Unión por Córdoba busca unificar la administración de los bienes del Estado provincial dándole al Ejecutivo un poder unilateral para la venta de inmuebles, hoy de dominio público. La oposición advierte inconstitucionalidad.
Economía 08/10/2018 César Pucheta
Por: César Pucheta - Especial La Nueva Mañana
El 2018 ha sido un año atípico para la Unicameral cordobesa. En un año marcado por los reacomodamientos internos y un clima preelectoral que parece enmarcarlo todo, la legislatura que más sesiona entre las provincias argentinas ha pendulado entre la quietud y las discusiones de pasillo.
Apenas si la provincialización de las discusiones nacionales sirvió para recalentar un poco el ambiente que, entre mayorías automáticas que habilitan y obstruyen discusiones y decisiones políticas en pos de la “gobernabilidad”, fue frío por regla general.
En los últimos días del mes de septiembre, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley que actualmente se discute en las comisiones de Economía y de Legislación General. La intención es crear un Sistema Unificado de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado “a los fines de optimizar el aprovechamiento de los inmuebles provinciales en condiciones de seguridad y transparencia” que perseguirá el objetivo de “generar una base de datos única que sea utilizada por todas las dependencias provinciales”.
El objetivo es claro y la intención, así presentada, cuenta con el apoyo de los bloques más representativos de la oposición parlamentaria. Al fin y al cabo, nada tiene de malo intentar regular “la organización, administración, dirección, fiscalización e instrumentación de la disposición o constitución de derechos reales sobre bienes inmuebles del Estado Provincial” distribuidos a lo largo de todo el territorio. Pero, en estos tiempos cargados de dobles lecturas y ases bajo la manga, siempre aparecen los grises.
La intención es crear un Sistema Unificado de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado “a los fines de optimizar el aprovechamiento de los inmuebles provinciales en condiciones de seguridad y transparencia” que perseguirá el objetivo de “generar una base de datos única que sea utilizada por todas las dependencias provinciales”.
El punto conflictivo del proyecto del Ejecutivo aparece en el artículo que hace referencia a la disposición sobre esos inmuebles. Textualmente, el proyecto que lleva la firma de Juan Schiaretti y Carlos Massei, establece que “el Poder Ejecutivo podrá, excepcionalmente, constituir derechos reales sobre bienes inmuebles y disponer de aquellos que se encuentren desocupados y no hayan sido requeridos por ninguna jurisdicción dentro del plazo de ciento ochenta (180) días anteriores al inicio de las gestiones referidas. La disposición en tal sentido deberá estar rigurosamente fundada y se adoptará en Acuerdo General de Ministros”.
“Si aprobamos esto le estamos dando al Ejecutivo la posibilidad de avanzar sobre una facultad constitucional de la Legislatura para que el gobernador, por decreto, venda cuanto inmueble se le ocurra dentro de la Provincia de Córdoba” advierte Javier Bee Sellares. “Esto me parece lo más grave de todo esto que debemos poner en conocimiento de la opinión pública porque no se puede pasar por sobre la Constitución” dice al ser consultado por La Nueva Mañana.
Para el legislador radical, el proyecto violenta uno de los puntos establecidos en el artículo 104 de la Constitución provincial que establece que es atribución de Unicameral el “legislar sobre el uso y enajenación de las tierras de propiedad del Estado Provincial y dictar leyes de colonización que aseguren una más productiva y racional explotación de los recursos agropecuarios”.
El temor está fundado en la cantidad de bienes provinciales en desuso (en un número no demasiado claro, se habla de cerca de mil propiedades en esa situación) y en una necesidad recaudatoria que, se estima, enfrentará el Ejecutivo provincial el año próximo, entre necesidades de funcionamiento en contextos de ajuste y planificaciones estratégicas en tiempos electorales.
El texto deriva a la “Autoridad de Aplicación” de la ley las decisiones sobre los “bienes inmuebles que se tornasen innecesarios para la jurisdicción que los tuviera afectados bajo su órbita” pero en ningún momento aclara cómo estará conformado ese órgano en el que se concentrarán las decisiones y que, entre sus atribuciones, tendrá la obligación de “suscribir, en nombre y representación del Estado Provincial, las escrituras mediante las cuales se transfiera el dominio de bienes inmuebles a favor de la Provincia o de ésta a terceros”. La poca claridad también es un síntoma de estos tiempos.
Por lo general, la Legislatura trabaja en pedidos de expropiación sobre bienes inmuebles que buscan ser utilizados con un fin diferente, como puede ser su inclusión en algún proyecto de obra pública; pero resultan al menos extraños los casos en los que se propone la venta de propiedades del Estado.
Las discusiones se basan en detalles técnicos y legales que dan lugar a los debates en torno a la utilidad pública de los inmuebles a expropiar. Si bien el artículo en cuestión establece la necesidad de una “disposición rigurosamente fundada” en base a un acuerdo general de ministros, la oposición advierte sobre el riesgo que ninguno de los procesos que en la actualidad habilitan las transacciones quede efectivamente en pie.
Desde el oficialismo asumen que es demasiado temprano para acelerar alertas sobre un proyecto de ley que aún debe ser debatido en comisiones.
