Amnistía Internacional (AI) rechazó “el posicionamiento regresivo en consensos históricos en materia de género, medio ambiente y defensores de derechos humanos tomado por el Estado argentino en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA)”, al tiempo que condenó las detenciones de 33 personas en las recientes protestas contra la ley Bases y la violencia mediante el uso de redes sociales contra periodistas, sobre todo mujeres.

En un comunicado, la entidad defensora de derechos humanos se refirió a diferentes posturas que la embajadora de la Argentina ante la OEA, Sonia Cavallo, hizo la semana pasada en una reunión ordinaria del Consejo Permanente del organismo, preparatoria de la Asamblea General que deliberará desde este martes y hasta el jueves en Asunción, Paraguay.

En esa oportunidad, la embajadora Cavallo “hizo objeciones a distintos proyectos de resolución próximos a ser adoptados por la Organización vinculadas con: a) la necesidad de fortalecer la democracia, b) proteger a personas defensoras de los derechos humanos (incluyendo quienes defienden el medio ambiente) y c) contar con una perspectiva de género y étnica en los asuntos abordados por la Organización, incluyendo la importancia de reconocer la violencia sexual contra mujeres y niñas”, puntualizó AI.

“Es urgente que Argentina revea esta postura que derriba acuerdos básicos sostenidos durante los últimos años como lo es el rechazo absoluto a la violencia de género”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

“Esta semana hemos asistido a una preocupante marcha atrás en la política exterior nacional, ya que estos antecedentes se suman al anuncio de la Cancillería de suspender la participación en eventos ligados a la Agenda 2030 de la ONU, un consenso para fortalecer la paz y la justicia suscrita por todos sus Estados miembros en 2015”, añadió la dirigente. 

AI envió una carta abierta a la sesión ordinaria del martes pasado para reclamar que la Asamblea General “tome medidas urgentes para asegurar los derechos a la libertad de expresión, a la protesta pacífica y a la participación en los asuntos públicos de todas las personas”.

Añadió que “el hemisferio americano sigue siendo una de las regiones más peligrosas del mundo para las personas defensoras de los derechos humanos”, y que “Estados y actores no estatales utilizan diversas herramientas, tales como el hostigamiento, la estigmatización, la criminalización, la desaparición y el homicidio, para impedir que activistas de derechos humanos lleven a cabo su legítima y necesaria labor en distintos países, incluyendo Argentina”. 

“Del mismo modo, han recrudecido las violencias contra personas defensoras del derecho al aborto, tanto en la región en general como en Argentina, en particular”, puntualizó AI. 

“Amnistía Internacional resalta también que el continente americano es una región del mundo altamente peligrosa para quienes ejercen el periodismo. En países como Argentina, Colombia, Cuba, El Salvador, México, Paraguay, República Dominicana y Venezuela se somete a amenazas, hostigamiento, y en algunos casos incluso el homicidio y la vigilancia ilegítima a profesionales de los medios de comunicación. El uso de la violencia a través de redes digitales, con el objeto de silenciar y acallar a periodistas, en especial mujeres, líderes de la oposición, artistas y medios de comunicación, también se ha verificado en Argentina”.

Agregó que “en diversos países del continente los Estados hacen uso excesivo e innecesario de la fuerza, incluidos medios letales, para reprimir a quienes se manifiestan. En Argentina el denominado ‘protocolo anti-protesta’ identifica a la protesta pacífica como un delito. Además, criminaliza, persigue, estigmatiza a manifestantes, organizaciones y grupos determinados, con especial foco en líderes, referentes sociales y organizaciones políticas, sociales y sindicales, así como defensores de derechos humanos”.

“En lo que va de este año diversas personas, incluyendo periodistas que cubrían las protestas, han resultado lesionadas. Asimismo, el pasado 12 de junio, en el marco de un violento operativo policial, 33 personas fueron detenidas arbitrariamente y acusadas de varios delitos, entre ellos atentado contra el orden constitucional y la vida democrática”, concluyó AI.