El interbloque cambiemos pidió el tratamiento sobre tablas del proyecto que cita al Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, y por su intermedio al Sr. Secretario de Desarrollo Energético, Edgar Castelló y al Sr. Presidente de la Empresa Provincial de Energía (EPEC), Luis Giovine, para que concurran al seno de la Comisión de Agua, Energía y Transporte de la Legislatura de Córdoba, a los fines de brindar explicaciones acerca de la situación contable-financiera de EPEC, cuadros tarifarios, composición de la facturación del servicio de energía, balances de la empresa y en general toda cuestión vinculada a la política energética de la provincia.

La iniciativa fue presentada por todo el interbloque Cambiemos el año pasado y pidieron el tratamiento sobre tablas para la sesión de hoy en el marco del conflicto que el gobierno de Juan Schiaretti mantiene con el gremio de las EPEC, el Sindicato de Luz y Fuerza por plantear la necesidad de discutir el convenio colectivo de los trabajadores de la empresa estatal para reducir el gasto en alrededor de 1.110 millones de pesos.

Fuentes del oficialismo adelantaron que en principio no está previsto que el proyecto pueda ser habilitado para ser debatido durante el desarrollo de la sesión ordinaria de hoy aunque no descartaron la posibilidad.

Los legisladores opositores consideraron en la presentación del proyecto que “la gravedad de la situación que atraviesa la Empresa Provincial de Energía de Córdoba amerita respuestas urgentes por parte de las autoridades provinciales responsables y competentes en la materia. Consideramos un despropósito y un abuso pretender que sean los usuarios quienes con sus recursos continúen solventando el despilfarro, la inoperancia política y el desmanejo de tantos años de la EPEC”.

En este sentido el interbloque remarcó que el aumento de tarifas en este servicio es consecuencia del Valor Agregado de Distribución (VAD), que es el adicional que cobra EPEC sobre la energía que compra con aumentos muy por encima de los índices inflacionarios de los últimos siete años llegando a incrementos del orden del 581%, cuando la Dirección de Estadística de Córdoba marca una inflación de poco más del 400% en igual período de tiempo”.

Además, los parlamentarios opositores recuerdan en los fundamentos de la iniciativa que “entre otras cuestiones, la construcción de la Central Pilar del Bicentenario, y por consiguiente el millonario endeudamiento en dólares, ha comprometido irresponsablemente las finanzas de la empresa y ello no fue la decisión de nadie más que del propio Gobierno provincial”.

Concretamente lo que el gobierno busca ajustar es el costo que le ocasionan a la provincia los cuatro puntos del convenio colectivo de trabajo; la electricidad gratuita para los empleados, las vacaciones extendidas, el pago durante más de un año de las enfermedades inculpables y los aportes al fondo compensador sindical que entre lo cuatro puntos requieren un gasto de 660 millones de pesos.

Los otros 400 millones de pesos están enmarcados por fuera del convenio y corresponden al gasto de horas extras, suplencias, viáticos y otros ítems.  Para justificar el recorte voceros del Centro Cívico aseguran que esta cifra  alcanzarían para pagar un mes de la compra de energía a Cammesa.

Para lograr el avance sobre el convenio colectivo de trabajo, el viernes de la semana pasada las autoridades de Epec denunciaron el convenio colectivo de trabajo ante el Ministerio de Trabajo de la provincia a cargo de Omar Sereno amparados en el artículo 15 de la ley 8.329, que manda a esta cartera a convocar a las partes para debatir un nuevo acuerdo o reformas parciales.

Ayer el Ministerio en cuestión se declaró competente para abocarse a la denuncia del convenio colectivo de trabajo 165/75 de Epec y dispuso convocar a la conducción de la empresa y a los sindicatos de Luz y Fuerza de Córdoba, Río Cuarto y Villa María a una audiencia de apertura del próximo lunes a las 16.

Previendo una escalada en el conflicto con el gremio mas combativo de la provincia, el gobernador Juan Schiaretti decidió reglamentar la ley 10.461 sancionada el 14 de junio del año pasado en la que se declara y garantiza la prestación de los servicios esenciales entre los que se encuentra la energía eléctrica. La iniciativa, que estaba presentada en la Unicameral, fue convertida en ley luego de un irracional y extenso conflicto en el trasporte urbano de pasajeros que dejó durante casi dos semanas sin movilidad a los usuarios de la ciudad de Córdoba.