La Justicia peruana ratificó la prisión de 18 meses para Pedro Castillo
La orden de prisión contra el ex presidente había sido dada el 15 de diciembre, pero su defensa pidió que fuera revocada por considerarla injusta.
Un tribunal peruano ratificó este jueves la prisión preventiva de 18 meses para el destituido presidente Pedro Castillo, recluido en una prisión policial luego de ser destituido el 7 de diciembre, acusado de "rebelión", pese a que juró que "jamás" cometió ese delito cuando intentó cerrar el Congreso y gobernar por decreto.
"La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó la resolución que ordenó 18 meses de prisión preventiva contra expresidente Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente, conspiración para rebelión) en agravio del Estado", indicó el Poder Judicial en Twitter.
La orden de prisión ya había sido dada por un tribunal el 15 de diciembre, pero su defensa pidió que fuera revocada por considerarla injusta.
"Pido cese el odio y solicito mi libertad por ser un justo derecho. Jamás he cometido un delito de rebelión", expuso Castillo ayer durante una audiencia virtual.
"Señor juez, yo no he cometido ningún delito de conspiración, pero quien ha conspirado es el Congreso y otras instituciones con la finalidad de armar un plan sobre la caída de mi gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia y otras artimañas", amplió.
Castillo, un maestro rural y líder sindical izquierdista, dijo estar incomunicado y pidió al juez que se le otorgue acceso a un teléfono para contactar con su esposa y dos hijos, que partieron asilados a México la semana pasada.
Dina Boluarte, quien reemplazó en la presidencia a Castillo. Foto: NA-Reuters
La Defensoría del Pueblo, que lo visitó hace una semana junto a un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó que el expresidente fue destituido constitucionalmente por el Congreso y se encuentra recluido bajo condiciones legales y sin complicaciones físicas.
Castillo, de 53 años, está recluido en el penal Barbadillo, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes) en la capital.
Es investigado por el delito de rebelión y conspiración por anunciar el cierre del Congreso, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto. La maniobra no tuvo respaldo institucional.
Fuente: Télam
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