir de la puesta en conocimiento de las intenciones manifiestas en el Presupuesto, el movimiento cooperativo y mutual volvió a poner en marcha una serie de estrategias con las que ya obtuvieron respuestas positivas en la discusión de diciembre del 2017.
Al masivo acto del viernes hay que sumarle que, en Córdoba, representantes del sector se reunieron con los diputados nacionales Gabriela Estévez y Pablo Carro para manifestar su preocupación por lo dispuesto en el artículo 85 y lo propio harán con los legisladores provinciales que integran la comisión cooperativas y mutuales de la Legislatura de Córdoba.
“Una de las cosas que cambiaron entre diciembre del 2017 y diciembre del 2018 es la aparición del pacto fiscal donde los gobernadores se comprometieron con el Ejecutivo nacional a acompañar determinadas acciones que son fundamentales para el desarrollo estratégico de la administración central”, señala Tissera al tiempo que agrega que legisladores como Javier Bee Sellares (UCR), Ricardo Vissani (UpC) y el propio titular de la bancada del oficialismo en la Unicameral, Carlos Gutiérrez, se manifestaron a favor de elevar un pedido a diputados y senadores para que den de baja el artículo 85 del proyecto de Presupuesto 2019.
Para Russo, deben seguir aceitando los mecanismos de representación de las entidades del sector que cuenta con la representación de cuatro directores en la mesa directiva del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
“El mutualismo no demanda absolutamente nada al Estado porque es un sistema de autogestión que encuentra su eje central en la democracia. Solo pedimos que los legisladores no se equivoquen, que reconozcan el marco jurídico en el cual nos paramos. Emitir una ley que está contra la naturaleza jurídica de nuestro sector significará un daño absolutamente irreparable, sentencia. La posible solución se concentra, a esta hora, en el Congreso de la Nación", concluye.
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