Las Fuerzas Armadas usufructúan casas de Astori desde 1978

Por: Gastón Gracia Daponte - ggraciadaponte@lmdiario.com.ar

EN CÓRDOBA

Una serie de inusuales desalojos que ocurren en barrio Ampliación Palmar de la ciudad de Córdoba descubren una trama, al menos controversial, acerca de los fundamentos con los que la Fuerza Aérea Argentina (FFAA) en nuestra provincia recurre a la Justicia Federal para que ordene desalojos -conforme a la ley 17.091- que establece que una vez presentado el recurso, la Justicia debe proceder sin más trámite al tratarse de bienes del Estado.

Las FFAA realizan presentaciones sistemáticas ante la Justicia Federal de Córdoba para desalojar a los inquilinos que se atrasan en el pago de los alquileres, invocando la ley 17091 sancionada en 1966 bajo el régimen militar que interrumpió el orden democrático en la Argentina en la década del sesenta.

La norma de dos artículos estipula que en los casos que el Estado nacional hubiere otorgado la concesión de inmuebles que pertenezcan a cualquiera de sus esferas, una vez vencido el plazo pactado o declarada su recesión por la autoridad administrativa, el inquilino deberá restituirlos dentro del término de diez días corridos, caso contrario, el organismo competente, acreditando el cumplimiento de los recaudos establecidos podrá requerir a la justicia el inmediato desalojo del concesionario o de cualquier otro ocupante.

Una vez efectuada esta presentación, los jueces, obedeciendo la letra de la ley, sin más trámite, ordenan el lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública, sin perjuicio de las acciones de orden pecuniario que pudieren corresponder a ambos contratantes sin ocuparse ni siquiera de analizar y corroborar la pertenencia de las casas.

Desalojos en barrio Palmar

De esta forma, las FFAA de Córdoba recurren ante los Juzgados Federales de Córdoba para solicitar el desalojo, por distintos motivos, de las casas de barrio Ampliación Palmar.

Más allá de los cuestionamientos evidentes que representa un gobierno de facto basado en “leyes” de otro gobierno militar de iguales características, la trama de esta controversia comienza en el origen del barrio Ampliación Palmar. Fue construido por Astori para sus empleados y que a más de cuatro décadas de su creación los dueños de las propiedades en el Registro General de la Provincia de Córdoba continúan perteneciendo a Astori, desde los últimos años como la figura de Fidecomiso a nombre del contador de la empresa Andrés Felipe Bernardi.

Las FFAA realizan presentaciones sistemáticas ante la Justicia Federal de Córdoba para desalojar a los inquilinos que se atrasan en el pago de los alquileres, invocando la ley 17091 sancionada en 1966 bajo el régimen militar que interrumpió el orden democrático.

¿Astori es el dueño de las propiedades y las FFAA piden los desalojos de las propiedades?
En las causas iniciadas en la Justicia Federal por esta controversia continúa la trama. Allí, las FFAA aportaron como prueba de propiedad, un Boleto de Compra Venta entre el Banco Hipotecario Nacional y el Comando de Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina representada por el Comodoro D. Antenor Héctor Echenique quien se desempeñaba como Director de Infraestructura. El documento tiene dos firmas en todas las hojas sin sello ni aclaraciones de ningún tipo.

El Comodoro D. Antenor Héctor Echenique representó a la Fuerza Aérea en la cesión (por razones aún no establecidas) de la Mansión Seré de parte de la Municipalidad de Buenos Aires por una suma cercana a los tres millones de pesos (llamados “pesos moneda nacional”).

La Mansión Seré (también conocida como Quinta de Seré o Atila) fue un centro clandestino de detención (CCD), durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), que dependía de la Fuerza Aérea Argentina. Durante la presidencia de facto de Juan Carlos Onganía en 1966, el lugar fue habilitado como Casino de Oficiales de la VII Brigada Aérea de Morón, iniciándose así, la presencia militar en la zona. Tras el golpe de 1976, entre 1977 y 1978, el lugar funcionó como centro clandestino de detención bajo la jurisdicción de la Fuerza Aérea con asistencia de la Policía Bonaerense de Castelar.

Para entender qué pasó con las casas del barrio en cuestión hay que retrotraerse a enero de 1974, fecha en la cual, Astori le transfirió al Banco Hipotecario Nacional las propiedades para que le otorgara créditos de acceso a la vivienda para sus empleados. Cuatro años más tarde, tras casi dos años de la aplicación de las medidas económicas del gobierno militar, el banco le vendió a las FFAA cincuenta casas.

El contador de la empresa, Andrés Felipe Bernardi, sostuvo en diálogo con La Nueva Mañana que Astori le transfirió al Banco Hipotecario Nacional el 30 de enero de 1974 “un poder especial irrevocable para que el banco actuara, el banco tenía que darle el crédito, entregar las propiedades, hacer una escritura con hipoteca, terminaban de pagar y se levantaba la hipoteca, con la mayoría pasó así”.

Este es el único documento que los militares presentaron ante la Justicia Federal para acreditar la propiedad de los inmuebles. Un boleto de compraventa que tiene dos firmas, sin aclaración y ningún sello. Una representa al Banco Hipotecario Nacional y otra al Ministro de Infraestructura de la Fuerza Aérea.

Las escrituras figuran a nombre de Astori

Al no escriturarse nunca, en los registros dominiales figuran a nombre de la empresa Astori, de hecho nunca cambiaron de dueño. Hace algunos años la empresa decidió constituir un fideicomiso con todas estas viviendas, para hacerlo debió poner al día los impuestos municipales y provinciales que las FFAA jamás habían pagado.

