El BCRA aplica restricciones al pago de deudas en dólares de las provincias
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que el viernes 2 de junio entrará en vigencia una medida a través de la cual "los gobiernos locales deberán afrontar los vencimientos de capital que correspondan a emisiones de títulos de deuda con registro en el exterior, otros endeudamientos financieros con el exterior y emisiones de títulos de deuda con registro público en el país denominados en moneda extranjera".
La norma establece que los gobiernos locales deberán presentar una propuesta al BCRA que contemple una cancelación de hasta el 40% de los vencimientos de capital y que el resto del capital obtenga nuevo financiamiento, como mínimo, con una vida promedio de dos años.
Esta decisión del BCRA busca seguir avanzando en un proceso de desendeudamiento en moneda extranjera a un ritmo que resulte compatible con las necesidades de divisas de la economía y la estabilidad cambiaria, indicaron desde el Central.
Esta medida surge en momentos en los que las reservas llegaron a un nivel crítico, en un contexto político y económico desafiante para el Gobierno.
Por otro lado, según los informes que manejan desde la institución presidida por Miguel Pesce, las provincias tienen en caja más de u$s 1.400 millones de dólares y la exigencia de cancelación de pasivos para el segundo semestre no alcanza los u$s 500 millones.
Las cifras oficiales muestran que, en el primer trimestre del año, las empresas públicas (AySA e YPF) y las provincias (principalmente Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza) le exigieron al BCRA u$s 1.120 millones para la cancelación deudas, cifra equivalente al 37% de las ventas netas de dólares que realizó la autoridad monetaria en ese período.
Aunque la liquidación del agro, a través del "dólar soja 3" le permitió al BCRA recomprar unos u$s 1.400 millones, no logró revertir las reservas negativas netas que tiene desde hace más de dos meses.
El objetivo del BCRA es frenar la sangría de divisas extendiendo a las provincias la misma normativa que, desde hace casi dos años, obliga al sector privado a refinanciar el 60% de sus compromisos en dólares.
Fuente: NA
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