"Menos información y más silenciamiento": a un año del cierre de la agencia pública Télam
El 4 de marzo de 2024 comenzó el apagón informativo que impactó en los medios de todo el país. La motosierra del gobierno de Javier Milei arrasó con la Agencia Télam, histórica empresa estatal que se encargaba de proveer noticias a diarios y radios de todo el territorio Argentino. Los medios no pudieron volver a acceder a la información que la agencia recopiló durante años, al gran archivo fotográfico, ni a las coberturas especiales.
A principios de marzo el edificio en donde funcionaban Télam amaneció vallado, su página web y su cablera fueron bloqueadas y las y los trabajadores despedidos. Un año después, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), en coordinación con los gremios provinciales, advierte que "una sociedad desinformada es una sociedad menos democrática".
La agencia pública gestionaba la producción y circulación de información de forma plural, federal y con perspectiva de derechos, amplificaba noticias de medios locales y contaba con 27 corresponsalías fijas. El cierre impulsado por Javier Milei impidió que continúe con su emisión de 12.000 cables, 6.000 fotografías y 400 videos que ofrecía mensualmente a medios de todo el país.
La circulación de información cambió radicalmente, afectando y restringiendo la producción y difusión de diarios, radios y programas televisivos. A doce meses de la desarticulación de Télam, Sipreba denuncia que actualmente hay "menos información y más silenciamiento".
"Nuestro país necesita una agencia de noticias y publicidad que garantice información federal y plural. La información pública es soberanía", se explaya la publicación del gremio de prensa.
Télam, creada el 14 de abril de 1945, tenía presencia en todo el territorio nacional, logrando que el acceso a la información no provenga solo de las grandes ciudades. En sus 40 años de trayectoria se caracterizó por cubrir hechos que las agencias con modelo empresarial no consideraban en su agenda, como reclamos de trabajadores, incendios forestales, movilizaciones de colectivos excluidos y juicios por delitos de lesa humanidad.