Ambientalistas y excombatientes buscan frenar el proyecto petrolero extranjero en Malvinas

La Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim) presentaron una acción preventiva de daño ambiental colectivo contra la firma británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum Development, que pretenden instalar una explotación petrolera de gran escala sobre la plataforma continental argentina, a 220 kilómetros de las Islas Malvinas.

La demanda, presentada ante el Juzgado Federal de Río Grande, con competencia en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, busca frenar el proyecto de petróleo y gas "Sea Lion", denominado León Marino en la presentación judicial. "Solicitamos que la Justicia Federal suspenda las obras y su financiamiento. Está en riesgo el Mar Argentino. También la soberanía", expresaron AAdeAA y el Cecim La Plata.

Explicaron las denunciantes que las empresas avanzan en la Cuenca Malvinas Norte sin la evaluación de impacto ambiental exigida por la legislación argentina ni autorización de las autoridades nacionales; y que introducen una modificación unilateral sobre un territorio ocupado ilegítimamente, en clara vulneración a la Resolución 31/49 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Cabe mencionar que la asociación de abogados ambientalistas sostiene una defensa jurídica de los ecosistemas, los bienes comunes y el acceso a la información ambiental; mientras que el Cecim La Plata, nacido en 1982 e integrado por exsoldados conscriptos, viene trabajando en la promoción de una política de derechos humanos para pensar Malvinas, desde una perspectiva que conjuga memoria, verdad, justicia, soberanía y paz.

Acción colonial y clandestina

El proyecto "Sea Lion" se encuentra sobre la plataforma continental argentina, aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en los bloques identificados por las empresas como PL032 y PL004b.

"La infraestructura se distribuye entre la Cuenca Malvinas Norte y las islas. El centro logístico se ubicaría en Puerto Argentino, con ampliaciones portuarias, depósitos, viviendas y plantas para combustibles, químicos y lodos de perforación. Las dos primeras fases contemplan 23 pozos submarinos: 16 productores, seis de inyección de agua y uno de gas. Incluyen cañerías, equipos sobre el lecho marino y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga. Navitas informó que la primera etapa comprende 11 pozos y la segunda, otros 12. Proyecta producir desde 2028 durante más de 30 años", detalla el informe que presentaron al respecto.

Asimismo, subrayan que en 2026 comenzaron las obras sobre el muelle y la base terrestre; y que las empresas también avanzaron en la fabricación de equipos y en la adaptación de la unidad flotante que operaría en el yacimiento. "La perforación está prevista para comienzos de 2027. La primera extracción, para el primer semestre de 2028. Rockhopper informó públicamente el inicio de estos trabajos", indicaron.

Como antecedente de la presentación judicial reciente, en enero de 2026 AAdeAA presentó pedidos de acceso a la información pública ante la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Economía. Según revelaron, las respuestas oficiales confirmaron que Rockhopper y Navitas no realizaron las presentaciones obligatorias para explorar o explotar hidrocarburos; y que tampoco iniciaron un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante el Estado argentino.

Subrayan el cuerpo de abogados y el centro de excombatientes que ante las autoridades argentinas no se presentó ninguna evaluación previa y remarcan que "las licencias de la administración colonial británica no reemplazan nuestras leyes ni permiten disponer legítimamente de los bienes naturales de la plataforma continental argentina".

Asimismo, mencionan que Rockhopper fue declarada clandestina en 2012 e inhabilitada para operar en Argentina durante 20 años; y que Navitas recibió sanciones equivalentes en 2022. 

Ambiente y soberanía

"La soberanía excede el mapa y la efeméride. Comprende el derecho del pueblo a decidir, el de las familias a que el lugar donde yacen sus muertos no sea contaminado y el de las generaciones futuras a recibir un patrimonio vivo. Cada pozo hunde una pretensión de permanencia colonial", declaman los abogados ambientales y el Cecim La Plata.

En virtud de ello, alertan que este proyecto hidrocarburífero, de enorme escala, ejecutado sin evaluación ni autorización argentinas, genera un daño sobre dos bienes colectivos, el ambiente y la soberanía: "La herida es doble. Afecta los ecosistemas. Afecta el derecho del pueblo a decidir y preservar lo propio".

"El proyecto afecta directamente dos ecorregiones reconocidas por Argentina: Mar Argentino e Islas del Atlántico Sur. Su área de influencia mantiene, además, una conexión ecológica con la Antártida", precisan y detallan al respecto que las obras implican perforaciones, movimientos del lecho, embarcaciones, ruido submarino, químicos y riesgo de derrames; y que las corrientes pueden extender sus efectos sobre áreas de alimentación, reproducción y migración entre el Mar Argentino, las Islas del Atlántico Sur y la Antártida.

Un reclamo urgente

La medida cautelar presentada por AAdeAA y el Cecim La Plata solicita suspender las obras, perforaciones y movimientos del lecho marino. También impedir nuevos contratos, desembolsos, transferencias o garantías destinados al proyecto. Busca detener el riesgo ambiental y soberano antes del daño. Y la modificación unilateral antes del hecho consumado.

"Pedimos informar la causa a los organismos de control financiero y a los mercados donde operan las empresas. Que las compañías identifiquen bancos, fondos, aseguradoras y demás actores que sostienen la explotación. El dinero deja huellas. Quienes financian una actividad ilegal no pueden permanecer detrás de la niebla corporativa", agregan.

"Una autorización colonial no convierte el despojo en derecho ni sustituye la evaluación, la participación ciudadana y los permisos exigidos por el orden público ambiental argentino", reiteran las organizaciones y frente al comienzo de las obras, subrayan que "la intervención debe ser inmediata"; ya que "después de un derrame, el daño resulta en gran parte irreversible".

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