La Mesa de DD.HH. solicitó preservar el predio de La Perla: una obra afecta la investigación de fosas clandestinas
Tras el anuncio de la Provincia de Córdoba de la construcción de una ruta dentro del predio del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos expresó "preocupación" por la intervención dentro del espacio de memoria. En un comunicado, el organismo explicó que en lugar de la obra podría haber fosas con cuerpos que aún no fueron encontrados.
La obra "podría afectar irreversiblemente" en la "Causa Enterramientos", donde familiares víctimas del terrorismo de Estado en Córdoba, recientemente fueron admitidas y admitidos como querellantes. A mediados de junio, el dobierno de Martín Llaryora anunció la pavimentación de la Ruta Provincial E-64, conocida como "Camino la Ochoa", que atraviesa la Reserva Natural de la Defensa, que rodea a el ex centro clandestino. También advirtieron que la construcción tiene un gran impacto ambiental.
"Por su importancia en el artefacto genocida, los alrededores del ex centro clandestino son un lugar para preservar", en donde aún se realizan investigaciones sobre las sistemáticas violaciones de derechos humanos que sucedieron durante la última dictadura militar.
En ese sentido, la Mesa aclaró que Recientemente el Juzgado Federal número 3 solicitó al Consejo de la Magistratura los fondos necesarios para que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) lleve a cabo el plan de búsqueda lugares no explorados anteriormente: "Existen probabilidades de encontrar fosas con cientos de cuerpos".
Causas que no llegan a juicio
En el mismo texto, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos demandó el avance de causas que investgan delitos de lesa humanidad. El texto advierte la paralización de las denominadas "Causa Gómez" y "Causa Gutiérrez".
Sobre la "Causa Gutiérrez", de la cual recientemente el Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación a juicio, exigieron "la realización del proceso oral y público que determine responsabilidades y condene a los responsables del genocidio".
El documento expone que a pesar de la realización de 340 juicios en todo el país por crímenes contra los derechos humanos, "un número equivalente de causas están, todavía, a la espera".