Elevan a juicio la causa contra el intendente de Pilar
La resolución parte de la jueza de Control, María Licia Tulián e incluye también a funcionarios del municipio y concejales. Además, la acusación suma el delito de abuso de autoridad.
Elevan a juicio la causa contra el intendente de Pilar. La decisión fue tomada por la jueza de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de Río Segundo, María Licia Tulián que establece que el intendente habría participado en una maniobra destinada a vender los derechos que el municipio ejercía sobre una gran porción de la costanera del río Xanaes al entonces director de Deporte y Juventud del municipio, Pablo Iván Ghío (también imputado).
La maniobra se habría realizado a través de una tercera persona, Carlos Eugenio Milich, que era insolvente para el emprendimiento que supuestamente afrontaba. De acuerdo con la pericia oficial, el valor de los terrenos, que abarcan una superficie de diez hectáreas, supera los 50 millones de pesos.
La resolución dispone el enjuiciamiento de Ghío como partícipe necesario de defraudación por administración fraudulenta calificada y del asesor de la municipalidad Cristian Julio Moyano como supuesto partícipe necesario de defraudación por administración fraudulenta calificada.
Asimismo, la jueza Tulián dispuso elevar la causa a juicio en relación con los concejales Pedro Pablo Botta, Ana Marina Canalis, Rodolfo Rodríguez Zamudio y Carla Inaudi Villegas como partícipes necesarios de administración fraudulenta y autores de abuso de autoridad. La resolución se completa con la elevación a juicio del jefe de gabinete del municipio (secretario de gobierno en ejercicio) Carlos Martín Biagiola también como partícipe necesario de administración fraudulenta y autores de abuso de autoridad.
La magistrada consideró que la investigación penal realizada por la fiscal de instrucción Patricia Baulies se encontraba concluida y que la prueba incorporada permitía sostener que los hechos existieron y que los imputados tuvieron participación en ellos. “El requerimiento de elevación a juicio hecho por la titular de la investigación penal luce acertado y suficiente”, concluye la resolución.
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