El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y la jefa de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, fueron sobreseídos en una causa penal que se les inició por los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes, informaron fuentes judiciales.

La medida, que también incluyó el sobreseimiento del subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini, por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, la dictó el juez federal Sebastián Ramos, ante la denuncia presentada en julio por el senador nacional Fernando "Pino" Solanas.

El legislador denunció que Aranguren designó a Marcolini en diciembre de 2015 para que controlara los proyectos sobre las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en Santa Cruz, y cuestionó que más de treinta años antes el subsecretario había emitido como ingeniero particular una opinión favorable.

Solanas había sostenido que la Oficina Anticorrupción, a sabiendas de supuestas anomalías –como la designación de Marcolini como director de la estatal Emprendimientos Enegéticos Binacionales Sociedad Anónima (Ebisa) que debe controlar esos proyectos- mantuvo una inactividad que hacía pasible de investigación penal a su directora.

Solanas apuntó en su denuncia que Marcolini hizo un informe privado para la empresa Iatasa que, luego, como director de Ebisa, presentó para su aprobación a la subsecretaría que tenía a su cargo, por lo que consideró que había una “falta de independencia” que tornaba “nula de nulidad absoluta” cualquier decisión del Ministerio.

Ramos evaluó la prueba y afirmó que la intervención de Marcolini en los proyectos para las obras hidroeléctricas Cóndor Cliff y La Barrancosa (luego Néstor Kirchner y Jorge Cepernic) fue entre 1976 y 1978, hace mucho más de los tres años que la Ley de Ética Pública impone que transcurran para superar incompatibilidades.

Cuatro décadas atrás Marcolini, entonces de 25 años, era un “ingeniero recién recibido” y empleado “junior” en Iatasa, con poca intervención y “sin poder de decisión” sobre los proyectos para el aprovechamiento hidroeléctrico del río Santa Cruz, señaló el magistrado.

El juez agregó que una denuncia con similar objeto a la realizada por Solanas había sido presentada antes por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) ante la OA, que concluyó con que no había conflicto de intereses.

Ramos evaluó que Marcolini, como accionista de Iatasa, en febrero de 2017, “transfirió la totalidad” de sus acciones, representativas del 2 por ciento del capital social.

Fuente: Telam