En la tarde de este jueves, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, brindó una conferencia de prensa en la que informó la puesta en marcha de un protocolo que pretende impedir bloqueos parciales o totales de calles y rutas en manifestaciones sociales y políticas.

A cuatro días de asumir Javier Milei la presidencia y mientras se anuncian medidas económicas de ajuste, que disparan el índice inflacionario, el Gobierno Nacional amenaza con reprimir la protesta social.

"Por instrucción del Presidente de la Nación, el Ministerio de Seguridad resuelve que las cuatro fuerzas federales, junto al Servicio Penitenciario Federal, intervendrán frente a piquetes o bloqueos parciales o totales, de acuerdo a los códigos procesales vigentes", expresó Bullrich.

Indicó Bullrich que el protocolo rige para las zonas federales del país y que en cada una de las provincias, serán las fuerzas provinciales quienes deberán intervenir. Empero, exhortó a los gobernadores a trabajar en común en esta línea.

"No vamos a tomar en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito o la circulación", manifestó la ministra y subrayó: "Si se corta la vía principal, se libera la vía principal". Y adelantó que "se va a actuar hasta dejar liberado el espacio de circulación".

Respecto al modo en que intervendrán las fuerzas de seguridad, agregó: "Se utilizarán las mínimas fuerzas que serán graduadas en proporción a la resistencia".

Acto seguido, subrayó que "serán identificados los autores, cómplices e instigadores" de los bloqueos de calles y rutas y también a conductores y titulares de vehículos que trasladen personas a estas manifestaciones. "Se van a registrar todas las infracciones administrativas o penales y se van a incautar los vehículos que no estén bajo las normas de transito o cuyos conductores no tengan la documentación correspondiente", adelantó.

Y agregó que se interceptará a las personas que en estaciones de tren se encuentren prestos a viajar a las manifestaciones y lleven palos o sus caras tapadas; y que se remitirá a la Inspección General de Justicia la información de personas jurídicas responsables de los bloqueos, como pueden ser sindicatos u organizaciones.

En otro tramo de la conferencia de prensa, subrayó que autoridades competentes serán informadas cuando se encuentre a manifestantes con niños o niñas; que los jueces competentes serán notificados cuando se genere un "daño ambiental" con mecanismos como la quema de cubiertas; y que los costos de los operativos de seguridad serán facturados a las organizaciones o personas responsables de las manifestaciones.

Y que en caso de que se identifique a personas extranjeras con residencias provisorias en estas actividades, se informará a las autoridades de migraciones.

"Se creará un registro de las organizaciones que participan en este tipo de hechos y sistemáticamente son los que hacen de voceros de este tipo de manifestaciones; y se deroga el protocolo garantista de Nilda Garré", concluyó.

Ante una pregunta periodística, Bullrich manifestó que "toda persona que esté en la vereda no va a tener problemas", porque lo que no se quiere son puntualmente los cortes de rutas o calles.

Y advirtió que la puesta en marcha de este protocolo oficia como anuncio de que estas medidas empiezan a regir y que para quien no acate estas disposiciones, "habrá consecuencias".

"La forma de pedir o buscar un beneficio social no es por la vía del corte", concluyó.

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