Sólo tres médicas de la Maternidad Nacional garantizan el aborto

Mañana miércoles 8 de agosto, el Senado de la Nación tratará en su recinto el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. A pesar de que no hubo acuerdo para presentar despacho el pasado 1 de agosto, y el relevamiento de votos anticipados dan como mayoría el rechazo a la iniciativa, aún hay chances de que la legalización del aborto pueda transformarse en ley.

En ese marco, la agencia de noticias universitarias Unciencia difundió este martes una entrevista que refleja que en Córdoba hoy se vulnera un derecho consagrado hace casi cien años por la legislación argentina: la interrupción legal del embarazo. El conocido "aborto no punible" es reconocido desde 1921 en el Código Penal para los causales de violación y riesgo de vida o salud de la mujer.

Si bien la interrupción en estos casos fue avalada por la Corte Suprema de la Nación en 2012 (fallo FAL), en la provincia de Córdoba su aplicación está frenada por un amparo de la asociación Portal de Belén. 

Unciencia dialogó con Gladys Ponte, médica ginecóloga, docente de la Facultad de Medicina (UNC) e integrante del Departamento de Salud Reproductiva de la Maternidad Nacional, que es una de las tres profesionales que garantizan, en una provincia de tres millones y medio de habitantes, el acceso a ese derecho.

“Yo soy católica, voy a misa –aclara Ponte–. Pero nunca vi a nadie acompañando a esas mujeres. Con algunos compañeros hemos pasado hasta 12 horas al lado de la cama de una mujer que sabíamos que se iba a morir, viendo qué más podíamos hacer por ellas”, recuerda la médica.

“Nunca culpé a ninguna mujer por esas decisiones –continúa–.Trabajé mucho con ellas e hice investigaciones profundas a ver cuáles eran los motivos por los que llegaban a estas situaciones de tanto sufrimiento. La pobreza era lo primero, y la no posibilidad de controlar su anticoncepción. Las mujeres estaban a la deriva”, explica en esa publicación la médica.

Hoy, a pesar de tener pedido de jubilación por parte de la UNC, es una pieza clave de la salud pública de Córdoba, al ser la más activa de las tres profesionales que garantizan la interrupción legal del embarazo para toda la provincia. De las otras dos profesionales, una está con licencia por maternidad hasta fines de 2018, y la tercera, trabaja ad honorem y no realiza abortos quirúrgicos.

En marzo del año que viene, cuando Ponte tenga que retirarse, solo quedarán dos profesionales garantizando ese derecho a más de un millón y medio de mujeres.

“Esto es Córdoba”, dice. “Yo planteo: este año estamos en la Córdoba de la Reforma, pero es la Córdoba de las campanas, y cada vez suenan más las campanas que las reformas”.

Cuántas mujeres, niñas y personas gestantes llegan a la Maternidad cada año a solicitar la interrupción legal de un embarazo en curso es un dato confidencial.  Pero puntualiza, "siempre tenemos menores. Ha habido muchísimas a las que se les ha podido resguardar el material genético. Son causas judicializadas y a veces se ha podido condenar a los abusadores".

"También llegan mujeres adultas que no quieren denunciar. Si no denuncia, nosotras hacemos la intervención igual. Hay muchos casos de violaciones, situaciones de violencia sexual, por ejemplo en el predio de la Ciudad Universitaria. Esas mujeres no conocen ni saben quién es su agresor, entonces deciden no exponerse a una denuncia policial", señala Ponte.

El procedimiento

El procedimiento consiste en tomarle "una declaración jurada, que testimonie que esa mujer ha sufrido una violación y que producto de eso se ha generado un embarazo, y por lo tanto viene a reclamar el derecho a la interrupción legal. Confiamos en ellas ¿Por qué? Porque no creemos que ninguna mujer que haya sido sometida a una violencia sexual venga tan alegremente a contar sus cosas. Y si viene del Polo de la Mujer, nosotras no la revictimizamos", asevera.

"También trabajamos con la causal salud, que es el inciso 1 del artículo 86, en donde no hay ningún amparo, ni ninguna cosa. Por ejemplo, si una mujer tiene cáncer de mama y embarazo, y para hacerle la quimioterapia hay que interrumpirlo, vamos por el inciso 1. O, por ejemplo, en el caso de los acráneos (malformaciones fetales), en los que nadie quiere intervenir. Ahora en el proyecto de ley de la interrupción voluntaria del embarazo está la discusión sobre estos casos, y sobre el término en el que es legal practicar una interrupción de ese embarazo. Nosotras, por protocolo nuestro, vamos por el primer trimestre. Entre las 12 y las 14 semanas, tal cual lo dice la Organización Mundial de la Salud", precisa.

"En el caso de los abusos, la Provincia conoce perfectamente la problemática, porque hay muchas personas que deciden ir al Polo de la Mujer a denunciarlos. Entonces esas personas declaran y eso queda asentado como situaciones penales, porque el abuso es un delito. Desde ahí, si hay voluntad de interrumpir un embarazo producto de ese abuso, las derivan a la Maternidad Nacional", explica.

"Mi mirada es esta: la Provincia tiene el Polo de la Mujer, el Poder Judicial, la Senaf; los delitos son en territorio provincial, y todos saben que la interrupción del embarazo producto de ese delito está amparado en el Código Penal. Pero, como está el amparo (de la asociación civil Portal de Belén) de por medio, dicen: “No, nosotros somos objetores de conciencia, las pecadoras son aquellas que están allá, entonces vaya a la Maternidad”. Mandan los oficios de los juzgados acá. Cuando ellos deciden que hay que hacer resguardo de material genético para pruebas de ADN, lo hacemos nosotras. ¿Y quién viene a buscar los materiales? La Policía Judicial. ¿Y en qué vienen, disimulados? No, en el camión grande de la Policía Judicial", asegura. 

¿Qué pasa si se legaliza el aborto?

Ponte evaluó qué puede llegar a pasar en el país si mañana miércoles el Senado aprueba la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Según reflexiona, la Educación Sexual Integral es ley desde al año 2006 y no se aplica. "En Córdoba no va a pasar nada. Habrá algunos jóvenes que estarán sensibilizados para trabajar con esa realidad a la que les va a tocar enfrentarse, al menos tengo conocimiento de que algunos de mis alumnos del módulo de derechos humanos lo están... Pero las dificultades que hay ¡son tantas!, y en gran parte son porque esta provincia es muy fundamentalista. Como otras, seguramente. No es tan feudal, pareciera, pero la Iglesia sigue siendo rectora en estos asuntos".

Fuente: Unciencia.