En la mañana de este viernes, el secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, presentó junto al abogado Claudio Orosz una denuncia en contra de la sargento 1° de la Policía, Claudia Melián, y el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, por violación a la Ley 25.520, de Inteligencia Nacional, en los artículos 4 Incisos 1, 2 y 3; y 42; y el artículo 37 de la Constitución Nacional, que contempla el "pleno ejercicio de los derechos políticos".

La denuncia fue receptada por la Fiscalía de Distrito 4 Turno 3.

Concretamente, la denuncia manifiesta que el 20 de diciembre pasado, mientras se desarrollaba en las calles de la ciudad una movilización, convocada por organizaciones sociales y sindicales, en la intersección de Avenida Colón y Figueroa Alcorta, la sargento Melián sacó fotos con su celular a los participantes, sin identificarse, y encubierta con un chaleco que decía "prensa".

Nunca se dieron explicaciones sobre cuál era el cometido de la Sargento Primero dentro de una marcha política, ni a qué registros fueron aportadas esas fotografías que tomó, expresa la denuncia; que repasa que la Ley 25.520 expresamente prohíbe "realizar tareas de 'Inteligencia interior' hacia partidos políticos, sociales o sindicales".

Se incluye como agravante que el ministro de Seguridad de la Provincia, en una entrevista con la secretaria General del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (Cispren) y secretaria General de la CTA Autónoma, María Ana Mandakovic, expresó el funcionario que Melián se dedica a “Comunicaciones”  dentro de la fuerza Policial.

Interpreta la presentación de Giuliani y Orosz que esto "no aclara la presencia de la misma, sino que demuestra a todas luces del conocimiento por parte del ministro de las tareas que realizaba la misma en la marcha, y por la función que el mismo detenta, tiene la obligación de saber la flagrante violación  de la Ley 25.520".

Cabe mencionar que en el marco del operativo de seguridad dispuesto en el marco de dicha marcha por la Policía, se detuvo a cinco personas, entre ellas un trabajador de prensa: Rodrigo Savoretti, del medio Enfant Terrible.

Los denunciantes esperan que el juez que tome esta denuncia considere "si las conductas denunciadas encuadran en los arts° 160 (libertad de reunión), 213 (Apología del delito) 213 bis (Atentados contra el orden público), 226 (Delitos contra el Orden constitucional)"; y si "en la comisión de estos delitos han participado, han dado órdenes más integrantes de las fuerzas policiales de la provincia de Córdoba, y quienes se han dedicado a encubrir estos actos".

Asimismo, incorporan expresamente a la denuncia el artículo 4° de la citada Ley, que concretamente hace referencia a que ningún organismo puede "obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción".

Y refuerza lo mencionado, subrayando en relación al hecho denunciado que "si un personal policial femenino, disfrazado con chaleco de 'PRENSA', saca fotografías a ciudadanos cordobeses, por el solo hecho de ejercer su derecho constitucional de expresarse libremente, mediante manifestaciones pacíficas, y SIN ORDEN JUDICIAL, está violando claramente una ley nacional de aplicación en esta Provincia".

Y que si el ministro de Seguridad, autoridad superior de la Policía, "ha dado esa orden y luego la justifica plenamente, obviamente ha sido el instigador de dicha violación a la ley".

Consultado por La Nueva Mañana, Federico Giuliani confirmó la presentación de esta denuncia por las "tareas de espionaje que estuvo realizando la sargento disfrazada y camuflada como periodista independiente en la movilización del 20 de diciembre, donde fotografió y filmó a los dirigentes que encabezábamos la movilización".

Agrega Giuliani: "Luego (Juan Pablo) Quinteros ratifica que la sargento sólo hacía tareas de comunicación, tomándonos el pelo como si no supiésemos que la comunicación en la policía es inteligencia".

Advierte el dirigente sindical que "claramente esta agente no trabajaba aislada, forma parte de una institución y un cuerpo orgánico, que es la Policía de la Provincia, y tiene una jefatura que la debe enviar a realizar estas tareas de espionaje". Además, recuerda que la Policía depende del Ministerio de Seguridad, por lo que la violación de la Ley de Inteligencia Nacional tiene también responsabilidades políticas.

A continuación, Giuliani contextualiza el hecho denunciado en el marco de un "proceso de criminalización de la protesta social, que hay de un tiempo a esta parte".

Recuerda, en ese sentido, que en abril de este año el fiscal De Aragón imputó a dirigentes sociales y gremiales, tras una movilización en el centro de la ciudad. "Nuestra causa fue elevada a juicio de manera exprés por el solo hecho de protestar, que es un derecho constitucional", enfatizó.

Asimismo, señaló que ATE particularmente "viene siendo víctima de un hostigamiento permanente por la policía, que va al sindicato a tocar el timbre y preguntar quién está a cargo, si marchamos, con presencias intimidantes en nuestras asambleas y actividades"; y recordó que la ex jefa de Policía había reconocido en entrevistas periodísticas que se llevaba adelante "inteligencia previa por las redes sociales a los dirigentes que marchan".

Finalmente, manifestó que "hay un combo peligroso en un contexto complejo que vive Argentina, con conflictividad social a partir del ajuste del gobierno nacional, el gobierno provincial y los municipios"; y que "es importante que estos hechos no queden impunes".

"Esperamos que la justicia cordobesa, adicta al poder político, así como fue rápida para enviar mi causa a juicio sólo por movilizar marchar y protestar, sea rápida para imputar y procesar no sólo a la sargento Melián, sino también al ministro Quinteros", concluyó.

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