Redacción La Nueva Mañana
La Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado en la jurisdicción Córdoba solicitó juzgar a 24 expolicías provinciales y federales y exmilitares por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1978 contra 70 víctimas. La causa Gutiérrez investiga crímenes que ocurrieron en Río Cuarto, en perjuicio de estudiantes, docentes o personal de la Universidad Nacional de esa ciudad.
La elevación a juicio, bajo la firma del fiscal Carlos Gonella y de los auxiliares Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo, incluye 62 hechos, calificados como privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte, homicidios y delitos de índole sexual, entre otros.
El personal del Ejército acusado incluye a los exgenerales Adolfo Patricio Echehun, Carlos Alberto Quevedo y Pablo Skalany; al exteniente coronel Enrique Pedro Mones Ruiz; al ex sargento Miguel Ángel Pérez; a los exmayores Gustavo Adolfo Alsina y Ernesto Guillermo Barreiro; a los exsuboficiales mayores Carlos Ibar Pérez, Juan Eusebio Vega y Carlos Alberto Díaz; y a Arnoldo José López, Ricardo Alberto Ramón Ladrone y José Luis Yáñez.
En tanto, los policías provinciales imputados son los excomisarios Rubén Enrique Principi y Carlos Alfredo Yanicelli; el exsargento primero Daniel Di Santo; el suboficial principal Juan Carlos Nieto; y Juan Eduardo Ramón Molina, Miguel Ángel Salinas y Miguel Ángel Gómez.
Los expolicías federales acusados son los excomisarios Carlos Jesús Reguerisa y Carlos Miguel Tronchín; el excabo Roberto Ernesto González Fossat; y Ramón Alfredo Navarro.
La lista de acusados incluye integrantes de la Delegación Río Cuarto de la Policía Federal Argentina y de la Unidad Regional Sur (URS) de la Policía de Córdoba imputados por primera vez en crímenes de lesa humanidad. También están imputados integrantes del Departamento de Informaciones (D2); de las secciones 1° y 3° del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército; y personal militar integrante del Regimiento de Infantería Aerotransportada N°2 y de la Policía Militar que cumplía funciones en la Unidad Penitenciaria N°1 de la ciudad de Córdoba.
Según la fiscalía gran parte de las víctimas se encontraban vinculadas a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Se trata de estudiantes o personal docente y no docente, e incluso en uno de los casos el secuestro se produjo dentro de la misma casa de estudios. El requerimiento de elevación a juicio también refiere ocho casos de delitos sexuales ocurridos en la Unidad Regional, en la sede de la Policía Federal y en la cárcel.
De acuerdo con la acusación, incluso algunas de las víctimas, que luego fueron puestas a disposición de la Justicia, recibieron torturadas antes y después de la intervención del juzgado y denunciaron los crímenes. Sin embargo, no existen constancias de que se hayan iniciado actuaciones para investigar esos delitos, lo cual, según la acusación, pone en evidencia el encubrimiento de los funcionarios judiciales que actuaron en esa época, quienes fallecieron sin ser juzgados.
