Un año después, la Corte Suprema anuló su fallo por el 2x1 a represores
El máximo tribunal firmó una sentencia en la que por primera vez dio marcha atrás con la polémica medida que en mayo generó la reacción social.
Los jueces de la Corte Suprema firmaron un fallo de tres renglones en el que por primera vez dan marcha atrás con la aplicación del beneficio del cómputo del 2x1 para los represores que el propio tribunal concedió el 3 de mayo del año pasado.
Aquella sentencia había desatado un reclamo social inmenso que se volcó en una movilización masiva ante la posibilidad de que decenas de genocidas recuperaran la libertad y luego el Congreso aprobó una ley que establecía que la reducción del tiempo en prisión con aquel cálculo no se podía aplicar a delitos de lesa humanidad, delitos de genocidio o crímenes de guerra.
A partir de ese escenario, la Corte informó en un comunicado que resolvería otros reclamos sobre el mismo tema a la luz de la norma modificada. La nueva decisión fue firmada anteayer, previo a que Ricardo Lorenzetti, hiciera anuncios de reformas y autocrítica en el Palacio de Justicia.
Se trata del rechazo por “inadmisible” de un recurso que había presentado Jorge Humberto Appiani, un ex militar y abogado condenado a 18 años de prisión en la megacausa Area Paraná por secuestros y torturas de 27 víctimas.
Desde diciembre los jueces tenían escritos los votos para revertir el 2x1 a los genocidas con una fundamentación desarrollada, pero optaron por un atajo menos comprometido, que no requiere explicaciones. Aquel caso que dejaron en el freezer, casualmente, era el pedido para conseguir la libertad que había hecho el último dictador, Reynaldo Benito Bignone, fallecido ayer miércoles, según informó el diario Página 12.
El polémico fallo "Muiña" le había dado el beneficio del cómputo del 2x1 del tiempo que pasó en prisión preventiva, lo que le daba por culminado su condena. La ley había sido derogada en 2001, pero los jueces habían determinado que le correspondía la aplicación de la "ley penal más benigna", pese a que la causa se inició luego de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en 2003.
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