Abusos en escuela musical de Córdoba: las denuncias llegarán al Congreso

Todo comenzó en abril del 2015 cuando la madre de una alumna de cuatro años que asistía a una escuela privada con orientación musical, ubicada en el Centro de la ciudad de Córdoba, denunció que su hija había sido abusada por el  profesor de música, Alejandro Reartes. 

A partir de ese momento, sólo fue cuestión de tiempo para que las historias de abuso se sucedieran una tras otra, dejando al descubierto una supuesta serie de atrocidades perpetradas contra niños de tres, cuatro y cinco años por Reartes.   

La niña de la primera denuncia explicó también que otra persona miraba, sacaba fotos y filmaba cuando Reartes los tocaba. También mencionó al coordinador musical del colegio y a una "mujer de delantal" que los limpiaba. 

La descripción de los hechos abre la hipótesis de una red de pornografía infantil y pedofilia que se servía de la escuela como medio.

Sin embargo, y a pesar de la gravedad de la situación, el sospechoso permanece en libertad, nunca fue citado a declarar y las 16 denuncias van camino a ser archivadas.

“Nuestra causa, como la mayoría de las otras, fue a proceso de archivo por decisión de la fiscal Alicia Chirino. Gracias a que somos querellantes, nuestro abogado interpuso una oposición y nuestro pedido de imputación pasó a un Juzgado de Control”, señaló a La Nueva Mañana una de las mamás querellantes.

Lo paradójico del caso es que los mismos denunciantes, es decir, los padres de las supuestas víctimas, fueron acusados desde la esfera judicial y cuestionados por su afán de llegar a la verdad: “No alcanza que nuestra hija haya declarado en pericias y Cámara Gesell que su profesor de música la tocaba, para la fiscal nosotros inventamos todo”.

La fiscal Chirino basó sus decisiones en los informes de los peritos psicólogos oficiales, que fueron rechazadas por los peritos de parte; mantiene el secreto de sumario y nunca imputó a los denunciados, a los cuales sólo sometió a pericias oficiales.

Por su parte, el ministerio de Educación decidió enviar a Reartes a tareas pasivas. Cabe aclarar que la escuela donde ocurrieron los supuestos abusos  es una institución privada que posee aportes del Estado.

Malos tiempos de la Justicia

Por otro lado, los padres destacaron que los tiempos fueron demasiado lentos. “Recién al año después de realizar la denuncia, y con procedimientos inadecuados para su edad, escucharon el testimonio de mi hija”, señaló otra de las madres quien tildó a la Fiscalía a cargo de “inoperante e incompetente”.

Asimismo, un punto llamativo fueron, según los padres, las demoras en las pericias oculares al colegio y la falta del accionar del ministerio de Educación para que se respeten los procedimientos judiciales.

“La escuela removió las alfombras y realizó reformas edilicias. Esto no puede haber sido más que intencional. Nuestros hijos llegaron al lugar y no podían reconocer con exactitud dónde sucedieron los hechos”, denunciaron.

Estas demoras e improlijidades provocaron la revictimización de los niños y niñas, la negativa de algunos a declarar y la declaración sesgada por el paso del tiempo.

Para los padres “la complicidad de todas las instituciones en este caso es sorprendente. Tanto el Ministerio de Educación, el colegio y el Poder Judicial, son cómplices de la impunidad de este profesor y de la de otros abusadores que están libres y sin imputación”.

De Córdoba al Congreso

Pablo López, diputado nacional por el Partido Obrero, se reunirá este martes con los padres de las víctimas en el despacho del legislador Eduardo Salas.

López es miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación y viene con el propósito de que el Congreso intervenga: "la fiscal decidió desestimar las 16 denuncias presentadas sin cumplimentar las investigaciones y procedimientos que hubieran permitido arribar a la imputación a los denunciados".

En ese sentido, señaló que Chirino “no permitió que los querellantes pudieran ejercer todos sus derechos y terminó acusando a los padres y revictimizando a los niños abusados y a sus familiares”.

Cabe destacar que la legislatura provincial emitió una declaración, que fue aprobada por unanimidad, para avalar el pedido de justicia y el esclarecimiento del caso.