Por denuncias de corrupción, evaluarán cómo financiar a los partidos
A partir del la investigación por presuntos aportantes falsos a la campaña de Cambiemos, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, propuso modificar la ley de financiamiento de los partidos políticos.
A partir de las denuncias sobre aportantes falsos a la campaña de Cambiemos, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, propuso el viernes modificar la ley de financiamiento de los partidos políticos, y que "los aportes sean bancarizados".
La investigación que inició de oficio el fiscal Jorge Di Lello busca determinar si Cambiemos hizo figurar a personas de bajos recursos y beneficiarios de planes sociales, entre ellos Argentina Trabaja, como aportantes de la campaña de sus candidatos a legisladores en territorio bonaerense durante el 2017. En aquel momento, fueron Gladys González, Esteban Bullrich, Graciela Ocaña, y Héctor “Toty” Flores.
Según explicó la primera mandataria provincial, "en estas denuncias sobre algunos aportantes, lo que se hizo fue pedir una auditoría dentro del propio frente electoral y, en segundo lugar, presentarnos en la Justicia".
"Después de cada elección, cada partido tiene que hacer la rendición de fondos de la campaña que transcurrió. Nosotros lo hicimos, lo presentamos en la Justicia y no hay nada que ocultar", afirmó la gobernadora al ser consultada por la prensa en su paso por General Villegas.
Por otro lado, el diputado nacional Rodolfo Tailhade exigió este viernes la reapertura de la causa por tráfico de datos de la Anses que había sido cerrada en 2016 por el juez Ariel Lijo, a solicitud del fiscal Guillermo Marijuan.
Además elevó un pedido al juzgado a cargo de Sebastián Casanello para que se investigue si el presunto lavado de dinero realizado a través de aportantes falsos en la última campaña electoral de Cambiemos tuvo su origen en el traspaso de la base de datos de la Anses a la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Previamente, el fiscal Di Lello también solicitó datos a ANSES, Gendarmería y Renaper, entre otros organismos para que constate las condiciones socio económicas de las personas afectadas.
Los funcionarios denunciados son el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña; el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso; el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco; y el subdirector ejecutivo de la Anses, Federico Braun.
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