Este viernes 1 de junio, cerca de las seis de la mañana, la guardia de Infantería y la Policía de Córdoba rodearon el barrio comunitario Parque Esperanza, en Estación Juárez Celman, para ejecutar la 15ava orden de desalojo en el predio ocupado hace cuatro años, firmada por el juez Guerreo Marín.

En diálogo con LA NUEVA MAÑANA, los vecinos contaron que Infantería comenzó a desalojar a las 120 familias que allí viven a través de la fuerza. En el lugar estuvieron presentes además Bomberos que combatieron el fuego en algunas viviendas el cual habría sido iniciado por algunos vecinos para evitar el ingreso de las fuerzas de seguridad.

"Ya entró la policía y  la Infantería y están golpeando a las familias para sacarlas de las casas. Les pedimos por favor que difundan este mensaje, por todas las familias que viven acá. Nosotros estamos atrincherados en nuestra casa", dijo Vanesa Villegas, referente barrial, en las primeras horas de hoy.

Momentos más tarde, cerca de las 8.30, Vanesa junto a su pareja, se rociaron con nafta y amenazaron con prenderse fuego. Subidos al techo de su vivienda, y con su hijita en brazos, la pareja se resistió a dejar su casa, pero finalmente descendieron y se retiraron del lugar.

"El compañero Carlos Ávalos, quien desesperado ante la violencia y el desamparo del Estado se había subido al techo de su casa y rociado con nafta, se encuentra bien, sus familiares lo bajaron del techo y sigue en el barrio", señalaron referentes de Parque Esperanza.

Asimismo, en el predio están presentes representantes del ministerio de Desarrollo Social para brindar asistencia a las familias que abandonen el lugar. Esta mañana, el ministro de Desarrollo Social, Sergio Tocalli, manifestó que la Provincia acompañará a las familias desalojadas y que brindará asistencia. 

En tanto, la intendenta de Estación Juárez Celman, Miriam Prunotto, dijo que se agotaron las instancias de diálogo con las familias.

Las fuerzas de seguridad irrumpieron en medio de la oscuridad y comenzaron a sacar a las personas de las precarias viviendas. Desde la Policía de Córdoba confirmaron que el operativo fue ejecutado tras una nueva orden de desalojo del juez Guerrero Marín.

"Nosotras salimos a trabajar a las cinco de la mañana. Yo soy costurera. Hemos resistido 14 desalojos, queremos un lugar para vivir", dijo una vecina a El Doce.

Pasadas las 11, la mayoría de las familias ya habían sido desalojadas, tras lo cual las máquinas topadoras comenzaron a demoler las precarias viviendas, algunas construidas con madera y otras, las menos, con ladrillos y cemento. 

Legisladores en el lugar

A poco de comenzado el desalojo, se hicieron presentes en el lugar legisladores cordobeses de distintos bloques , entre ellos Martín Fresneda, Eduardo Salas, Carmen Nebreda, Ezequiel Peresssini, Ilda Bustos y Gabriela Estévez. También hay representantes de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba y de distintas organizaciones sociales, políticas y barriales.

En ese sentido, Ezequiel Peressini, legislador provincial del Frente de izquierda, manifestó: "La Policía de la Provincia de Córdoba desaloja violentamente a quienes habitaban las tierras en Juárez Celman hace cuatro años reclamando por el derecho a la vivienda digna. Destruyen con topadoras para garantizar el negocio inmobiliario de la empresa Urbanor y de la intendenta de Juárez Celman, Miriam Prunoto."

Además, el dirigente de Izquierda Socialista informó: "La ocupación de tierras y la crisis habitacional en nuestro país se extiende al ritmo del ajuste de Macri y los gobernadores que obliga a los más pobres a amontonarse en Villa de Emergencia. En nuestro país 4000 barrios en está situación de precariedad".

Por su parte, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba emitió un comunicado donde manifestó su repudio al desalojo y convocó "a todos los sectores sociales, culturales y políticos de nuestro provincia a pronunciarse en el mismo sentido porque entendemos que la única manera de resolver los conflictos es a través del diálogo, la participación y el respeto a los Derechos Humanos". 

Desalojo

En el documento firmado por Guerrero Marín se especifica que "el predio debe ser entregado sin ocupantes al representante legal de la empresa URBANOR S.A.".

Cabe recordar que semanas atrás el barrio comunitario fue visitado por  el relator especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Tortura, Nils Melzer. "Melzer vino a charlar con nosotros a raíz, principalmente, de la represión que sufrimos en marzo frente a la Legislatura de Córdoba, durante una manifestación que realizamos", contó Villegas.

También, hace pocos días, los padres de Villegas, referente barrial, sufrieron el incendio de su precaria vivienda. El fuego, según denunciaron los vecinos, habría sido intencional, dado que encontraron un hueco en una pared que fue constatado por los bomberos que allí trabajaron.

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