Promediando su primera gestión, en junio del año 2010, el gobernador Juan Schiaretti presentó un proyecto a través del cual puso a la venta nueve dependencias policiales. El argumento elegido para avanzar sobre la discusión se sostenía sobre la antigüedad de dichos inmuebles y la necesidad de refuncionalizar las condiciones edilicias de la Policía de Córdoba.
En aquel momento, y pese a la negativa todo el arco opositor, el oficialismo habilitó la creación de una cuenta especial “integrada con la totalidad de los recursos obtenidos” que específicamente se destinó a los gastos demandados para la construcción de nuevos edificios para comisarías seccionales y para la relocalización de otras dependencias policiales. Las nuevas dependencias se crearon con el paso de los años y las gestiones. También era un año preelectoral.
Según estiman los datos que hoy se analizan en la legislatura, la Provincia administra unos seis mil inmuebles en los que funcionan escuelas, hospitales y dispensarios provinciales y comisarias que, en su gran mayoría se concentran en el interior provincial (80%) mientras que tan sólo un 20% se encuentran ubicados en la Ciudad de Córdoba.
El ojo de los opositores está puesto sobre esos bienes que se concentran en el interior y cuyo valor es incalculable para el grueso de los habitantes del territorio provincial que, en su gran mayoría, desconocen la propiedad de los terrenos y edificaciones dispersas a lo largo de 427 municipios y comunas de Córdoba.
La gran pregunta es qué sucederá con el histórico edificio donde funciona actualmente la Unicameral ya que se estima que desde mediados del 2019, la Legislatura de Córdoba trasladará sus actividades a la nueva “Casa de las Leyes” en la avenida 24 de Septiembre.
Pero la advertencia más concreta se concentra en el centro de la capital. Se estima que desde mediados del 2019, la Legislatura de Córdoba dejará de funcionar en la tradicional esquina de Deán Funes y Obispo Trejo (donde se ubica desde el año 1918) para trasladar sus actividades a la nueva “Casa de las Leyes” que se alza frente a la avenida 24 de Septiembre, en el mismo predio que ocupa el “Centro Cívico del Bicentenario”, sede del Poder Ejecutivo.
Pese a que desde los pasillos del panal y el palacio legislativo se comenta que el destino de la histórica construcción de la peatonal cordobesa mantendrá su estructura y continuará bajo la órbita del Gobierno provincial, nada está escrito hasta el momento al respecto por lo que nadie se anima a afirmar que alguna parte de dicha edificación no termine por trocarse en pos de alguna finalidad recaudatoria. Tampoco lo contrario.
En pos de eficientizar la administración, los defensores del proyecto también advierten que la distribución edilicia de algunas sedes administrativas que corresponden a las diferentes órbitas del Estado han quedado desfasadas con el desarrollo inmobiliario de las diferentes ciudades y de la propia estructura edilicia de la provincia que fue renovada casi por completo desde la creación del nuevo Centro Cívico.
Por esa razón, el proyecto ordena a las áreas que componen la estructura orgánica del Ejecutivo, la tarea de administrar los bienes inmuebles afectados bajo su órbita; como así también propone “articular las acciones entre las distintas dependencias del Estado Provincial y de éste con las organizaciones vinculadas a la temática” para buscar el funcionamiento óptimo de cada una de las carteras provinciales.
“El Patrimonio Inmobiliario constituye uno de los recursos más relevantes con los que cuenta el Estado para dar cumplimiento a sus objetivos”, señala el gobernador Schiaretti en el mensaje en el que oficializó la presentación de la iniciativa. Allí destaca también que parte de “su buena gestión implica enfocarse en lograr su óptimo y eficaz aprovechamiento, bajo un esquema de sustentabilidad, transparencia y austeridad”.
Según su mirada, esta versión local de la modernización administrativa en la gestión de los bienes del Estado “procura una visión integral e interdisciplinaria en la gestión de bienes inmuebles, involucrando a distintos organismos del Estado en el diseño y evaluación de políticas públicas vinculadas con la materia, dejando prevista la posibilidad de participación de organismos de la sociedad civil”.
El temor está fundado en la cantidad de bienes provinciales en desuso (en un número no demasiado claro, se habla de cerca de mil propiedades en esa situación) y en una necesidad recaudatoria que, se estima, enfrentará el Ejecutivo provincial el año próximo.
La constitución de ese Consejo Consultivo Asesor será otra de las obligaciones de la Autoridad de Aplicación que dispondrá el Poder Ejecutivo una vez aprobada la norma. Será presidido por un representante de dicha Autoridad y estará integrado por representantes del Registro General de la Provincia, de la Dirección General de Catastro, del Consejo General de Tasaciones y de la Secretaría de Arquitectura de la Provincia.
Fuera del ámbito de la discusión en torno a las facultades extraordinarias del Poder Ejecutivo, el proyecto de ley también permite al Estado transferir, ya sea a título gratuito u oneroso, parte de sus bienes a municipalidades y comunas según se encuentren estos en los respectivos ejidos urbanos de dichas administraciones. Las solicitudes al respecto deberán tratarse en las mesas de negociación que la administración provincial mantiene periódicamente con cada uno de los intendentes al frente de cada uno de los municipios.
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