La reunión en la Sala de Situación del Centro Cívico fue el último viernes. Los anfitriones: el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López; el secretario Omar Sereno; y los diputados nacionales Ignacio García Aresca y Juan Brügge.

Dirigentes de alrededor de 60 gremios escucharon la introducción de los funcionarios y legisladores. Habían transcurrido menos de 24 horas desde la firma del dictamen de comisión en Diputados, que habilitó el tratamiento en el recinto del proyecto Ley Bases este lunes, que incluye un capítulo laboral, motivo de preocupación y alerta del campo gremial. 

La intención desde el Gobierno provincial fue informar a los sindicatos el derrotero que tuvo el texto finalmente consensuado y que contará con el voto, al menos, de los diputados por Córdoba presentes (de Hacemos Córdoba Federal, integrados al interbloque Hacemos Coalición Federal), más los legisladores que no pudieron asistir al encuentro el viernes, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres. En el caso de Natalia De la Sota, por su rechazo al primer proyecto de ley que naufragó en febrero, se deduce que esta esta vez también podría votar en contra. 

El plenario de las comisiones de Legislación General; Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, sacó el jueves dictamen de mayoría para el proyecto del Ejecutivo de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

Más allá de las modificaciones que sufrió el proyecto original por sugerencia fundamentalmente de los llamados “bloques dialoguistas”, el texto definitivo incluye puntos que generan controversias, empezando por la delegación de funciones al jefe de Estado, aunque en la reunión desarrollada en el Panal el intercambio se ciñó al capítulo laboral. 

Participaron de la convocatoria los secretarios generales de Comercio, Camioneros, Sutep, SEP, Uepc, Aoita, Cispren, Suterhy, Remiseros, Taxis, Centros de Contacto, Ferroviarios, Suvico, La Fraternidad, Smata, Alecyt, Vidrio, Luz y Fuerza, Telefónicos, Viales, Madereros, Plástico, Molineros, Utedyc, Fleteros, Judiciales Nacionales y Upcn, entre otros sindicatos. Además, estuvieron los abogados laboralistas que asesoran a distintos gremios: César Arese, Ignacio Ferrer y Luciano Ciaravino.

En la presentación que la intención del encuentro, el ministro López dijo: “La intención fue fijar la posición del gobierno provincial, con nuestros diputados, para que nos puedan contar cuál ha sido el análisis que hemos tenido a lo largo de estas semanas de trabajo”.

La convocatoria fue celebrada por los gremios presentes, aunque se observó que hubiera sido necesario reuniones de consulta previas, en tanto lo que se transmitió fue un hecho consumado, cual es la firma del dictamen y el anuncio del voto positivo de la Ley Bases en el recinto por parte de los representantes por Córdoba en la Cámara baja. 

“Teníamos enfrente una reforma que generaba incertidumbre” 

El secretario de Trabajo, Omar Sereno, defendió la negociación que llevó a modificar el proyecto original. “Hemos logrado frenar una reforma que amenazaba fuertemente el mundo del trabajo”, dijo, y agregó que (Federico) Sturzenegger, con el DNU 70/23, “echaba por tierra 140 años de historia del Derecho Social”, destacando el rol de los gremios en el desarrollo del Derecho Laboral, “y a la hora de construir las instituciones del trabajo con las organizaciones sindicales, lo que receptó la política para después traducirlo en la sanción de leyes”. 

Sereno recordó el proyecto del diputado radical Rodrigo de Loredo, que “avanzaba sobre las organizaciones sindicales, las contribuciones patronales, los aportes solidarios, o limitaba el derecho de huelga, criminalizando la protesta y que sean imputados penalmente quienes ejercen un derecho constitucional”. 

A su turno, el diputado García Aresca destacó que un punto que estaba en el proyecto, la privatización del Banco Nación, lograron bajarlo. Y agregó que el dictamen se firmó no sin que antes se diera “una nueva adecuación a lo que nosotros creíamos que era el primer paso, tomándose tres puntos, como son la ampliación del periodo de prueba, la indemnización y después las multas a los empleadores”. 

Brügge dijo que cuando vio los proyectos tanto del radicalismo como del oficialismo, “se me vino a la cabeza la película La Patagonia rebelde”, y sostuvo que como demócrata cristiano levanta la bandera del artículo 14 bis en la reforma constitucional del 57, “que defendía el trabajo y las asociaciones gremiales”.

“No queremos reformas contra los trabajadores”

A la hora de manifestarse la dirigencia sindical, por igual coincidió en destacar la instancia de diálogo con las autoridades de la Provincia y los legisladores, aunque objetaron la premura de la convocatoria, planteando que hubiera sido mejor intercambiar puntos de vista previo al inminente tratamiento del proyecto.

“Es muy serio y muy preocupante. Hace tiempo que hemos querido venir conversar con nuestros diputados nacionales y prevenir esto. Desde la CGT Regional no queremos ningún cambio en contra del trabajador. Se entiende que es necesario una reforma, pero de esos 16 puntos creo que todos son a la baja. Tendremos que consensuar y seguir hablando porque que se acepten monotributistas, que las pymes pongan cinco monotributistas, eso va en contra del trabajo formal y convencional”, sostuvo Edgar Luján, titular del Sindicato de Camioneros y cosecretario de la CGT Regional. 

En síntesis, la reforma laboral incluida en el proyecto Ley Bases, tuvo el reparo de los sindicatos, en tanto “no va en beneficio de los trabajadores y las trabajadoras”. 

Todos coincidieron en que, con la ampliación del periodo de prueba, la no penalización a empleadores por tener “trabajadores en negro” o la admisión de monotributistas, se alienta a una mayor flexibilización de la fuerza de trabajo. 

Se objetó que la norma está muy lejos de apuntar a una mayor registración del empleo que importaría una mejora en la recaudación previsional, y sólo “conducirá a una mayor inestabilidad e imprevisibilidad”.

Por otra parte, esa “mayor inestabilidad laboral se expresa en más rotación de la fuerza de trabajo en los puestos, y una menor calificación”, destacándose en particular que, para el empleo público, el proyecto contempla la eventualidad de viabilizar el despido como un eje de la llamada reforma del Estado.

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