Judiciales y bancarios exigen el fin del diferimiento jubilatorio y los aportes extraordinarios a la Caja

Los secretarios generales de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) y la Asociación Bancaria, Federico Cortelletti y Ezequiel Morcillo, respectivamente, se reunieron este miércoles, junto a otros miembros de sus respectivas comisiones directivas, para analizar cursos o vías de acción ante el ajuste salarial que implican los aportes extraordinarios que los aportantes a la Caja de Jubilaciones de la Provincia vienen realizando desde diciembre de 2023.

Advierten que dicha situación se enmarca, además, en un contexto de una compleja situación política y económica que atraviesa el país y la provincia. Paralelamente, ambas entidades gremiales exigen el fin del diferimiento jubilatorio y el gravamen al doble beneficio previsional (art 58 Ley 10.694).

Para ello, según revelaron desde el gremio de Judiciales, se evaluó el lanzamiento de medidas gremiales conjuntas y la posibilidad de sumar actores afectados por los aportes extraordinarios y desproporcionados que los trabajadores estatales vienen soportando, sin que ello signifique en una mejora en las condiciones de los jubilados estatales. 

Ambas entidades analizaron con preocupación el continuo deterioro del poder adquisitivo del salario al que conduce la política económica de la motosierra y el déficit cero. Se evaluaron indicadores como la baja en el consumo de bienes básicos como alimentación, indumentaria, esparcimiento, así como el aumento del nivel de endeudamiento y refinanciación de deudas de las familias trabajadoras. 

En el plano provincial, coincidieron en que es absolutamente inaceptable el mantenimiento de aportes extraordinarios sobre los salarios estatales desde diciembre de 2023 y que se trata lisa y llanamente de un recorte que debe ser revertido por el Gobierno provincial porque los términos de una emergencia deben ser acotados en el tiempo.

"Si bien es público el estrangulamiento financiero que la Nación practica sobre las provincias –al retacear o negar fondos que por ley corresponden, como es el caso de la Caja Provincial de Jubilaciones–, se remarcó que el ajuste no puede recaer únicamente sobre los trabajadores y jubilados provinciales. En esa línea resulta un grave contrasentido mantener el recorte salarial de los aportes y apoyar la baja de retenciones agropecuarias -como se anunció recientemente a nivel nacional y fue acompañado a nivel provincial- porque se trata de medidas que benefician a grandes actores económicos de altísimo poder adquisitivo e incluso multinacionales extranjeras", revelaron fuentes del gremio de Judiciales.

Un comunicado gremial conjunto de ambas entidades sostiene que “la respuesta ante la crisis no puede ser siempre la misma, ajustar a los que menos tienen" y que "es necesaria la voluntad política del Gobierno Provincial en la defensa de los ingresos populares y buscar alternativas que no sigan dañando el bolsillo de los trabajadores".

Asimismo, plantea con preocupación que se están por cumplir dos años en "esta situación de descuento forzoso, que no es otra cosa que un ajuste disfrazado"; y frente a ello, plantean que "no puede seguir extendiéndose en el tiempo".

Por último, ambos gremios coindieron en que los aportantes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Córdoba mediante las organizaciones sindicales deben recuperar el gobierno de la caja de Jubilaciones, institución que lleva décadas intervenida por los poderes de turno.