Según Bernardi, se le iniciaron acciones legales a las FFAA para regularizar esta situación pero desde las fuerzas le respondieron sistemáticamente que no tenían el dinero suficiente para afrontar los gastos legales. Mientras tanto continúan administrando y usufructuando los inmuebles.

Barrio Ampliación Palmar fue construido por Astori para sus empleados, y a más de cuatro décadas de su creación los dueños de las propiedades en el Registro General de la Provincia de Córdoba continúan perteneciendo a Astori.

“Porque el banco no hizo las escrituras que tenía que hacer, lo desconocemos. Yo hace cuarenta y dos años que estoy en la empresa, si bien este tema lo manejo desde 2004, fui varias veces, presenté notas en la Fuerza Aérea y están bien al tanto porque yo fui a decirles que las casas pasaron al fideicomiso y le explico por qué, porque cuando nosotros hicimos el Estadio Córdoba, si bien no trabajamos habitualmente con la Provincia, teníamos que tener un libre deuda y nos enfrentamos con la situación de que todos estos inmuebles no pagaban impuestos; Astori tuvo que pagarlo para obtener el libre deuda”, aseguró Bernardi.

“Hicimos notas a ellos reclamándoles los montos que habíamos pagado y aparte intimándolos para que escrituraran y las respuestas siempre fueron las mismas, que no depende de ellos sino del comando en Buenos Aires, que la próxima vez que viajaran lo iban a solucionar el Comodoro, después cambiaron y dijeron que no dependía de los comandos sino de la Administración de Bienes del Estado (ABE)”.

“Lo más fácil para nosotros ahora sería decirles a Rentas y la Municipalidad por lo impuestos que se deben que ejecuten las casas, cóbrenla con las cosas, pero María Pía (Astori) no quiere problemas con la gente”, en función de la historia que su padre forjó con sus empleados al realizar este barrio.

¿Qué pasó en enero de 1978 para que el Banco Hipotecario Nacional le vendiera a las FFAA las casas que Astori había construido para sus empleados?
Es la respuesta que surgirá de la investigación que el Dr. Vaca Narvaja desarrolla en las causas iniciadas por vecinos de este barrio, blanco de los desalojos. Al mismo tiempo Vaca Narvaja es el juez que libera las órdenes para echar los inquilinos, obedeciendo a la ley de la dictadura de Onganía.

“En la Justicia Federal hay juicios nuestros pidiéndole a la Fuerza Aérea que demuestren que son los propietarios, las cuarenta propiedades (en esta situación); hay causas para demuestren que son los propietarios hace dos años más o menos. Eso generó que los abogados cobraran honorarios bastante elevados y ellos aducen que no lo pueden pagar. Hay denuncias en los tres juzgados, pedimos la unificación pero no nos la dieron”, aseguró Bernardi en igual sintonía que las denuncias de los inquilinos desalojados.

Una inmobiliaria instalada en el mismo barrio

La operatoria final del alquiler de estos inmuebles se desarrolla a través de una inmobiliaria ubicada en el mismo barrio, desde donde se entregan recibos membretados de la Fuerza Aérea Argentina en el que detallan todos los gastos pero donde no figura un monto por alquiler sino que utilizan la denominación de “arancel” y “gastos de funcionamiento”, una suerte de pago por expensas.

Para efectivizar los desalojos el Poder Judicial de la Nación envía cedulas de notificación en los que resuelve en cumplimiento de las constancias documentales aportadas por las FFAA que configuran los extremos previstos por la ley 17091, intimaciones con el término de diez días para que desaloje el inmueble que ocupan los inquilinos.

Se desconocen las razones por las que el Banco Hipotecario Nacional no otorgó los créditos, entregó las casas y las escrituras a los empleados de Astori y en su lugar procedió a venderlas a las FFAA a través de un Boleto de compra venta que nunca se escrituró para que los inmuebles continúen bajo el registro de Astori pero usufructuados por los militares.

Setenta millones de dólares en efectivo o en bienes fueron robados durante la dictadura por los militares argentinos a los detenidos que pasaron por la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro de tortura y exterminio. La cifra procede de las informaciones facilitadas por militares retirados, organismos de derechos humanos y ex prisioneros de la ESMA.

Con las propiedades robadas, el Grupo de Tareas 3.3.2 de la Marina, integrado por 120 hombres a las órdenes del almirante Emilio Massera, creó una inmobiliaria para la reparación y posterior venta de las casas incautadas a los detenidos- desaparecidos. Los militares obligaban “al detenido a firmar un poder por el que autorizaba la venta de su vivienda. En algunos casos ese poder se falsificaba”, explicó la denunciante Nilda Noemí Actis Goretta. Algunos de estos datos denunciados quedaron al descubierto con la aparición de cuentas bancarias en Suiza a nombre de antiguos militares argentinos.

El silencio de las FFAA

La Nueva Mañana intentó obtener el testimonio del comodoro José Actis de la Fuerza Aérea de Córdoba, quien adujo tener una agenda ocupada para abordar la cuestión. “Contribuir a la Defensa Nacional actuando disuasiva y efectivamente en el aeroespacio de interés, a fin de garantizar y proteger de modo permanente los intereses vitales de la nación” es la misión de la Fuerza Aérea Argentina, podríamos empezar por casa.

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