Especial para La Nueva Mañana

Todo el arco político suponía un 2023 cargado de tensión política. El clima pre-electoral y las internas de las alianzas políticas que hegemonizan la discusión a nivel nacional hacían prever jornadas marcadas por las tonalidades altisonantes y el envalentonamiento de la oposición, aprovechando el mal momento que parece no dar tregua en el Frente de Todos. Sin embargo, el que primerió fue el Presidente.

Apenas unas horas habían pasado desde que las agendas 2022 dejaron de tener utilidad cuando Alberto Fernández anunció que convocaría a los gobernadores para impulsar un juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. La resurrección de la iniciativa presidencial rápidamente fue rechazada por la oposición que salió en pleno a rechazar el movimiento. Como era de suponerse, Juntos por el Cambio tomó la iniciativa y acusó al oficialismo de autoritarismo y desapego institucional. El resto de los bloques, entre los que se encuentran las diferentes ramas del libertarismo y el Interbloque Federal que integran el schiarettismo también se negó a sumarse a la iniciativa.

El apoyo a Fernández para iniciar juicio a la Corte, con altas y bajas

Sin embargo, la lectura dentro de la Casa Rosada se vio imposibilitada de ser linealmente positiva. No sólo porque había estado anticipada de los alejamientos que, con diferentes realidades protagonizaron la titular del Inadi, Victoria Donda (dice que renunció pero desde Presidencia advierte que la “echaron”), el de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous (había acordado su alejamiento meses atrás con el propio Fernández) y el de la Casa de la Moneda, Rodolfo Gabrielli (Massa pidió su apartamiento); sino porque a la tradicional estructura de mandatarios provinciales que se suman a las iniciativas presidenciales se le descolgaron un par de soldados y eso no deja de ser una mala noticia. No sólo para el gobierno en sí, sino para el armado que Fernández imagina de cara a un proceso que ya se advierte como el que revalidará, o no, su paso por la Presidencia de la Nación. Con una relación pendular con el palacio presidencial, el santafesino Omar Perotti y el sanjuanino Sergio Uñac no firmaron el acuerdo por el cual Fernández bajó la orden para que los jefes parlamentarios del Frente de Todos impulsen un procedimiento, ya no sólo contra Rosatti, sino contra los cuatro integrantes de la Corte. El presunto mal desempeño en el ejercicio de las funciones también alcanza de esa manera a Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz, y Ricardo Lorenzetti.

El paso siguiente sorprendió a propios y extraños. O, tal vez, no tanto. A pesar de haber participado de la reunión vía zoom, Gustavo Bordet se bajó de la lista de gobernadores que apoyan la iniciativa presidencial. Lo mismo había hecho el puntano Alberto Rodríguez Saá. De esa manera, lo que en el oficialismo se imaginó como una movida que podía generar algún tipo de reordenamiento provincial en contra del fallo de la Corte que beneficia a la Ciudad de Buenos Aires en materia de reparto de fondos coparticipables en detrimento de los intereses del resto de los distritos se quedó con la mitad de los apoyos provinciales. En realidad, menos, sólo once gobernadores firmaron el documento con el que se solicita al Congreso avanzar con el juicio contra los supremos.

Larreta, con poco para celebrar

Si bien el panorama externo podría servirle a Horacio Rodríguez Larreta para dibujar una sonrisa en su cara, la situación interna de su gobierno y la interna de su fuerza política parecen darle poco margen para los festejos. Tras el escándalo por la presencia del Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D´Alessandro, en los chats filtrados en los que también participan jueces federales, ex agentes de inteligencia y directivos de medios de comunicación, el funcionario tuvo que dar un paso al costado a comienzos de esta semana.

“Me voy a tomar una licencia para ocuparme de mi familia. Los responsables de esta confabulación van a tener que dar explicaciones ante la Justicia y ante la sociedad”, escribió D´Alessandro al comunicar su decisión en la que acusó al kirchnerismo de “hackear” su teléfono y “espiar” a su hija. “En 2023 vamos a ponerle punto final a la impunidad”, remato su comunicado.

Así como había logrado que el resto de las partes de Juntos por el Cambio liberaran la zona en su batalla por los fondos de la coparticipación, Rodríguez Larreta no logró que la actitud silenciosa se modificase para defender al integrante de su gabinete caído en desgracia. No sólo que el radicalismo, quizás una de las partes de la coalición opositora  que mayor simpatía por el alcalde porteño había desarrollado en la última parte del 2022, no se pronunció al respecto sino que sus propios socios amarillos prefirieron correrse de la escena. No faltan quienes advierten que, en verdad, fueron las propias tribus del PRO quienes terminaron empujando a D´Alessandro a despejar la escena. Las acusaciones no sólo apuntan a Patricia Bullrich, rival a cielo abierto de Rodríguez Larreta en la carrera presidencial, sino al propio Mauricio Macri con quien el alcalde porteño mantuvo su última reunió política del año 2022.

El punto que el presidenciable considera a su favor advierte que el ministro no renunció sino que tomó licencia. Lo expone a punto tal que decidió no reemplazarlo. Además, habría firmado una especie de tregua con el objetivo principal de evitar un apoyo explícito del macrismo para Bullrich, claramente la preferida de la facción amarilla más intransigente.

El Congreso se vuelve a adelantar

Así las cosas, la lucha de posiciones no sólo tendrá en los desbordantes balnearios nacionales su escenario principal. A excepción de Sergio Massa, enfrascado en el Ministerio de Economía con un único horizonte en controlar las variables para acomodar el cuadro general del bolsillo argentino, los principales protagonistas de la pelea presidencial concentrarán sus actividades en balnearios y festivales y destinos turísticos del país, mientras sus principales espadas políticas debatirán en el Congreso.

Al menos esa es la intención del presidente Alberto Fernández, que buscará activar el Congreso con sesiones extraordinarias que llegarán en la segunda parte de enero. Ahí irá a parar el debate en torno al de antemano gestual pedido de juicio político a los integrantes de la Corte, pero también una serie de herramientas sobre las cuales se abrirá una disputa posicional en la que la mayoría de los parlamentarios pondrá en juego su mirada sobre el país que viene. O mejor dicho, el que imaginan, después del 10 de diciembre de 2023.

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